Alberto Fernández se involucró en silencio para lograr que los desalojos en Guernica y Entre Ríos no gatillen una crisis institucional

Alberto Fernández no confía en Sergio Berni y agotó el chat y el celular de Axel Kicillof para definir la operación de desalojo de las tierras ocupadas en Guernica que terminó sin muertos y un número no determinado de heridos. El Presidente monitoreó todas las negociaciones para lograr que las familias fueran trasladadas a otras intendencias del conurbano y conversó ayer con el gobernador bonaerense para saber -entre otros asuntos- si había posibilidades de una nueva intrusión de esas tierras privadas bajo el liderazgo de facciones de ultraizquierda que aún no vieron la película Good bye, Lenin!

Berni apostó a 1.000 efectivos de la policía de la Provincia de Buenos Aires en las tierras baldías de Guernica y con eso limitó la eventualidad de una nueva toma ejecutada por fanáticos que simulan necesidades habitacionales y económicas. Alberto Fernández no quería muertos en el desalojo y tampoco que la irrupción ilegal se repitiera una y otra vez.

Kicillof cumplió los planes presidenciales y fue misericordioso con su ministro de Seguridad: lo dejó posar con un artilugio que se usa en las guerras secretas de Medio Oriente y a la noche participar de una programa de televisión para alimentar sus propios sueños políticos.

Con la excepción de una militante juvenil con cargo legislativo porteño, el desalojo ordenado por Kicillof no causó ninguna crítica en el Frente de Todos. Al contrario, Cristina Fernández de Kirchner apoyó al gobernador bonaerense y su hijo Máximo alegó su negativa a cerrar el debate del presupuesto 2021 por su intención de conocer qué estaba sucediendo con el operativo que lideraba Berni en Guernica.

A la misma hora que las fuerzas policiales avanzaban sobre las tierras tomadas en Buenos Aires, la justicia de Entre Ríos resolvía que la irrupción de Juan Grabois en los campos de la familia Etchevehere no se ajustaba a derecho. Ergo: correspondía el desalojo inmediato y los militantes del líder social debían abandonar sus plantaciones de perejil que habían sembrado durante la apropiación ilegal en Santa Elena.

Grabois tiene el pase franco en Santa Marta, es militante de Francisco y pese a estar formado como abogado aún no entendió la hermenéutica de las normas constitucionales que establecen los alcances de la denominada propiedad privada. Grabois se alinea con Cristina Fernández de Kirchner y tiene trato respetuoso con Alberto Fernández, que elogia su honestidad ideológica y su predisposición a empujar un cambio de estructuras en el mundo capitalista.

Ese respeto por su transparencia de militante determinó que el Presidente diera una clase de derecho civil a Grabois cuando la justicia de Entre Ríos aún no había decidido el desalojo de los campos de la familia Etchevehere. Sucedió hace menos de diez días y Alberto Fernández explicó al mejor alumno de Francisco que estaba equivocado en su estrategia procesal.

Grabois soslayó el consejo del jefe de Estado y ayer apareció en un vídeo grabado reconociendo su derrota política y legal. Una derrota que no sólo se consumó en Entre Ríos: pese a su acceso al Papa, la Iglesia Católica de Argentina emitió un comunicado cuestionando las tomas ilegales. La Iglesia, como se sabe, sólo escribe lo que se dicta desde el Vaticano.

Y Alberto Fernández, como Grabois, tiene en su celular el teléfono de línea que levanta Francisco cuando debe resolver un tema urgente. El Presidente no quería ruido político con la toma ilegal en Entre Ríos, y tampoco necesitaba que se confundiera la cercanía a Santa Marta con el apoyo irrestricto a los sueños de un líder social con apellido peronista.

A diferencia del desalojo en Guernica, adonde Kicillof no recibió fuego amigo, el Presidente debió soportar la carga de Hebe de Bonafini. La titular de las Madres de Plaza de Mayo cuestionó la posición de Alberto Fernández respecto al desalojo de los campos de Entre Ríos. De Bonafini reconoce el liderazgo político de CFK, y su verbo siempre se alinea con el Instituto Patria.

El jefe de Estado no se cansa de explicar que no avaló la irrupción de Grabois en los campos de la familia Etchevehere y que ese conflicto legal entre hermanos está al margen de su agenda política. Esto no implica que no hizo lo necesario para descomprimir la situación institucional y forzar la retirada de Grabois y sus militantes que ayer creían que bajaban desde Sierra Maestra.

Con los casos Guernica y Etchevehere encaminados, Alberto Fernández concentrará sus esfuerzos en domesticar al dólar y en lograr la sanción del Presupuesto 2021 durante noviembre. Este objetivo político no es azaroso: pretende exhibir cierto orden en las cuentas públicas antes de cerrar un programa económico con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Se trata de un esfuerzo político vano. El FMI considera que los presupuestos de la Argentina tienen la consistencia del papel mojado. Aunque jamás lo haya reconocido en público.

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