La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires dispuso hacer lugar al pedido efectuado por el Procurador General Julio Conte Grand para “licenciar” por 90 días al fiscal general de Lomas de Zamora Enrique Bernardo Ferrari, con vistas a iniciar un proceso de juicio político.
Fue una decisión dividida del máximo tribunal provincial. Los jueces Daniel Soria, Eduardo Pettigiani, Hilda Kogan y Sergio Torres firmaron el voto mayoritario, con la adhesión -por su voto- del ministro Luis Genoud. Por su parte, el magistrado Eduardo De Lázzari votó en disidencia, al reclamar una visión integral sobre todo en el abierto enfrentamiento entre Ferrari y Conte Grand.
Enrique Ferrari, quien llegó en 2013 al cargo de la mano del ex funcionario de Justicia K Julián Alvarez, fue acusado por el procurador Conte Grand de violencia laboral y de haber llevado adelante decisiones que afectarían el servicio de justicia. Elisa Carrió también había motorizado una presentación contra ese funcionario.
A Ferrari lo acusaron de haber disuelto repentinamente la Unidad para Delitos Complejos y Crimen Organizado de Lomas de Zamora. En esa unidad se llevaban adelante causas contra los barrabravas de Independiente, en donde se apuntaba al camionero Pablo Moyano. También desde allí se analizó la causa contra el rey de La Salada. Conte Grand también sumó a su presentación una serie de mensajes que Ferrari habría mando a subordinados, con fotos de pirañas y de Hannibal Lecter, que se interpretaron como amenazas.
Por su parte, Ferrari acusó a Conte Grand de llevar adelante una persecución en contra y hasta hizo una presentación en la causa que analiza el espionaje durante el macrismo en Lomas de Zamora. Allí pedía investigar una presunta red diseñada por Conte Grand y aceitada por el el fiscal general adjunto Sebastián Scalera, también de Lomas, “vinculados por su irregular y abusivo desempeño funcional”. Según Ferrari, Scalera, el fiscal Pablo Rossi y sus respectivos secretarios, a través de la Unidad de Coordinación de Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Fiscalía General de Lomas de Zamora, “habrían iniciado investigaciones con objetos de inclinarlas a sus intereses políticos y/o generando IPP (causas) con el fin de perseguir a políticos, sindicalistas, Magistrados y Funcionarios” bajo la doctrina de “lawfare”.
La Suprema Corte analizó ahora la presentación del Procurador para dar licencia a Ferrari. El voto mayoritario dispuso la licencia por 90 días de Ferrari, pero también instó al Procurador General a que adopte las medidas necesarias para restablecer el correcto funcionamiento de la Fiscalía General del Departamento Judicial Lomas de Zamora. Señalaron que se debía convocar a los funcionarios más calificados del Ministerio Público, aunque se desempeñen en otros departamentos judiciales.
Adicionalmente, encomendó a la Subsecretaría de Control de Gestión para que junto a la Procuración General realice un relevamiento de la aludida Fiscalía General, dando intervención, cuando ello resulte pertinente, a la Subsecretaría de Control Disciplinario.
También dispuso el monitoreo de las restantes actuaciones penales y disciplinarias en trámite en las que se investigue el desempeño de funcionarios de la Fiscalía General, encomendando a las Subsecretarías de Control Disciplinario y de Control de Gestión la elaboración y periódica remisión al Tribunal de reportes sobre su estado y grado de avance.
En su voto de adhesión a la mayoría, aparte de las medidas señaladas, el juez Genoud instó la puesta en marcha del mecanismo constitucional de Jury de Enjuiciamiento regulado por Ley 13.661, como también respecto de otros posibles denunciados por esa vía pertenecientes al ámbito del Ministerio Público Fiscal de Lomas de Zamora.
Por su parte, De Lázzari, en su voto en disidencia, consideró que las posibles irregularidades o anomalías en el seno de la Fiscalía General departamental podrían deparar graves consecuencias para la administración de justicia. Indicó además que el pedido de licencia de su titular no podía abordarse fuera del contexto dado por los conflictos existentes en el seno Ministerio Público y las numerosas causas penales y administrativas que involucran a otros funcionarios de esa organización. Por tal razón propuso practicar una información objetiva, neutral y exhaustiva. Y recién allí decidir sobre la solicitud de licencia solicitada.
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