El kirchnerismo apura el debate por el recorte de fondos a la Ciudad mientras Juntos por el Cambio impugna las sesiones remotas en el Senado

En una larga reunión los senadores que integran el interbloque de Juntos por el Cambio decidieron presentar ante la Justicia un pedido de impugnación al protocolo de funcionamiento remoto votado en la sesión del último miércoles por considerar que se requerían los dos tercios de los presentes y no simple mayoría como ocurrió. Intentarán hacerlo antes de que arranque el tratamiento del proyecto de ley que recorta partidas presupuestarias a la Ciudad.

“Tenga un gesto presidenta, convoque a la oposición y construyamos un protocolo d común acuerdo que sirva para darle tratamiento a temas importantes para mucha gente que está desesperada, sin poder entrar a sus provincias, sin trabajo o que necesitan la modificación de la ley de quiebras” pidió como jefe de la bancada Luis Naidenoff.

Cristina Fernández de Kirchner, que se quedó desde el inicio de la sesión hasta la votación del protocolo, lo escuchó con atención. Sin embargo José Mayans, en nombre del Frente de Todos, insistió en que la votación sólo requería de mayoría simple (la mitad más uno) por no se “una modificación del reglamento”.

Fue una discusión técnica en la que nadie cambió de posición. De hecho después de que los senadores de la principal bancada opositora se desconectaran, tras perder por 28 a 41, el kirchnerismo indicó que el funcionamiento remoto seguirá tal como en los últimos 60 días, por otros dos meses más. Es decir: comisiones y sesiones serán remotas, en el recinto sólo podrán estar la presidenta del cuerpo; la presidenta provisional, Claudia Ledesma Abdala; y los vicepresidentes Martín Lousteau (Evolución-UCR); Laura Rodríguez Machado (PRO); Maurice Closs (Frente de la Concordia Misionero); la secretaria administrativa, María Luz Alonso, y Marcelo Fuentes, el secretario parlamentario.

Para Juntos por el Cambio el protocolo modifica el reglamento de la Cámara y por lo tanto cualquier modificación requiere dos terceras partes de los votos para ser legal. Por ejemplo se modifica el tiempo de los discursos, entre otras condiciones, alegan, además de que cuestionan que a diferencia de las sesiones presenciales la realización de debates a través de teleconferencia da más poder a la administración del cuerpo.

Según dijeron voceros del interbloque opositor, la presentación se realizará la próxima semana. El eje central será la “gravedad institucional” que significa, sostienen “la violación del reglamento del Senado que tiene rango constitucional”. Citan el artículo 66 de la Constitución Nacional que establece que cada cámara dictará su reglamento y el artículo 227 del reglamento del Senado de la Nación que indica: “Ninguna disposición de este reglamento puede ser alterada ni derogada por resolución sobre tablas, sino únicamente por medio de un proyecto en forma, que seguirá la misma tramitación que cualquier otro y requerirá para su aprobación mayoría de dos tercios de los miembros de la Cámara”.

Citando el mismo artículo 227, Mayans hizo corresponsables de cualquier “violación” a todos los bloques. “Entonces, si el protocolo nunca pasó por comisión ya violamos tres veces el reglamento y lo estaríamos violando por cuarta vez”, manifestó ofuscado en el recinto ya que en las ocasiones anteriores se votó por unanimidad pero sin ser tratado en comisión y por lo tanto sin dictamen.

Desde Juntos por el Cambio consideran falaz el argumento porque, alegan, se acordó en Labor Parlamentaria, comisión en la que participan todos los jefes de los bloques. En lo formal podría ser parte de la discusión. La propia Rodríguez Machado acusó en la sesión del miércoles a Cristina Fernández de no haber convocado más que una vez a Labor Parlamentaria. En los hechos hubo charlas telefónicas y virtuales. Pero en todas las ocasiones anteriores hubo acuerdo y consenso político que determinó la unanimidad de la aprobación del protocolo.

Hasta ayer la oposición esperaba habilitar una vía de diálogo con el Frente de Todos. Apuró la decisión el envío de un proyecto del Poder Ejecutivo para establecer por ley las partidas presupuestarias de la Nación a la Ciudad de Buenos Aires tras el traspaso policial. En los hechos será un recorte más a la administración de Horacio Rodríguez Larreta. El allanamiento policial a la quinta Los Abrojos de Mauricio Macri que Juntos por el Cambio atribuye a una presión política y judicial fue la gota que colmó la paciencia opositora.

De esta manera la oposición busca “observar” las próximas reuniones de comisión y las próximas sesiones y las respectivas votaciones, hasta que haya una resolución judicial.

Para el próximo lunes a las 17 el oficialismo convocó a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda para tratar el Convenio de Transferencia Progresiva a la CABA de facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas en la ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En la carta enviada por María de los Angeles Sacnun y Carlos Caserio, presidentes de ambas comisiones, a los jefes de los distintos bloques se les solicitó la confección de una lista de oradores y especialistas. En el primer encuentro estarán los funcionarios del Ministerio del Interior que elaboraron informes sobre las partidas presupuestarias enviadas y las que consideran corresponder a futuro.

Para Juntos por el Cambio, cualquier votación o dictamen será ilegítimo hasta que el protocolo no esté consensuado y votado.

Esta semana, aseguran los opositores, los sorprendió que Cristina Kirchner incluyera en el orden del día la aprobación del decreto 14/20 para la prórroga del protocolo. El anterior, el 12/20, tiene vigencia hasta el próximo lunes 21, por lo que aún no era necesario votar. De todos modos la sesión del miércoles no se puede invalidar por estar bajo la legalidad del 12/20 que fue votado por unanimidad dos meses atrás.

El reglamento remoto que impulsó esta vez Cristina Kirchner es idéntico al anterior, es decir, al que aún tiene validez. La objeción es que los senadores de la oposición pretendían acordar una mayor presencia en el recinto. La propuesta era que pudieran participar autoridades de la cámara, jefes de bloques y eventualmente uno o dos senadores más y establecer un sistema de rotación, sesión a sesión, para “garantizar el federalismo”. A diferencia de la exigencia de sus colegas diputados nacionales ya se resignaron a no acotar temas (saben que no pueden hacerlo porque son minoría) y no planeaban pedir presencialidad para todos los senadores sino solo para unos 15 de los 72 que componen el cuerpo. Tampoco solicitarían obligatoriedad, dijeron a este medio, con lo cual sólo participarían aquellos que quisieran sumarse al sistema de rotación.