A la espera de más expositores, la comisión de juristas de Alberto Fernández comenzará en octubre el debate sobre la Corte Suprema

El consejo de asesores convocados por el presidente Alberto Fernández para analizar el funcionamiento de la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público, entre otras cuestiones, terminó este sábado el debate sobre el organismo que está a cargo del procurador general Eduardo Casal. Con diagnósticos, pero sin definiciones, los expertos se aprestan ahora a ingresar sobre el análisis del traspaso de la justicia nacional a la órbita porteña. El tema de la Corte Suprema comenzará recién a partir del 13 de octubre y la discusión se prolongará hasta mediados de noviembre. Será entonces cuando dejen plasmadas sus recomendaciones ante el jefe de Estado.

Así surge de las deliberaciones que sustanciaron los 11 jueces y abogados que conforman el “Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y el Ministerio Público en el ámbito de la Presidencia de la Nación”. Allí están los abogados Carlos Alberto Beraldi, León Arslanian, Andrés Gil Domínguez, Gustavo Ferreyra y Marisa Herrera, y los jueces de distintas cortes del país Inés Weinberg de Roca (CABA), Hilda Kogan (Buenos Aires), Claudia Sbdar (Tucumán), María del Carmen Battaini (Tierra del Fuego) y Omar Palermo (Mendoza), junto al ex juez de España Enrique Bacigalupo.

Las reuniones se llevan adelante por Zoom, buscando que los detalles de lo que se hable no trasciendan. “Primero porque cualquier filtración puede ser malinterpretada cuando todavía no entramos a la etapa de definiciones”, explica una fuente ante Infobae. Pero también porque hay una intención de desmarcarse de la iniciativa oficial de reforma judicial que esta semana tuvo media sanción en el Senado.

Es que el 29 de mayo Alberto Fernández hizo la presentación en el Salón Blanco de la Casa Rosada junto a estos juristas, su ministra de Justicia Marcela Losardo y el jefe de Gabinete Santiago Cafiero, frente a un auditorio en donde resaltó la presencia de la única integrante de la Corte Suprema de Justicia que eligió ir: Elena Highton de Nolasco.

Aquella presentación inicial de la reforma judicial que enviaba al Congreso y de la convocatoria a estos expertos generó una confusión inicial de que es todo parte de un mismo paquete, cuando en rigor corren por cuerdas separadas y lo que resuelva la comisión de juristas quedará a criterio del Presidente. Lo que les encomendó Alberto Fernández fue que elevaran propuestas concretas.

En la reunión de este sábado, los asesores convocados por el jefe de Estado debatieron sobre la función de la Defensoría General en la asistencia a la víctima y plantearon las dificultades en esa tarea y los remedios para mejorarla, indicaron fuentes consultadas por Infobae. Con esto, dieron fin al capítulo del Ministerio Público que había comenzado hace dos semanas, incluso antes de que entraran formalmente a funcionar el pasado 18 de agosto.

Sí hay una idea consensuada, según las opiniones que se escucharon, de que la elección y remoción del Procurador debe mantenerse con el voto de los dos tercios del Senado, pero crece la idea de ponerle un límite de tiempo a ese cargo. ¿Cuál sería? La discusión está abierta, incluso como para no fijar un número concreto y simplemente sugerir la modificación, deslizan.

El martes pasado, tal como detalló este medio, los expertos comenzaron a oír a los primeros expositores. Allí estuvieron el procurador Casal, la defensora Stella Maris Martínez, y también los titulares de la Oficina Anticorrupción, Félix Crous, y de la Unidad de Información Financiera Carlos Cruz. Además desfilaron Paula Litvachky, la directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales; María Fernanda Vázquez, en su rol a cargo del Consejo Permanente de Decanas y Decanos de Facultades de Derecho de Universidades Nacionales; y el juez Gustavo Caramelo, en representación de Justicia Legítima. La lista se completó con Gonzalo Rúa, de la Comisión de Fortalecimiento Institucional y Planificación Estratégica que funciona en el ámbito de la Justicia porteña.

Este martes, en tanto, están previsto otros nueve invitados. Según pudo saber Infobae, allí estarán los representantes de la Academia Nacional de Derecho, la Academia de Ciencias Morales, la Asociación Argentina de Derecho Penal, la Asociación Argentina de Juicio por Jurados y la Asociación de Justicia Constitucional. Además fueron convocados los encargados de la Fundación de Estudios para la Justicia (FUNDEJUS) y el Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Y se escuchará al titular de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA).

Ese día también expondrá Julio Piumato, el líder de la Unión de Empleados de la Justicia Nacional (UEJN), que ha venido cuestionado la reforma judicial pero en especial el traspaso de la Justicia nacional a la órbita porteña. “Ningún Gobierno desde la vuelta a la democracia ha obviado prometer una reforma judicial -dice-. Siempre detrás estuvo la intención de subordinar el funcionamiento de la Corte y en consecuencia de todo el Poder Judicial al Gobierno de turno”. Piumato cuestiona además “el tramite exprés en Senado que demuestra que no había interés en escuchar”.

Por lo pronto, los expositores seguirán el martes 8 de septiembre. Y, en el medio, el sábado 5 de septiembre, el comité comenzará a analizar el tema del traspaso a la justicia de la ciudad, uno de los temas menos observados por la prensa pero que más irrita dentro del Poder Judicial. Luego seguirá con la implementación del juicio por jurados a nivel nacional.

El cuarto tema será el Consejo de la Magistratura, que tendrá lugar a partir del 26 de septiembre. Allí se discutirá la posibilidad de “modificar la estructura y composición del cuerpo y armonizar su funcionamiento con el de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, un análisis sobre su composición y una evaluación sobre los cargos de consejeros. Pero sobre todo la manera de agilizar y hacer más transparentes los concursos de selecciones y los procesos de enjuiciamiento.

Pero sin duda todas las miradas están puestas sobre el análisis que hagan sobre el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia. Es que desde que fueron convocados se barajó la hipótesis de una ampliación del número de miembros del máximo tribunal. Esa idea fue desmentida más tarde por distintos integrantes del Gobierno de Alberto Fernández, pero cuando el malestar ya se había instalado en la propia Corte Suprema y la oposición veía en la comisión una jugada en favor de las causas judiciales de Cristina Kirchner.

A partir del 13 de octubre, los juristas comenzarán a explayarse sobre cómo funciona la Corte Suprema. Allí, se reclamó “un análisis de su funcionamiento que incluya: a) el establecimiento para la selección de integrantes, de criterios de diversidad de género y representación federal; b) Evaluación integral de las normas que reglamentan la competencia atribuida al Alto Tribunal por la Constitución Nacional, ya sea en materia originaria o bien por apelación ordinaria y extraordinaria; c) Análisis y eventual reformulación del sistema de desestimación in limine -certiorari-; d) Análisis de normas en materia de audiencias orales para el tratamiento de los casos trascendentes y e) Trámite de recursos y fijación de plazos procesales máximos para su resolución, particularmente en materia penal”.

“Ahí van a comenzar el verdadero debate”, comentó una fuente judicial. “Hasta ahora el clima viene todo bien. Veremos después”, acotó otra fuente ante Infobae. Es que la mayoría de los convocados tienen ideas claras y propuestas para hacer. Por eso, ya se sabe, habrá un dictamen de mayoría y otros en minoría. El presidente espera esas propuestas, en su escritorio, el próximo 18 de noviembre.

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