Corte ampliada, aval para juicio por jurados y polémica sobre el traspaso: las sugerencias que escuchó la comisión armada por Alberto Fernández

“Los trabajadores judiciales tendríamos que ser parte de esta comisión”, dijo Julio Piumato, para romper el hielo de lo que fue una nueva audiencia del consejo asesor del presidente Alberto Fernández para que los once juristas elegidos le eleven propuestas concretas sobre reformas en la Corte Suprema, el Consejo de la Magistatura y el Ministerio Público.

Por zoon, los integrantes del Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y el Ministerio Público en el ámbito de la Presidencia de la Nación se reunieron nuevamente este martes para una nueva maratónica sesión de voces y opiniones sobre las iniciativas en danza. Eran solo diez minutos de exposición para cada uno -que no se oyeron entre sí-, aunque alguno se las ingenió para hablar durante el doble de tiempo y hubo que cortarlo. Es que, como ya pasó la vez pasado, a los convocados les resulta poco el tiempo para explayarse y les propusieron hacer llegar por escrito aquello que no hayan alcanzado a decir.

Hoy, estuvieron Juan Solá, de la Academia de Ciencias Morales y Sociales y Jorge Vanossi, de la Academia del Derecho, hablando especialmente sobre los aspectos de la Corte Suprema sobre los que el presidente Fernández propuso debatir. Y también disertó Joaquín Da Rocha, en nombre de la Fundación de Estudios para la Justicia (FUNDEJUS), que se las arregló para hablar de casi todos los temas que tiene bajo análisis la comisión.

Las repuestas de Da Rocha, ex procurador del Tesoro en la gestión de Néstor Kirchner y ex integrante del Consejo de la Magistratura, fueron una flecha a la hora de la claridad y la precisión sobre el punteo que les pidió Alberto Fernández. Y hasta validó la ampliación de la Corte Suprema de Justicia, algo que -según se encargan de decidir en el Gobierno- no está en discusión. Sostuvo que tres personas no pueden estar manejando las causas que llegan al máximo tribunal. Pero además Da Rocha consideró que en el máximo tribunal deben tener plazo para pronunciarse y dejar de dar sentencia sin fundamentación, a través del recurso “280”.

Para el Consejo de la Magistratura, el titular de la ONG reclamó dedicación exclusiva a sus miembros, respaldó la incorporación de un abogado y un universitario más a los 13 consejeros ya existentes y lanzó una propuesta novedosa: dejar de llamar a concursos cada vez que se vacía un cargo y demorar más de dos años en el proceso y convocarlos previamente para que cuando se genere una vacante el candidato ya está seleccionado, indicaron a Infobae fuentes del consejo. En materia del Ministerio Público, Da Rocha apoyó la sugerencia de limitar la duración de los mandatos del Procurador General, unificar la labor del la Oficina Anticorrupción a la Procuración de Investigaciones Administrativas (la Unidad de Información Financiera que quede así) e integrar a los colegios de abogados a la defensoría general.

El consejo consultivo escuchó además a Matilde Bruera de la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal, que disertó sobre el rol de la Defensoría; y a los abogados Héctor Granillo Fernández y Andrés Harfuch, de la Asociación Argentina de Juicio por Jurados, convocados por la iniciativa de poder extender ese formato -que ya funciona en algunas provincias- a nivel nacional.

La lista de expositores se completó con José Luis Lasalle, de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA); Patricio Maraniello, de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional y Julio Piumato, de la Unión de Empleados de la Justicia Nacional (UEJN). Fue precisamente Piumato quien más se explayó ante su auditorio y protestó por no haber sido convocado a integrar la comisión en representación de los trabajadores judiciales. Insistió en que la Corte Suprema no debe ser ampliada y reclamó un plan estratégico integral, pero fundamentalmente cuestionó el pase de la justicia nacional a la local por ser “inconstitucional”.

Es que el sábado próximo, el consejo consultivo debatirá durante dos encuentro más el tema del traspaso de la justicia nacional penal a la órbita porteña. Es una decisión tomada ya hace 20 años, pero que todavía no ha concluido. También eso fue foco de debate en el proyecto de reforma judicial que envió el Gobierno al Congreso y que ya consiguió la aprobación en el Senado.

Los integrantes de la comisión son los abogados Carlos Alberto Beraldi, León Arslanian, Andrés Gil Domínguez, Gustavo Ferreyra y Marisa Herrera, y los jueces de distintas cortes del país Inés Weinberg de Roca (CABA), Hilda Kogan (Buenos Aires), Claudia Sbdar (Tucumán), María del Carmen Battaini (Tierra del Fuego) y Omar Palermo (Mendoza), junto al ex juez de España Enrique Bacigalupo. Están coordinados por el abogado Fabián Musso.

El presidente anunció su creación el 29 de julio pasado, aunque formalmente comenzaron a sesionar el 18 de agosto. Tienen plazo hasta el 18 de noviembre para elevar al jefe de Estado propuestas concretas sobre distintos aspectos que hacen al funcionamiento de la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, junto al traspaso de la justicia penal a la órbita porteña y los juicios por jurados.

El tema de la Corte Suprema, el más áspero para abordar por la significancia política que le dio a la creación de esta comisión, quedó para el final. Comenzará a tratarse a el 13 de octubre. El debate está abierto y habrá que esperar al momento de los planteos de cada consejero para conocer qué iniciativas le sugieren al presidente.

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