El Senado avanzará con la quita de la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires y Juntos por el Cambio insistirá con la ilegalidad del modo de sesionar

El interbloque de Juntos por el Cambio decidió no dar acuerdo al nuevo protocolo de funcionamiento remoto en el Senado por lo que en la sesión convocada para hoy votará en contra y mantendrá su cuestionamiento a la legalidad de las votaciones. En ese marco los senadores de la principal oposición buscarán invalidar el debate y la votación del proyecto de ley que reduce los recursos que Nación transfiere a la Ciudad por el traspaso de competencias de la Policía Federal. Con el mismo criterio cuestionarán la votación del nuevo Régimen de la Economía del Conocimiento. Lo que también decidieron es que participarán de toda la sesión, usarán todo el tiempo disponible para expresarse y recién se desconectarán cuando se sometan a votación las iniciativas.

Anoche, a última hora, la Vicepresidenta difundió un decreto de ampliación del orden del día para dar ingreso al Senado a un listado de jueces propuestos por el Poder Ejecutivo.

Radicales y macristas mantuvieron intensos debates durante los últimos días respecto a si debían asistir o no a la sesión. La tensión se profundizó luego de que Cristina Kirchner impulsara la renovación del protocolo de funcionamiento remoto sin incluir pedidos de la oposición como la realización de reuniones de Labor Parlamentaria y que se permita mayor presencialidad en el recinto. El kirchnerismo impuso la modalidad por teleconferencia por otros 60 días y con el voto de la mayoría de los presentes. La oposición considera que son necesarios dos tercios de los votos por lo que se presentó un amparo judicial.

Esta semana y para buscar un punto de acuerdo hubo varias charlas entre el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, y José Mayans del Frente de Todos. También hubo intercambios entre los mendocinos Julio Cobos (UCR) y Anabel Fernández Sagasti, vice del bloque oficialista y muy escuchada por Cristina Kirchner. Naidenoff reiteró las condiciones del interbloque que preside, una de ellas la posibilidad de que haya senadores presentes que se roten en una misma sesión (por ejemplo que sigan el debate desde sus despachos y se sienten en una banca sólo para el momento de su discurso). La Vicepresidenta accedió a una parte, que no alcanzó a satisfacer a los opositores: sólo dos senadores extra por cada uno de los bloques mayoritarios podrán estar en el recinto, escribió en un nuevo decreto Cristina Kirchner.

Tras un largo zoom que tuvo lugar ayer desde el mediodía, los senadores coincidieron en que era mucho menos de lo solicitado y que el nuevo decreto cita justamente al protocolo que se votó con mayoría y no dos tercios de los votos. Votar a favor de la enmienda sería una marcha atrás en el amparo judicial que algunos senadores no están dispuestos a dar. Fue la posición que primó en el interbloque donde además no están de acuerdo con la agenda de temas que propone el oficialismo.

A pesar del insistente reclamo por el reglamento, la pelea mayor será por los otros dos temas del orden del día. Uno es el Régimen de la Economía del Conocimiento, que otorga beneficios impositivos al sector. La media sanción fue modificada en el Senado por lo que se volverá a girar a la cámara de origen, es decir la de Diputados.

El otro tema que enfrentará muy fuerte a unos y otros será el Convenio de Transferencia Progresiva de Facultades y Funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas en la ciudad Autónoma de Buenos Aires. A pedido del Poder Ejecutivo se fijarán, a partir de la sanción de la ley, las partidas presupuestarias. En los hechos implicará una nueva quita para la Ciudad que se suma al decreto presidencial que reduco en un punto las partidas asignadas por Mauricio Macri, también por la vía de un decreto.

El texto establece en $24.500 millones anuales las transferencias que se actualizarán cada tres meses. La actualización se hará a partir de un índice compuesto en un 80% por el índice nominal del salario promedio de la Policía Federal y un 20% por el índice de precios al consumidor (IPC) elaborado por la Dirección General de Estadística y Censos de la ciudad de Buenos Aires.

Varios senadores querían dar el debate, como lo hicieron en la comisión de Asuntos Constitucionales. Son los que asumieron la voz de la defensa de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta: Martín Lousteau y Guadalupe Tagliaferri, senadores por la Capital, y Esteban Bullrich y Gladys González que a pesar de representar a Buenos Aires, provincia que recibirá lo que se le quite a la Ciudad, consideran inconstitucional el convenio.

El Frente de Todos, con holgada mayoría, no tendrá problemas en avanzar y darle media sanción. Por eso cobra más valor para Rodríguez Larreta la estrategia de los senadores de invalidar una votación que perderían.

La semana pasada el proyecto pasó por comisión y obtuvo dictamen sólo con votos del Frente de Todos, luego de la exposición de varios juristas, constitucionalistas, funcionarios del ministerio del Interior y de Seguridad y el ministro de Hacienda porteño. Los expositores que defendieron a la gestión de Rodríguez Larreta consideraron inconstitucional una decisión que tomó el Ejecutivo sin acordar con la Ciudad. Del otro lado remarcaron que hubo charlas durante varios meses y que la gestión porteña no quiso ceder “un privilegio”.

La senadora Tagliaferri alertó que "no estamos castigando a un jefe de gobierno opositor, estamos castigando a seis millones de argentinos y estamos castigando la Constitución” mientras que el cordobés Carlos Caserio (Frente de Todos, como presidente de la comisión de Presupuesto, consideró un acto de “justicia” el convenio. El ex gobernador de San Luis Adolfo Rodríguez Saá consideró que “a los victimarios los quieren convertir en víctimas” porque “no estamos tratando la Coparticipación Federal” y Bullrich volvió a considerar la iniciativa como “un atropello” hacia uno de los máximos referentes de la oposición.