
La abogada Silvina Martínez presentó una denuncia por presunto mal desempeño contra Daniel Obligado, juez del Tribunal Oral Federal 5, por presuntas irregularidades y favoritismo a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, y sus hijos, Florencia Kirchner y el diputado nacional Máximo Kirchner, en las causas “Hotesur" y “Los Sauces” en las que están acusados de presunto lavado de dinero.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que Martínez presentó la denuncia en el Consejo de la Magistratura de la Nación, el órgano encargado de investigar si los jueces incurren o no en un mal desempeño en sus funciones.
Martínez, quien fue abogada de la ex diputada Margarita Stolbizer, sostuvo en su presentación que “la denuncia abarca dos situaciones de gravedad institucional y que sostienen el pedido de juicio político”. “Por un lado, la utilización de su poder jurisdiccional en las causas ‘Hotesur’ y ‘Los Sauces’ para satisfacer los intereses de una de las partes, el de Cristina Fernández. Y por el otro reiteradas irregularidades en el desempeño de la función, principalmente demoras en la tramitación y falta de impulso de oficio de causas que, de continuar, derivarían en perjuicios para el progreso de las investigaciones y en sobreseimientos por prescripción de la acción penal”, explicó Martínez.
Hotesur y Los Sauces es uno de los cinco juicios orales contra Cristina Kirchner. Se trata de los nombres de empresas en los negocios de la familia. El primero para los hoteles y el segundo para el alquiler de propiedades. Los Sauces fue enviada a juicio oral en octubre de 2018 y Hotesur en febrero de 2019. Ambas están radicadas en el Tribunal Oral Federal 5, donde Obligado es el presidente, y tramitan juntas, por lo que se juzgarán en simultáneo los dos expedientes, pero todavía no tiene fecha de inicio.
La acusación es por presunto lavado de dinero ya que la sospecha es que los fondos que Hotesur y Los Sauces recibían por los alquileres venían de empresarios que recibían obra pública de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner y era la forma de retribuirlos. En las causas también están acusados Florencia y Máximo Kirchner ya que integraban las dos sociedades.

Martínez denuncia que Obligado dictó en las causas “prórrogas exageradas de hasta tres meses a las partes para ofrecer prueba y demoras de varios meses en proveer la prueba. La excusa fue cambiando. En un comienzo se manifestaba que ambos juicios debían quedar en igualdad de condiciones para poder avanzar. Y después de las prórrogas entonces se ordenó una prueba suplementaria en la causa de los hoteles de la familia Kirchner: un peritaje que ya se había realizado en la instrucción”.
La abogada agregó que “las medidas de instrucción suplementaria solicitadas por las defensas de las partes no solo fueron exageradas, sino que no se impulsó su producción, muchas de ellas ni siquiera tenían respuesta o las partes ni siquiera retiraron los oficios para su efectivo diligenciamiento” y que el juez se renunció con Alberto Beraldi, abogado de Cristina Kirchner, “a los fines de acceder a sus planteos”.
Martínez también enumeró como decisiones arbitrarias del juez que la familia Kirchner pueda administrar el hotel Los Sauces, el usufructo de una propiedad a pedido de Máximo Kirchner para que viviera su ex pareja y una decisión para analizar si en plena pandemia por el coronavirus se debían cesar las intervenciones de las empresas.
La denuncia será remitida a la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo que es presidida por la diputada peronista Graciela Camaño. Allí se sorteará el consejero que estará a cargo de la investigación del caso.
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