Un grupo de intelectuales repudió las usurpaciones de tierras en todo el país y le pidió al Gobierno que “salga de su letargo cómplice”

Un grupo bautizado Profesores Republicanos redactó una proclama en la que manifestó su preocupación por la usurpación de tierras, en diferentes regiones del país, por parte de grupos organizados. “Se vulnera así el Estado de derecho, principio en virtud del cual las personas y las instituciones deben quedar sometidas a la ley”, indicaron. Y concluyeron que “reviste suma urgencia que el Gobierno salga de su letargo cómplice y aplique la ley y ejerza la autoridad, actuando con el uso pleno de la fuerza pública frente a las intromisiones y perturbaciones, al ser quien ostenta el monopolio de la misma en un Estado de derecho”.

“El derecho a la propiedad es un derecho natural e imprescriptible equivalente a los derechos a la libertad, la seguridad y la resistencia a la opresión. La propiedad es la expresión concreta de la libertad; es el pilar esencial para sostener a una sociedad próspera y activa y el incentivo para poner en marcha emprendimientos y mejorar la calidad de vida”, aseguraron en el documento emitido este miércoles.

Entre los firmantes se encuentran Daniel Sabsay, Jorge Salvat, Guillermo Mizraji, Miguel Wiñazki, Beltrán Gambier, Antonio María Hernández, Norma Nudelman Sbartati, Alicia Vicente, Santiago Kovaldloff, Ernesto Bullorsky, Marta Nercellas, Roberto Malkassian, Alfredo Vitolo, Ernesto Barugel, Juan Martín Odriozola, Graciela Róvere, Emilio Perina, David Halperin, Liuba Lencova, Ada Moldavsky y Oscar Funes Garzón, entre otros.

“Vemos con sorpresa que, frente a las usurpaciones y expoliaciones que se están dando, el Estado se muestra ausente", indicaron los profesores en el comunicado, al tiempo que resaltaron que “existen claras discordancias entre fuerzas federales y provinciales que agravan la situación y dejan el “camino” liberado para el obrar de grupos organizados, de actuar violento y que efectúan negocios espurios de reventa de tierras federales y particulares”.

Según el documento, “la mirada complaciente de intendentes y gobernadores clientelistas facilitan así las ocupaciones con claros fines políticos”. Y marcaron también que “la propiedad, en el sentido más amplio, comprende todos los intereses apreciables que un hombre puede poseer fuera de sí mismo, aparte de su vida y de su libertad”.

“Es un derecho reconocido por nuestra Constitución Nacional en diversos artículos (arts. 14, 17, 20, 75 inc. 18 y art. 125), y es inviolable. Más perjudicial aún es la reiterada indiferencia demostrada por el Poder Ejecutivo respecto de la violación a preceptos constitucionales y declaraciones, tratados y pactos internacionales a los que la Argentina ha adherido en materia de defensa del derecho a la propiedad”, afirmaron.

En ese sentido, indicaron: “Este estado de cosas profundizará el conflicto social y la actividad de aprovechadores de los legítimos reclamos de quienes aspiran a una vivienda digna o al reconocimiento de un territorio (art. 14 bis C.N.; art. 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948). Se agrega así un elemento más al estado de incertidumbre general en perjuicio de la recuperación del Estado de derecho”.

Finalmente, en la proclama resaltaron el repudio “a las usurpaciones y expoliaciones de tierras del propio Estado –nacional, provincial o municipal– y de los particulares, ya que se tipifica, en estas conductas, el delito previsto por el art. 181 del Código Penal, que corresponde aplicar sin más trámite”. Y aseguraron que es una tarea “indelegable del Estado custodiar y preservar los bienes públicos, el derecho a la propiedad privada y el derecho a la seguridad”.

“Tenemos la convicción de que la crisis habitacional argentina obedece a políticas errantes y decisiones populistas y demagógicas que nunca tuvieron como objetivo brindar viviendas dignas, seguras y adecuadas a la familia argentina”, explicaron.

Por eso consideraron que “reviste suma urgencia que el Gobierno salga de su letargo cómplice y aplique la ley y ejerza la autoridad, actuando con el uso pleno de la fuerza pública frente a las intromisiones y perturbaciones, al ser quien ostenta el monopolio de la misma en un Estado de derecho”. Así, entienden, “se evitará así volver a una sociedad de naturaleza preestatal en la que la fuerza pretenda imponerse sobre los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Nacional para hacer libres a los hombres”.

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