
El Gobierno tiene listo el proyecto de reforma judicial y está en condiciones de enviar el lunes el texto de la reforma judicial, que ingresará al Congreso a través del Senado, según confirmaron este viernes altas fuentes oficiales. Solo le quedan por afinar algunos detalles a los que el equipo más allegado al Presidente, encargado de la redacción, se abocará durante el fin de semana.
Infobae había adelantado que la Cámara alta era la opción más segura para el envío del proyecto que es especialmente sensible para Alberto Fernández. Primero porque es una promesa que hizo ante la Asamblea Legislatura el día en que juró como Presidente pero, además, se trata de un asunto que interesa especialmente a Cristina Fernández de Kirchner, quien asumió la vicepresidencia con varios juicios que investigan su participación en causas de corrupción con una batería de pruebas importante, lo que provoca una inquietud permanente en el vínculo político entre los principales socios del Frente de Todos, que el Presidente espera empezar a despejar con una actividad en la materia.

Días atrás se creía que el Ejecutivo enviaría el proyecto a la Cámara de Diputados, para pasar el tramo más difícil de la discusión en el comienzo e intentar una especie de “trámite exprés” en el Senado. Sin embargo, la coalición de Juntos por el Cambio avisó que no estaba dispuesta a discutir la reforma judicial en sesiones virtuales, por lo que la Vicepresidenta retomó un mínimo diálogo con la oposición para acordar las sesiones, y así es que entrará por la puerta de la calle Hipólito Yrigoyen.
Aunque es muy poca la información que trascendió en los últimos días, cuando el Presidente confirmó que el envío era inminente, todo indicaría que se trata de una reforma denominada “corta”, en el sentido de que solo implicará a la justicia federal, con juzgados que se multiplicarían, incorporando a la justicia nacional a un esquema que llevaría a 46 el número de juzgados.
Desde Presidencia, se insistió con que la ministra de Justicia, Marcela Losardo, el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, y la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, son las espadas presidenciales para el diseño, redacción y control de calidad del proyecto en cuestión.
A pesar de eso, se supo que consultó con el abogado defensor de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, aspectos de la reforma judicial, aunque no fue posible conocer detalles de la conversación. También trascendió que su nombre suena como miembro firme de un Consejo Técnico Asesor para la ampliación de la Corte Suprema, aunque nadie en la Residencia de Olivos quiso confirmarlo.
Cerca del Presidente dijeron que “Alberto considera que necesita un paraguas institucional para encarar el tiempo que viene, que arranca con la pospandemia, un nuevo contrato que garantice eficiencia, independencia y seguridad jurídica, fortaleciendo un sistema que recupera legitimidad pública en un tiempo signado por la desconfianza”.
Fernández retiró el 11 de febrero pasado 131 pliegos enviados por su antecesor, Mauricio Macri, y ahora tiene en su poder 153 ternas de postulantes a jueces nacionales y federales, de las cuales debe elegir sus candidatos para enviarlos al Senado, último paso para para cumplimentar el proceso de selección de los magistrados previsto en la Constitución.
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