Ley de víctimas: superado el intento de alterar su espíritu, el Senado bonaerense emitió un dictamen de consenso

La Comisión de Legislación General del Senado de la provincia de Buenos Aires aprobó este viernes por unanimidad un dictamen de consenso sobre el proyecto de Ley de Víctimas que se debatirá el próximo 10 de septiembre.

“El proyecto otorga mayor participación a las víctimas del delito en todo el proceso judicial y crea la figura del Abogado de la Víctima que la acompañará sin costos adicionales”, dice el comunicado de la bancada de Juntos por el Cambio que, vale recordar, tiene mayoría en el Senado provincial.

Desde el kirchnerismo, también se comunicó la noticia. El senador Francisco Durañona, del Frente de Todos, y presidente de la mencionada Comisión, destacó en redes que, “después de escuchar a más de 30 agrupaciones de víctimas y sus familiares, especialistas, jueces y académicos, logramos consenso y grandes avances en el proyecto de Ley de Víctimas para nuestra Provincia de Buenos Aires”. “Buscamos garantizar más y mejor justicia y estar siempre cerca de las víctimas, respetando y ampliando sus derechos”, agregó.

El senador Leandro Blanco, de Juntos por el Cambio, vicepresidente de la Comisión, dijo por su parte: “Trabajamos arduamente e hicimos todos los esfuerzos necesarios para aprobar el mejor dictamen teniendo en cuenta las diferentes posturas y escuchando a las víctimas”.

Este consenso alcanzado deja atrás un bochorno: el que tuvo por escenario el plenario de las Comisiones de Seguridad y Derechos Humanos cuando los senadores del kirchnerista Frente de Todos emitieron un despacho de minoría que, bajo el título de Ley de Víctimas, introducía escandalosos beneficios para los presos con la finalidad de lograr las excarcelaciones masivas ya intentadas en otras oportunidades con diferentes argumentos: hacinamiento, covid-19… etcétera.

Cuando el dictamen -de minoría, ya que en el plenario Juntos por el Cambio tenía la mayoría y emitió otro despacho- pasó a la Comisión de Legislación General, la asociación civil Usina de Justicia denunció el texto a través de su vocero en la sesión, el abogado César Mayer, tal como lo informó Infobae la semana pasada.

Desatado el escándalo, el Frente de Todos reconsideró su posición y Francisco Durañona, en su calidad de presidente de la Comisión de Legislación General, desconoció ese dictamen de su bancada y aseguró a Infobae que de ninguna manera se incluirían en el proyecto de Ley de Víctimas normas en beneficio de los imputados y procesados.

De este modo se alcanzó el dictamen actual.

Por eso el senador Leandro Blanco subrayó que “fue muy importante lograr el consenso ya que el objetivo principal es que podamos tener una ley porque las víctimas la necesitan y no pueden seguir esperando”.

El proyecto consensuado será debatido en el Senado bonaerense el próximo 10 de septiembre. Falta ver si el nuevo consenso alcanzado en torno a la necesidad de “escuchar a las víctimas” permite su media sanción en la cámara alta y luego su aprobación en Diputados, dejando definitivamente atrás la tendencia ideológica de ciertos sectores a reservar su compasión para los delincuentes ignorando el sufrimiento de sus víctimas.

El texto señala que la ley proyectada “garantizará y asegurará a las personas humanas y/o jurídicas que individual o colectivamente fueran víctimas de presuntos hechos ilícitos que originen un proceso penal, el asesoramiento, asistencia jurídica, representación en el proceso y protección personal en todas las etapas procesales del mismo”.

Entre sus objetivos está el de “reconocer y garantizar los derechos de las víctimas de delitos, en especial, el derecho al asesoramiento, asistencia, representación, protección, verdad, acceso a la justicia, tratamiento justo, reparación por los ofensores, celeridad...”

También el de “establecer y promover políticas públicas tendientes a garantizar a las víctimas en el ejercicio efectivo de sus derechos, evitando la revictimización y asegurando un acompañamiento efectivo durante el proceso”.

Las víctimas, que hasta ahora, para poder intervenir en el proceso, debían constituirse en particulares damnificados, contratando y abonando su propio patrocinio legal, ahora podrán hacerlo “ante su mera solicitud”.

El proyecto considera víctimas a las directas -la persona afectada por el delito-, a las indirectas -grupo familiar de la anterior-; y a las colectivas, es decir, asociaciones civiles en los casos de delitos “que se vinculen directamente con su objeto social”.

Otro punto importante del dictamen es que admite que las asociaciones y fundaciones de defensa de los derechos de las víctimas intervengan en el proceso con la anuencia de los damnificados.

La asistencia letrada a las víctimas será gratuita “cuando por las circunstancias del hecho y por situaciones de vulnerabilidad de la víctima, se encuentre imposibilitada de afrontar los gastos que demande el patrocinio letrado”.

El derecho de la víctima a ser informada y opinar se extenderá al período de ejecución de la pena. Este punto es de gran importancia, ya que evita que se tomen decisiones de acortamiento o morigeración de penas a espaldas de los damnificados.

“La víctima tiene derecho a ser informada y a expresar su opinión (...) en los casos en que se sustancien las solicitudes de salidas transitorias, régimen de semilibertad, libertad condicional, prisión domiciliaria, prisión discontinua o semidetención, libertad asistida y régimen preparatorio para la liberación de la persona condenada”, dice el proyecto.

A la víctima se le asegura también el derecho a un trato correcto -parece mentira que haya que explicitarlo-, a “la salvaguarda de su intimidad”, “a la protección de su seguridad”; “a reclamar por demora o ineficiencia en la investigación”; “a examinar documentos y actuaciones, y a ser informada verbalmente sobre el estado del proceso y la situación del imputado”; “a aportar información y pruebas durante la investigación”, entre otros.

Por otra parte, el proyecto crea el Observatorio de Víctimas de Delitos -que ya existe a nivel nacional-, “dentro del ámbito la Honorable Legislatura de la Provincia de Buenos Aires”.

Se trata de un organismo de “monitoreo, seguimiento y análisis de las cuestiones relacionadas con las víctimas del delito, sus familias y entornos, con la finalidad de producir recursos útiles para la toma de decisiones en materia de políticas públicas de víctimas del delito”.

Estará integrado “ad honorem por víctimas de delitos, asociaciones civiles o fundaciones” vinculadas con la defensa de los derechos de las víctimas, “y por representantes de la Suprema Corte de Justicia, la Procuración General, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Seguridad, El Senado y Cámara de Diputados”.

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