“Esta tragedia se podría haber evitado con una pistola Taser”, aseguró uno de los responsables de la seguridad de la Ciudad

Juan Pablo Roldán tenía 33 años y era padre de una nena de 4. Era policía. Tenía una vida por delante que ayer fue apagada abruptamente por Rodrigo Roza, un hombre que sacó una cuchilla en plena Avenida Figueroa Alcorta y lo apuñaló. Las imágenes son dramáticas y recorrieron todo el país. Pero también abrieron un interrogante al que los especialistas le encontraron una respuesta que no surge de los manuales de instrucción de las distintas fuerzas del país, sino de la experiencia vivida recientemente por otros efectivos que estuvieron en situaciones similares a la de Roldán.

“Si Roldán se hubiera defendido, hoy estaría preso; no tengan dudas, no hay que ser hipócrita en esto", aseguró sin titubear el secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro.

El funcionario recordó algunos hechos recientes que fundamentan sus presunciones. La semana pasada hubo un tiroteo en Chacarita. Efectivos de la Ciudad detuvieron a cuatro personas que habían partido en un movimiento sospechoso del barrio Fraga. Control de rutina. Querían saber qué estaban haciendo, a dónde iban, pedirles papeles... No hubo tiempo para el diálogo: los ocupantes del vehículo escaparon y cuando se vieron rodeados por la Policía iniciaron una lluvia de balas. En el intercambio de disparos, murió uno de los delincuentes. El oficial de cuya arma partió el proyectil mortal estuvo 48 detenido simplemente por haber hecho su trabajo.

Hubo otro caso con características similares al sucedido ayer en Figueroa Alcorta que fue público. Sucedió el año pasado. Un hombre se paró frente a un colectivo con un chuchillo y amenazó a sus ocupantes. Un policía de la Ciudad actuó rápido y le aplicó una patada. La caída y el golpe de la cabeza contra el suelo provocó la muerte del atacante. El efectivo, que ni siquiera sacó su arma reglamentaria, terminó detenido y procesado por homicidio. Todavía debe transitar tribunales para probar que simplemente estaba cumpliendo con su deber y tratando de evitar un desenlace más gravoso, quizás fatal como el de ayer en Palermo.

En diálogo con Luis Novaresio en radio La Red, D’Alessandro destacó otro elemento que podría haber evitado el desenlace fatal de Roldán: la utilización de una pistola Taser, prohibidas en la Argentina por fallos judiciales y por una decisión política y supuestamente ideológica del kirchnerismo. Uno de los máximos responsables de la seguridad porteña lo explica así: “Esta es una tragedia que podría haber sido evitada, pero no puede ser que en el Siglo XXI sigamos discutiendo si la Taser es un elemento de tortura y volvemos a la época más oscura de la dictadora o si es una herramienta para terminar con una situación como esta”.

La polémica en torno a este tipo de armas nació cuando Macri era jefe de Gobierno y quería comprarlas para utilizarlas en la Capital Federal. De aquel entonces pasó más de una década. Fallos judiciales y decisiones políticas terminaron impidiendo su utilización.

En diciembre de 2019, la ministra de Seguridad Sabina Frederic aseguró que las pistolas Taser pueden ser utilizadas solamente por cuerpos especiales de las fuerzas federales en caso de extrema gravedad como secuestro y toma de rehenes. En aquel entones esperaba el arribo de 100 armas electrónicas no letales que se compraron durante el gobierno de Cambiemos, pero nunca llegaron al país. Hay sólo dos que están bajo la órbita de la Policía Federal, pero nunca nadie las usó.

Luego de más de 10 años de discusión en la Argentina y pese a experiencias de varios países del mundo cuyas policías las utilizan, al ser consultado sobre el tema el jefe de la Policía, Juan Carlos Hernández, dijo que hace falta “estudiar el tema”. Además, aseguró que no hay antecedentes de ataques con armas blancas como el producido ayer.

Por su cargo y por la responsabilidad directa que tenía sobre Roldán, Hernández, fue mucho más cauto en sus declaraciones. También en diálogo con Novaresio reconoció que puede ser que en algunos efectivos juegue en su cabeza la posibilidad de una sanción administrativa o de una imputación judicial antes de sacar su arma para repeler una agresión, pero que la salida a ese debate debe darse por vía de la profesionalización de la fuerza.

“Si una persona está capacitada, no tiene que tener temor. Estas cuestiones las discutimos en jornadas de capacitación en las que no solo hablamos de cuidar la vida de los ciudadanos, sino también la propia”, explicó Hernández.

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