Cristina Kirchner convocó a una sesión en el Senado para debatir la quita de la coparticipación a CABA y la ley de Economía del Conocimiento

Cristina Kirchner convocó a dos sesiones en el Senado: la primera para el viernes a las 14 y la segunda para el miércoles 7. Pero antes firmó el decreto parlamentario número 16 para descomprimir la tensión con Juntos por el Cambio que presentó un amparo a la Justicia por la falta de consenso en la renovación del protocolo de funcionamiento remoto. La Vicepresidenta accedió a un pedido de mayor presencialidad aunque la acotó a dos senadores más en representación del bloque mayoritario y otros dos en representación de la primera minoría. En principio no termina de conformar a Juntos por el Cambio que había pedido dos senadores en el recinto pero rotativos en la sesión con otros que esperarían el turno como oradores en sus despachos.

La semana pasada, Luis Naidenoff, presidente del interbloque de Juntos por el Cambio, viajó desde Formosa y se instaló en la ciudad de Buenos Aires para buscar una salida política. Actuó como mediador entre los senadores más duros de su bloque y José Mayans, su interlocutor como jefe del bloque del Frente de Todos. En la lista de pedidos, tras una semana con diálogo cortado y varias semanas con rispideces profundizadas por la Reforma Judicial, entre otras iniciativas, los opositores reclamaban reuniones de Labor Parlamentaria para acordar agenda, más tiempo para las exposiciones y mayor presencialidad. El decreto de la Vicepresidenta les dejó gusto a poco por lo que discutirán qué actitud tomar en una reunión por zoom este jueves al mediodía.

Según relatan fuentes del Senado, “las palomas de ambos nidos trabajaron mucho en estos días para llegar a un punto medio”. Entre esas “palomas” cuentan a varios senadores como los mendocinos Julio Cobos (UCR) y Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos). Aunque hay desconfianza de un lado y molestia en el oficialismo, no son pocos los que consideran que el contexto exige evitar más tensiones y avanzar con algunas leyes. Del otro lado del Palacio lo entendieron a mediados de mes y un acuerdo político amplio descomprimió la relación y permitió el avance del trabajo en comisiones y consenso para los proyectos que se llevan al recinto. La semana próxima por ejemplo se votarían leyes clave como el Convenio 190 de la OIT y la Ley de Cítricos entre otros.

Desde hacía varias semanas la principal oposición exigía mayor diálogo en la Cámara alta y reprochaba que no hubiera reuniones de labor parlamentaria para acordar temas. Varios, Naidenoff, Martín Lousteau y Esteban Bullrich por ejemplo, insistían en cada sesión y en cada comisión con cuestionar la agenda de temas que llegan al recinto: “Sólo se tratan temas de Oscar Parrilli”, dijo en una sesión Bullrich mientras que al tratarse el desplazamiento de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli apuntaron a “la venganza” del kirchnerismo con quienes investigan a la Vicepresidenta. El martes se sintieron reivindicados por la Corte que aceptó tratar el per saltum rápidamente.

Esta tarde, tal como anticipó Infobae, salieron tres mensajes con la firma de Cristina Kirchner. Sólo uno puede abrir un camino de distención: el decreto número 16 amplía el votado en el recinto que tuvo el número 14. Establece que el bloque que conforma la mayoría y el que conforma la primera minoría “quedan facultados para sumar dos de sus miembros a las sesiones en modo virtual o remoto”.

También firmó las convocatorias para la sesión del viernes 2 a las 14. El primer tema del orden del día es la votación de esta nueva condición agregada al reglamento de sesiones remotas. Mañana Juntos por el Cambio, en reunión de interbloque, analizará si lo acepta y si, en tal caso, lo vota a favor en el inicio del debate. Para la principal oposición el protocolo sólo puede ser aprobado con los dos tercios de los votos mientras que el Frente de Todos insiste en que en la última sesión se lo habilitó, legítimamente, con la mayoría de votos.

Los temas que se someterán a debate y votación no estarán privados de polémica. El primero y que pasó en sólo una semana, aunque con tres reuniones por las que desfilaron más de una docena de expositores, es el Convenio de Transferencia Progresiva de Facultades y Funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas en la ciudad Autónoma de Buenos Aires que fijará las partidas presupuestarias e implicará una nueva quita para la Ciudad que se suma al decreto presidencial que bajó en un punto las partidas asignadas por Mauricio Macri, también por la misma vía.

El otro tema es el nuevo Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento, una ley que incluye una larga lista de beneficios para el sector y que estaba ‘congelada’ desde junio, tras su paso y consenso por la cámara de Diputados. Juntos por el Cambio venía reclamando su tratamiento desde hace un par de meses y varios de sus senadores se manifestaban en privado incómodos por no poder votar la ley mientras cuestionaran el protocolo remoto. El amparo que presentó esa fuerza política avanza en la Justicia: esta semana el juez le dio vista al fiscal, en paralelo al freno de la Corte al desplazamiento de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli. Aunque los supremos no fallaron sobre la cuestión de fondo, no fue una buena señal para el oficialismo.

Economía del Conocimiento no se convertirá en ley esta semana. Hubo modificaciones a la media sanción por lo que deberá ser girada nuevamente a Diputados, cámara de origen, que deberá ratificar o rectificar los cambios introducidos por los senadores fundamentalmente el agregado de los servicios de exportación y los beneficios graduales según el tamaño de cada empresa.

Respecto al convenio entre Ciudad y el gobierno nacional por el traspaso de la policía, el oficialismo tiene garantizado el número de votos, como es habitual en el Senado, máxime cuando los gobernadores peronistas y de fuerzas aliadas se expresaron a favor. El texto fija en $ 24.500 millones anuales las transferencias que se actualizarán cada tres meses.

Esa actualización se hará, marca la ley en debate, a partir de un índice compuesto en un 80% por el índice nominal del salario promedio de la Policía Federal y un 20% por el índice de precios al consumidor (IPC) elaborado por la Dirección General de Estadística y Censos de la ciudad de Buenos Aires.

El nuevo protocolo, aunque no le dará votos a Cristina, si es aceptado, aleja el fantasma de una nueva judicialización y la posibilidad de que las leyes aprobadas sean cuestionadas a futuro.

El otro decreto firmado por Cristina Kirchner, convoca a sesión informativa para la presentación de un nuevo informe del jefe de gabinete, Santiago Cafiero. Será el miércoles 7 a las dos de la tarde.