Alberto Fernández cierra el frente interno por la deuda: ¿trinchera final o margen para negociar?

Inusual en lo que va de su gestión, Alberto Fernández pudo sumar en pocas horas varios gestos de distensión y de consenso, empezando por el difícil circuito doméstico. Y aún así, circulan algunas sombras de incertidumbre y hasta se proyectan nuevas complicaciones. El dato saliente fue el mensaje armonizado sobre la deuda, con reiteración propia sobre la “imposibilidad” de estirar la oferta, respaldo expreso de Cristina Fernández de Kirchner, acompañamiento de Sergio Massa y aval más bien insonoro de la oposición. Mucho, aunque insuficiente para despejar el interrogante central tras varios capítulos de cambios de la propuesta original. ¿Ese capital político da cuerda a la idea de plantarse en una trinchera final o agrega oxígeno para volver a negociar?

El interrogante circuló desde el mismo lunes, apenas conocido el rechazo de los principales grupos de acreedores externos a la propuesta argentina, junto a su contraoferta. La pregunta en el mundo de la política, incluidos dirigentes del peronismo y el conjunto de la oposición, está alimentado por el análisis en general coincidente de referentes económicos y consultores, resumido en un punto: vistos los números, sería inentendible que no haya acuerdo. Las diferencias, no sólo sobre el cálculo del valor presente neto sino también en otros planos, son calificadas como “mínimas”.

En esa línea y en algunos casos con extensos informes, el punteo sería el siguiente: están muy cerca las cifras (de los ofrecidos 53,5 dólares a los reclamados 60 por cada 100 nominales) y las distancias no serían siderales en cuestiones legales –muy discutidas de arranque- y en la instrumentación de los nuevos papeles.

Visto así, y como siempre, la resolución final es política. Los principales grupos de acreedores dicen contar con suficiente peso como para frenar sino impedir una salida que no contemple sus reclamos. Fijaron el compromiso de no aceptar la última propuesta del Gobierno pero dejaron abierta la posibilidad de nuevas tratativas. Los tiempos, en todo caso, son algo inciertos. Y entre los analistas no se descarta que todo se extienda más allá de la última fecha anotada como límite, es decir, el 4 de agosto. “Es demasiado poca la diferencia”, sintetiza un ex legislador.

El Presidente aprovechó ayer la platea siempre deseada –aunque con algún disimulo- del Consejo de las Américas para insistir con la imposibilidad de mejorar la última propuesta oficial. No pareció aprovechar el escenario, ahora virtual, para exponer lineamientos fuertes de estrategia económica, para seducir o al menos abrir la puerta a inversiones. Volvió a plantear, sí, el “esfuerzo” que supone la oferta argentina y reclamó comprensión para “salir de esta postración”, en buena parte señalada como herencia.

Algo parecido había dicho unas horas antes Martín Guzmán, como primera respuesta al comunicado de los acreedores. Ese discurso, el de la imposibilidad de mayor pago, estuvo planteado desde el inicio con referencias a la sostenibilidad de la economía nacional, aunque sin adelantar plan alguno, y al rechazo de un ajuste, que en rigor ya venía insinuado antes de la cuarentena, como ocurrió con el sistema previsional. CFK tuiteó su respaldo al mensaje del ministro. Y Massa se expresó en la misma línea.

En paralelo, y arropado como mensaje político convergente, el oficialismo apuró en el Senado el proyecto de ley para reestructurar la deuda bajo legislación local en términos similares a la propuesta para los acreedores externos. La oposición de Juntos por el Cambio volvió a mostrar allí su decisión de allanar el camino a las movidas del oficialismo en este terreno. Dejó una advertencia frente a tanto apuro: el riesgo de aprobar una ley que luego quede descolocada frente a una nueva mejora para cerrar el tema como los bonistas externos.

Ese fue un síntoma claro del interrogante planteado en buena parte del arco político sobre la decisión del Gobierno. En otras palabras: si se mantiene cerrado en la actual propuesta, aún a riesgo de precipitar un default general, o aprovecha el aval político amplio –extendido al empresariado y hasta la mayoría de los jefes sindicales- para seguir negociando y cerrar trato. Después llegaría el turno del FMI, tal vez sin tantas declaraciones y con números y metas sobre la mesa.

Fuera del foco principal pero no de manera inadvertida se produjeron en paralelo algunos hechos que suman y otros que restan en materia política para el Presidente, después de días muy tensos en el propio oficialismo. Son datos que, por supuesto, trascienden los límites de la interna.

Uno de ellos fue el nuevo contacto por videoconferencia que mantuvo el Presidente con el santafesino Omar Perotti. El gobernador lo puso al día con un asunto que sigue de cerca: el caso Vicentin. Según la versión más optimista, la situación podría inclinarse hacia una salida en el marco del concurso preventivo. Y el dato destacado sería el inicio de reuniones con los principales acreedores para encontrar una alternativa de “salvataje”. Eso apuntaría a abandonar definitivamente el plan de expropiación. Falta aún para el final, pero en esa línea se mueve el jefe provincial, uno de los referentes del PJ “moderado”.

También ayer se produjo un encuentro entre representantes de los principales grupos empresariales, nucleados en AEA, y la conducción de la CGT, para buscar coincidencias frente al abismo de la crisis agravada por la cuarentena. Un gesto potenciado, en rigor, por el antecedente de los fuertes cuestionamientos internos a la foto del 9 de Julio entre el Presidente, representantes del G6 y el sindicalista Héctor Daer.

En sentido inverso, fue tomando volumen la ofensiva de jefes del peronismo bonaerense contra Edesur. Varios intendentes del PJ y del kirchnerismo duro aparecen al frente de las presiones sobre la empresa, que al menos como medida de máxima plantea que el Estado le quite la concesión. El reclamo ya escaló hasta el Enre. Y es un nuevo renglón inquietante en una agenda que no sólo es escrita en Olivos.