Alberto Fernández buscará que la reforma judicial se apruebe antes de fin de año y definió quiénes integrarán el consejo de asesores para modificar la Corte Suprema

Voceros del Gobierno confirmaron que el proyecto de reforma judicial está listo para ingresar al Congreso de la Nación, más específicamente al Senado, luego de los retoques que el Presidente realizó este domingo por la tarde en la Residencia de Olivos. Sin embargo, todavía se va a demorar unos días más y será enviado para el final de la semana.

Además, quedó conformado el consejo de asesores que estará a cargo de la reforma de la Corte Suprema, los cambios en el Consejo de la Magistratura, la designación de nuevos fiscales y la instauración de juicios por jurados.

Tal como anticipó Infobae, los once nombres son: Carlos Beraldi, abogado de Cristina Kirchner, Inés Weinberg de Roca, ex candidata a la Procuración postulada por Mauricio Macri, Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista, Omar Palermo, juez de la Corte de Mendoza, Carlos Arslanian, ex juez del juicio de las Juntas Militares, Enrique Bacigalupo, experto en derecho penal, Gustavo Ferreyra, constitucionalista, Marisa Herrera, experta en derecho de familia, e Hilda Kogan, Claudia Sbdar y María del Carmen Battaini, juezas de las cortes de Buenos Aires, Tucumán y Tierra del Fuego, respectivamente.

Con Inés Weinberg de Roca habló por teléfono el propio Presidente el fin de semana para pedirle que integre el consejo. La jueza del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires se puso a disposición y dijo que colaboraría. Ella no les avisó del ofrecimiento a sus colegas del Tribunal.

En Casa Rosada están evaluando hacer una presentación formal de los once el miércoles en Olivos, aunque aún no está definido.

Alberto Fernández maneja tanto el texto como la estrategia con absoluta reserva y pudo constatarse que en los últimos días solo hizo consultas técnicas con la ministra de Justicia, Marcela Losardo, y la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, cuidando que no exista ningún tipo de filtración que perjudique el éxito político de la iniciativa, una responsabilidad que toma en forma personal, ya que se trata de una reforma que imaginó desde antes de su llegada al Gobierno.

La Cámara elegida demuestra la vocación presidencial de abrir un debate amplio pero con votación asegurada, ya que la mayoría oficialista allí es amplia y los proyectos solo encuentran una traba si requieren dos tercios, la mayoría especial que exigen solo algunas iniciativas.

Tal como anticipó Infobae, la reforma será “corta” y tendrá mayor impacto en la Justicia federal, donde está prevista una fusión entre los 12 juzgados de Comodoro Py con el fuero penal económico, que pasarían en total al número de 46 y dejarían de existir tal como se los conoce, para denominarse “fuero penal federal”. A pesar de esto, las causas que aún estén en curso quedarán con el juez sorteado actualmente.

Por estas horas, las dudas y demoras no giran en torno a esa reforma que busca brindar un nuevo piso institucional que garantice rapidez y transparencia de la Justicia en los juzgados que tienen mayor impacto en la vida pública, la Justicia federal y penal económica, sino en cuanto a un asunto menor, pero que se fue transformando en un escollo complejo para Alberto Fernández.

En efecto, la constitución de un consejo asesor para una eventual ampliación de la Corte Suprema de la Nación, una solución para dilatar definiciones en torno al funcionamiento de la instancia constitucional de la Justicia argentina, se fue transformando con el paso de los días en un elemento con capacidad de restarle legitimidad a lo importante, la reforma judicial.

Sucede que la lectura que se hace es que la única beneficiada por la ampliación de la Corte sería Cristina Kirchner ya que podría apelar a una mayoría automática en última instancia si los juicios contra ella y su familia siguen su curso y no puede evitar condenas. “Es absurdo que se piense de ese modo, la vicepresidenta jamás manifestó su acuerdo con llevar adelante una medida de ese tipo, pero es una discusión que proponen juristas en los que Alberto confía y pensó que tiene sentido que trabajen con esa idea”, dijo la fuente consultada por Infobae.

Como sea, la vicepresidenta no pasa por el mejor momento en su vínculo con los ministros de la Corte. En el mes de abril, solicitó que se pronunciara acerca de si el Senado podía sesionar o no en forma virtual, cuestión que el máximo tribunal dictaminó con la opinión mayoritaria de Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti que “no constituye cuestión justiciable lo atinenente al procedimiento adoptado por el Poder Legislativo para la formación y sanción de las leyes”. Carlos Rosenkrantz, presidente del Tribunal, solo rechazó el pedido sin darle trámite, sin consideraciones.

En ese momento, fue leído como un límite que la Corte le impuso a la presidenta del Senado, aunque en rigor solo se pronunció acerca de sus funciones.

Fue Néstor Kirchner el primer crítico de la mayoría automática de la Corte Suprema. En un discurso que se transmitió por cadena nacional el 4 de junio de 2003, el entonces presidente dijo: “Pedimos con toda humildad, pero con coraje y firmeza, que los señores legisladores utilicen los remedios de la Constitución para cuidar a la Corte Suprema como institución de la Nación, de alguno o algunos de sus miembros, la tristemente célebre mayoría automática”.

Así fue que Julio Nazareno, Adolfo Vázquez y Guillermo López fueron renunciando, en tanto Eduardo Moliné O’Connor y Antonio Boggiano fueron destituidos por el Senado, al tiempo que por el Decreto 222/03 el Poder Ejecutivo se autolimitó para la selección y designación los nuevos integrantes, una normativa que llevó a la designación de Eugenio Zaffaroni, Elena Highton, Carmen Argibay y Ricardo Lorenzetti.

Es bueno recordar que, en noviembre de 2006, Cristina Kirchner convirtió en ley un proyecto que había impulsado en el Senado para reducir de nueve a cinco los miembros de la Corte y volver así a la composición que había tenido el cuerpo hasta 1990, cuando Carlos Menem instauró la “mayoría automática”.

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