La extradición de Brasil a Paraguay del líder de Hezbollah en la Triple Frontera, Assad Ahmad Barakat, produjo conmoción en Catamarca, donde están presos dos de sus hermanos, Fadel y Barakat, condenados como partícipes necesarios en el delito de “fabricación de estupefacientes en concurso real con el delito de almacenamiento de materias primas para la fabricación de estupefacientes” en la localidad de Salvador Maza, en este último caso como coautores.
El fiscal federal Rafael Vehils Ruiz, encargado de la investigación, llegó a la conclusión de que “los hermanos Barakat no eran comerciantes, sino que formaban parte de una organización criminal donde financiaban aportando sustancias y dinero” y el Tribunal Oral Federal de Catamarca les impuso una pena de 12 años.
Semanas atrás el caso volvió a estar en el tapete porque la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó un recurso presentado por la abogada de los hermanos Barakat y confirmó la condena, basada en la sentencia dictada en noviembre de 2018 en Catamarca, por el TOF catamarqueño.
El dato salió en el diario El Ancasti en medio del debate público que se produce en esa provincia por la sorpresiva decisión legislativa de votar la disolución del Consejo de la Magistratura local y diseñar una reforma judicial que impondrá una ampliación de la Corte Suprema provincial.
Entre sospechas que empezaron a circular de que los hermanos Barakat colaboraban con la financiación de la actividad de Hezbollah en la Triple Frontera, la dirigencia opositora catamarqueña se pregunta: “¿Qué va a pasar ahora con la justicia en nuestra provincia?, ¿facilitará el accionar de estas bandas narcocriminales?”, se preguntó un legislador opositor ante Infobae.
Por la mañana, el ministro de Gobierno, Jorge Moreno, descartó que el gobernador Jalil vete las dos leyes aprobadas en la legislatura catamarqueña, tal como lo había pedido la oposición. En declaraciones a Radio Ancasti, dijo que “las leyes son perfectamente legales, se hicieron de acuerdo a los reglamentos internos de cada cámara”. Y en relación a la amenaza opositora de acudir a la justicia agregó que “no sé a qué justicia pueden ir”.
Moreno, justamente, amigo del presidente de Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD) y hermano del gobernador, Fernando Jalil, es uno de los dos nombres que suena para ocupar la Corte Suprema catamarqueña. El otro es el de Cecilia Guerrero, presidente de la Cámara de Diputados, vinculada a la ex goberadora Lucía Coparcci. De este modo, con la incorporación a la Corte de un miembro del peronismo “renovador” y la miembro del peronismo “saadista”, quedará saldada la interna local.
Un dato que hoy se conoció, además, es el aporte que el sector radical en la Cámara de Diputados de Catamarca hizo el sector “celeste” de los radicales, que facilitó la aprobación de los dos polémicas leyes, fue alcanzado por la intervención decisiva del senador nacional Oscar Castillo, ex gobernador radical y creador -durante su mandato- del Consejo de la Magistratura en Catamarca.
El diario El Esquiú reveló que mientras se estaban votando en Diputados la reforma judicial y la disolución del Consejo de la Magistratura, el gobernador Jalil estaba reunido con Castillo en la casa que tiene en las sierras.
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