Con un debate sobre el funcionamiento de la Defensoría de la Nación comenzó formalmente el trabajo de la comisión Beraldi

En medio del avance en el Congreso con la reforma judicial y las repercusiones políticas sobre las movilizaciones del 17A, la comisión de expertos de juristas convocados por el presidente Alberto Fernández puso en marcha este martes la maquinaria para tener en 90 días una serie de propuestas y sugerencias que le pidió el Ejecutivo sobre el funcionamiento de la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público.

Para Carlos Beraldi, era su segundo “zoom” del día. Antes se había conectado para participar de la audiencia por la causa de Vialidad, donde su clienta, la vicepresidenta Cristina Kirchner, está acusada de asociación ilícita. En la reunión no estuvo el coordinardor Fabián Musso, por un inconveniente personal.

“No esperen noticias por ahora porque está todo bajo análisis”, fue el mensaje de varios de los juristas cuando comenzaron a recibir llamados para consultarlos para saber que había sucedido en el primer encuentro formal.

La reunión entre las 11 y las 13 sirvió para plantear diagnóstico y panoramas. Según los integrantes del consejo, todo está abierto y falta escuchar a los expositores, cuyo aporte será crucial a la hora de tomar decisiones de cara a las propuestas a elaborar. Es más, confiaron, ni siquiera está resuelto si irán elaborando dictámenes parciales con cada uno de los temas propuestas o si eso quedará para el final.

La expectativa está puesta precisamente en el final porque en el último tramo de las reuniones es cuando se evaluara el funcionamiento de la Corte Suprema. Precisamente, en la movilización del 17A, la gente se movilizaba contra la ampliación del máximo tribunal. “Es insólito. Es un tema cerrado. No vamos a decir nada de eso porque no está en el temario. Pero además distintos funcionarios del Gobierno dijeron que la Corte no se va a ampliar”, remarcó a Infobae uno de los consultados.

El reloj ya comenzó a funcionar porque en 90 días tendrá que tener un dictamen de mayoría para elevar propuestas concretas al Ejecutivo sobre la Corte, el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público, la implementación del juicio por jurados y el traspaso de lo que queda de la justicia penal a la órbita porteña.

Hoy, por lo pronto, en lo que fue la primera reunión oficial, los expertos hablaron durante dos horas sobre la Defensoría General de la Nación. Allí se busca analizar si sería viable integrar al servicio de defensa oficial a los Colegios Públicos de Abogados de las respectivas jurisdicciones.

Es la otra parte del debate sobre el Ministerio Publico, que había tenido lugar el sábado pasado -en una reunión preliminar- en donde el foco esta puesto en determinar cómo se debe elegir al Procurador General y los tiempos que dure su mandato. No es un detalle menor teniendo en cuenta la movida del kirchnerismo para llevar a juicio político al procurador general Eduardo Casal -a cargo interinamente del organismo tras la renuncia de Alejandra Gils Carbó-; y la propuesta oficial para que el juez Daniel Rafecas se convierta en el jefe de los fiscales del país. Tanto para una remoción como para un nombramiento se necesita el voto de las dos terceras partes del Senado, un número que el oficialismo hoy no tiene.

Los consejeros también deben resolver si proponen un cambios en el papel de la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Investigación Financiera, dos organismos que responden a la estructura del Ejecutivo y que actúan como querellantes individuales en las causas penales. En la órbita de la Justicia, ya existe la Procuración de Investigaciones Adminsitrativas (PIA) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).

El “Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y el Ministerio Público en el ámbito de la Presidencia de la Nación” está integrado por los abogados Carlos Alberto Beraldi, León Arslanian, Andrés Gil Domínguez, Gustavo Ferreyra y Marisa Herrera, y por los jueces de distintas cortes del país Inés Weinberg de Roca (CABA), Hilda Kogan (Buenos Aires), Claudia Sbdar (Tucumán), María del Carmen Battaini (Tierrra del Fuego) y Omar Palermo (Mendoza). El onceavo integrante es Enrique Bacigalupo, un académico exiliado que fue juez durante 40 años en España.