El Presidente les prometió “autonomía y libertad” a los juristas que analizarán la reforma de la Corte

Con el rostro cubiertos con barbijos, los once juristas convocados para analizar las reformas en la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura rodeaban Alberto Fernández en el Salón Blanco de la Casa Rodada. Uno de ellos, el profesor Enrique Bacigalupo, de 81 años lo seguía desde la pantalla de un televisor, desde España, donde vive hace más de 40 años. “No existe en mi ánimo condicionar la decisión del consejo consultivo. Sé que no estarían acá si se sintieran limitados a expresarse libremente”, les dijo.

Lo escuchabanen la Casa Rosada: Carlos Beraldi -abogado de Cristina Kirchner-, Inés Weinberg de Roca -ex candidata a la Procuración postulada por Mauricio Macri-, Andrés Gil Domínguez -abogado constitucionalista-, León Carlos Arslanian -ex juez del juicio de las Juntas Militares-, Gustavo Ferreyra -constitucionalista-, Marisa Herrera -experta en derecho de familia-, y los ministros de la Corte bonaerense Hilda Kogan, tucumana Claudia Sbdar, mendocina Omar Palermo y fueguina María del Carmen Battaini.

Son los miembros del “Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y el Ministerio Público en el ámbito de la Presidencia de la Nación” que comenzarán a reunirse desde el 18 de agosto y tendrán 90 días para evaluar sus propuestas que se adoptarán por “mayoría de la totalidad de sus miembros”. El que opine diferente podrá hacer su dictamen en disidencia y dejar planteada sus recomendaciones. El Ejecutivo les pidió tener en cuenta la cantidad de recursos y las partidas presupuestarias, además de los proyectos presentados en la última década sobre la Corte, el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público y los juicios por jurados.

Fernández les agradeció “de corazón” a esos juristas haber aceptado su convocatoria y girando su cabeza, desde el atril hacia una pantalla de tevé, dedicó una especial gratitud hacia la pantalla: “Gracias profesor Bacigalupo por estar siempre dispuesto a colaborar en el mejoramiento de nuestra querida Argentina”, afirmó Fernández emocionándose.

Con esa presentación pública, Fernández los invitó a “repensar”, según las palabras del presidente, el funcionamiento de la Corte Suprema y el Ministerio Público. Les pidió “propuestas concretas sobre los temas que consideren una mejor administración de justicia”. Y les aclaró que “tendrán plena autonomía y libertad” para recomendarle las modificaciones que “crean convenientes”.

El jefe de Estado advirtió que quiere las evaluaciones de esa comisión sean parte del debate y que se conviertan “en piedras basales de un nuevo sistema judicial” que la sociedad espera y “lamentablemente” la democracia “no ha podido construir todavía”.

El Presidente recordó su propia impronta como docente al señalar: “No he llegado hasta acá para defraudar a los alumnos que me oyeron reinvidicar la importancia de preservar las reglas del debido proceso”. “Sé que esas reglas se olvidan cuando tallan intereses políticos y económicos. No voy a ser yo el que se haga el distraído frente a una situación que daña a la República”, agregó.

Aunque no lo precisó en su discurso, la comisión tendrá 90 días para abordar los temas y elaborar esas recomendaciones concretas que pidió el jefe de Estado. De allí, contando con la asistencia de la Secretaría Legal y Técnica, se escribirán proyectos de ley que se enviarán a discusión al Congreso.

Puntualmente, el Ejecutivo aguarda que los consejeros elaboren “una descripción valorativa con especial indicación de los problemas que se observan para el correcto funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, del Consejo de la Magistratura de la Nación, del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa, ambos de la Nación”.

*Sobre la Corte Suprema se les pidió “un análisis de su funcionamiento que incluya: a) el establecimiento para la selección de integrantes, de criterios de diversidad de género y representación federal; b) Evaluación integral de las normas que reglamentan la competencia atribuida al Alto Tribunal por la Constitución Nacional, ya sea en materia originaria o bien por apelación ordinaria y extraordinaria; c) Análisis y eventual reformulación del sistema de desestimación in limine -certiorari-; d) Análisis de normas en materia de audiencias orales para el tratamiento de los casos trascendentes y e) Trámite de recursos y fijación de plazos procesales máximos para su resolución, particularmente en materia penal”.

*Sobre el Consejo de la Magistratura de la Nación, se deberá realizar una análisis que evalúe “a) La conveniencia, o no, de modificar la estructura y composición del cuerpo y armonizar su funcionamiento con el de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; b) Evaluación acerca de los cargos de consejeros, y analizar si los mismos deben ser de dedicación exclusiva; c) Análisis sobre la forma de dotar de una mayor agilidad, publicidad y transparencia a los concursos de selección y a los procesos de enjuiciamiento de magistrados, con posibilidad de brindar una mayor participación a las universidades públicas y a las organizaciones no gubernamentales cuyo objeto estatutario se vincule directamente con el servicio de administración de justicia; d) Incorporación de perspectiva de género en la composición del Consejo y en los actos que hacen a su funcionamiento; y e) Análisis de la inclusión de un criterio federal para la composición y funcionamiento del Consejo de la Magistratura de la Nación”.

*En el Ministerio Público, se deberá realizar “un análisis sobre su funcionamiento que incluya: a) La conveniencia, o no, de modificar el actual régimen legal de designación de sus titulares y la posibilidad de que sus mandatos sean temporarios; b) Respecto del Ministerio Público Fiscal, realizar una evaluación acerca de la posibilidad y conveniencia, o no, de incorporar a su estructura a la actual Oficina Anticorrupción y a la Unidad de Información Financiera; c) Respecto del Ministerio Público de la Defensa, analizar la posibilidad de integrar, mediante convenios, al servicio de defensa oficial, a los Colegios Públicos de Abogados de las respectivas jurisdicciones; y d) Incorporación de perspectiva de género en la composición del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa y en los actos que hacen a su funcionamiento”.

*Respecto del sistema de juicios por jurados, realización de un análisis sobre los criterios para dar cumplimiento de la manera más eficaz al mandato constitucional.

*También un análisis para finalizar el proceso de transferencia de competencias en materia penal no federal a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la manera de reasignar funciones a los valiosos recursos humanos con los que cuenta el actual fuero Nacional en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal. “Todo ello teniendo en cuenta lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en las Acordadas 4 y 7 del año 2018”, que son las que analizaron el tema de los traslados de jueces, hoy en la mira del Consejo de la Magistratura.

El coordinador del equipo de juristas

Además de los once convocados, habrá un coordinador en el equipo de juristas que trabajen sobre las reformas en la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Publico y de la Defensa. Según pudo saber Infobae se trata de Fabián Musso, que desde enero pasado es director en el Banco de Inversión y Comercio Exterior.

El abogado, que trabajó con el fallecido Procurador General Esteban Righi, tiene dos particularidades: fue defensor de Néstor y Cristina Kirchner en la primera causa por enriquecimiento ilícito que radicaron contra el matrimonio apenas llegaron a la Presidencia y en la que el juez Julián Ercolini los sobreseyó, sin apelación fiscal.

Pero además Musso fue blanco de las denuncias del ex vicepresidente Amado Boudou cuando estalló la causa Ciccone y la justicia allanó un departamento en Puerto Madero en donde vivía el abogado Alejandro Vandenbroele y cara visible de la firma The Old Fund. En aquel momento, Boudou afirmó que abogados del estudio Righi, entre los que estaba Musso, le habían ofrecido sus servicios para no tener problemas en los tribunales federales. Como consecuencia de eso, Rigghi presentó su renuncia y la justicia abrió una causa para investigar a los abogados María José Labat, Ana María García y Fabián Musso por el delito de tráfico de influencias. Los tres fueron sobreseídos por el juez Ariel Lijo.