El representante de los jueces nacionales le pidió a la comisión Beraldi que no se amplíe la Corte Suprema

Lo dijo el presidente de la Asociación de Magistrados Gallo Tagle. También estuvieron en la comisión Estela Carlotto y Taty Almeyda y reclamaron rapidez en las causas de lesa humanidad

Crédito - Presidencia de la Nación
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Los integrantes de la comisión de juristas que convocó Alberto Fernández escucharon este martes la última ronda de expositores sobre los cinco puntos que están bajo análisis del comité: la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público, el juicio por jurados y la transferencia de la justicia penal ordinaria a la órbita de la Capital Federal.

Tal como había adelantado Infobae, Estela Carlotto, de las Abuelas de Plaza de Mayo; y Taty Almeyda, de Madres-Liga Fundadora, desfilaron ante la comisión para protestar por las demoras en las causas de lesa humanidad. Pidieron fijar plazos para estos expedientes en el máximo tribunal y cubrir los cargos vacantes de jueces y fiscales.

No hubo críticas directas a ninguno de los ministros del máximo tribunal, más allá de las declaraciones a la prensa de Estela Carlotto advirtiendo que esta Corte ya no era confiable y había que reformarla.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), Marcelo Gallo Tagle, le reclamó a la comisión que no amplíen el número de miembros de la Corte Suprema. Tanto los miembros del consejo como los funcionarios del Gobierno insisten en que eso no está dentro de los puntos de debate, pero como lo que resuelva la comisión quedará a criterio del propio Alberto Fernández la jugada de un aumento de jueces en el máximo tribunal se instaló como certeza en la oposición y provocó malestar en el máximo tribunal.

“La Corte Suprema de Justicia de la Nación no requiere una ampliación de miembros, ni puede dividirse en salas; sólo necesita atender una cantidad sensiblemente inferior de casos, y para ello deben agilizarse las instancias anteriores con buenas leyes y darse en paralelo un debate legislativo sincero en punto a qué tipo de casos de la materia federal y en qué tiempos deberán ser atendidos por el Alto Tribunal para con ello garantizar una correcta interpretación y aplicación de las cláusulas constitucionales”, sostuvo Gallo Tagle.

Marcelo Gallo Tagle, de la Asociación de Magistrados
Marcelo Gallo Tagle, de la Asociación de Magistrados

En lo que sí se pronunció a favor fue en poner un plazo a la duración del mandato del Procurador General de la Nación. “Si bien existen diferencias de opiniones, entendemos que es adecuado que la designación sea temporal, cada 5 o 7 años, evitando que coincida con el recambio del Poder Ejecutivo. Ello resulta razonable, porque deben fijar los criterios de la política criminal, que se van modificando con el paso del tiempo. Pero de ninguna manera parece razonable modificar las mayorías para la selección del Procurador o del Defensor General, como así tampoco para su remoción, desde que debilitaría sustancialmente su investidura”, sostuvo.

Por la comisión también hablaron el presidente del Consejo de la Magistratura Alberto Lugones, quien disertó sobre los avances en la selección de aspirantes en su gestión, modificaciones en el jurado de selección y el número de integrantes del organismo; y la presidente de la Cámara Federal de Casación Penal Ángela Ledesma y su par en el tribunal de Casación Nacional Daniel Morín. Su participación estuvo enfocada en el análisis sobre cómo debería llevarse adelante el traspaso del fueron a la órbita porteña y si eso implicaría. También estuvieron Ariel Coll, por la Junta Federal de Cortes; y Vanesa Siley, del Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJU), la rama sindical filokircherista de los empleados.

El que no asistió al zoom, tal como lo había adelantado Infobae, fue Jorge Rizzo, del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Estuvo, sin embargo, el asesor de legales Juan Pablo Echeverría, quien entregó un escrito de ocho páginas en donde se insistió: “Nuestra Institución cree que una reforma del poder judicial es un tema lo suficientemente importante para ser considerado una Razón de Estado. Por tal motivo, queremos dejar expresa constancia de que consideramos que 10 minutos no son solo insuficientes para abordar el tema, sino casi una mera formalidad para decir luego que estuvimos presentes”. Obviamente, la postura no cayó bien a varios integrantes del consejo, señalaron las fuentes consultadas por este medio.

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