Caso Vicentin: el Presidente paga doble costo, pero el final de la historia sigue siendo incierto

Un DNU desanda el camino de otro DNU. La lapicera presidencial acaba de escribir una nueva página en la disputa abierta hace casi dos meses con la decisión de intervenir y expropiar la cerealera Vicentin. Para muchos en las filas oficialistas hubo sorpresa de ida y de vuelta. Pero el punto es si la marcha atrás expresada en el decreto de ayer es un capítulo más o constituye el epílogo de esta historia. Alberto Fernández tomó esta última decisión en velocidad, dicen, fracasadas las gestiones del gobierno santafesino para buscar una salida, pero contrariamente a lo que se suponía ese desenlace no repuso el objetivo de la expropiación. Habrá que estar atento ahora al frente judicial para saber si efectivamente el tema quedó cerrado.

En los días transcurridos desde el primer decreto de necesidad y urgencia, el 8 de junio, pasó de todo, también dentro del oficialismo. Al principio, preocupación de los moderados y festejo en el kirchnerismo duro. Señal de avance con firma de Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, el malestar podría cambiar de platea, aunque nadie se anima asegurarlo. De todos modos, convendría no guiarse por esos únicos condimentos.

Hay otras pistas más inquietantes: el fracaso de las gestiones encaradas por el gobernador Omar Perotti –en combinación y contacto permanente con Olivos, sobre todo en los últimos diez días-; un par de afirmaciones del Presidente en los tuits con que anunció anoche su nuevo DNI, y la causa por presuntas irregularidades en los manejos económicos y societarios de Vicentin que lleva adelante el juez Julián Ercolini, rodeada en las últimas horas por rumores sobre posibles detenciones en la primera línea de la empresa.

En el mensaje vía Twitter para anunciar y darle una explicación a su nuevo giro, Alberto Fernández escribió que frente a la clausura de las tratativas encaradas por las autoridades santafesinas, el Gobierno “no va a comprometer recursos públicos”. Y agregó: “No estamos dispuestos a adoptar riesgos que podrían traer como consecuencia la estatización de deuda privada”.

Es curioso, porque consideraciones similares nutrían las reacciones de quienes pasaron del asombro a la crítica reservada frente al DNU inicial para intervenir y expropiar la cerealera. Los cálculos sobre la deuda de Vicentin trepan por encima de los 1.300 millones de dólares, cifra a la cual habría que agregarle para reanimar toda la cadena del conglomerado una inyección potente, que algunas fuentes calculan en más de 300 millones de dólares.

El riesgo al que alude el Presidente parece existir desde el principio. Rechazada y desvirtuada de entrada la intervención nacional, por decisión del juez que maneja el concurso de acreedores, Fabián Lorenzini, el Presidente registró además una creciente protesta, con eje en localidades santafesinas pero extendidas a otras provincias y a centros urbanos. Ya había anotado un cuestionamiento masivo por las excarcelaciones y era evidente la fatiga social por la cuarentena.

Entonces, la salida de compromiso fue aportada por Perotti, afectado en primera línea por las protestas. El gobernador buscó de entrada una nueva intervención, mejor presentada, y una vez empantanada esa alternativa, avanzó con la idea de un fideicomiso con participación estatal y con los directivos de la compañía afuera.

Hace diez días, Perotti mantuvo una larga charla virtual con el Presidente. Acordaron abrir rápidas tratativas con los principales acreedores. El juez santafesino convocó a un par de audiencias con la conducción de la empresa: la última fracasó el jueves. Alberto Fernández estuvo al tanto de todo el trámite.

Con todo, ya hacía rato que el Presidente había revertido la advertencia de reactivar la idea de la expropiación si fracasaban las negociaciones. Eso habría apurado el mismo jueves la decisión de terminar con el primer DNU. Tal vez también, la necesidad de cerrar el camino a un tercer juez que, fuera de tiempo, reponía la discusión sobre la validez de la intervención original.

Alberto Fernández fue muy duro con Lorenzini, a quien le apunta por haber cerrado las puertas a las alternativas y pedidos del Gobierno. Es lo que se venía destacando como principal problema en medios oficialistas. En paralelo, se observan con atención la causa en manos de Ercolini, que hizo allanar oficinas de la empresa. Si finalmente el juez considera sólidas las denuncias sobre el manejo empresarial, podría abrirse otra puerta para buscar “un salvataje”, aunque como consecuencia y no como objetivo. Tal vez, una alternativa imaginada como menos costosa en todos los sentidos.

El problema, aún en esa hipótesis, es que la decisión inicial, bajo el argumento de cuidar la “soberanía alimentaria”, sigue irradiando a pesar del DNU que la anuló. Es decir, cualquier desenlace podría ser leído como fruto del juego político antes que como resultado de una causa por presuntos manejos irregulares.

Asoma además en este contexto el interrogante sobre la posibilidad de que resurjan grupos interesados en el negocio, como se venía hablando cuando llegó el primer decreto sobre Vicentin. Por ahora, sólo aparecen costos.

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