Las escuchas telefónicas seguirán bajo la órbita de la Corte Suprema. El oficialismo resolvió así no avanzar con el rechazo de dos decretos de Mauricio Macri que en 2016 traspasaron la oficina de escuchas de la órbita de la Procuración al máximo tribunal.
A principios de mes el oficialismo había dado el primer paso en su objetivo de retirarle el control de las escuchas a la Corte cuando votó en el Senado por unanimidad, pero sin presencia de la oposición -que se retiró del recinto-, el rechazo a los DNU que había firmado el ex presidente Macri.
Solo restaba conseguir el aval de la Cámara Baja, debido a que la anulación de un decreto requiere el rechazo de senadores y diputados.
Sin embargo, tras un acuerdo, hoy la presidenta del Senado, Cristina Kirchner, y el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, resolvieron asignar a la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia el seguimiento y control de las actividades de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial, encargada de las escuchas telefónicas que ordenan los jueces.
Para esta tarea se integrará una subcomisión permanente que auditará el funcionamiento del organismo y realizará un informe semestral a la presidencia de cada Cámara sobre el desarrollo de las actividades.
La decisión se dio en el marco de un acuerdo firmado entre el Congreso y la Corte en 2016, según el cual una comisión fiscalizará estas actividades “para garantizar estándares de imparcialidad y transparencia institucional, y la actualización permanente de los métodos más eficientes para prestar asistencia contra el crimen organizado en los planos nacional y trasnacional”.
Hasta la firma de la Resolución Conjunta de ambas Cámaras, esa tarea no tenía responsable directo.
La Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso está compuesta por siete senadores y siete diputados.
La Comisión está presidida por el diputado oficialista Leopoldo Moreau y compuesta por sus compañeros de bancada: Blanca Osuna, Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdéz; y por los senadores Oscar Parrilli, Martín Doñate, Sergio Leavy y Gerardo Montenegro.
Por la oposición, se designó a los senadores Juan Carlos Marino (vicepresidente de la Bicameral), Oscar Castillo y Pamela Verasay; y los diputados José Cano, Cristian Ritondo y Sebastián García De Luca.
La disputa por el control de las escuchas
En marzo de 2015 el gobierno kirchnerista había modificado la Ley de Inteligencia Nacional y le entregó así a la Procuración General la oficina encargada de las escuchas telefónicas que hasta ese momento estaba bajo la órbita de la ex SIDE.
De esa manera, la “OJ” como se la conocía en aquel entonces, pasó a ser manejada por la procuradora Alejandra Gils Carbó.
A su vez, cuando asumió la presidencia, Mauricio Macri dictó un decreto de necesidad y urgencia ordenando un nuevo traspaso, esta vez a la Corte Suprema de Justicia, que para tal fin creó la Dirección de Captación de Comunicaciones del Poder Judicial de la Nación.
Esta dependencia tiene como objetivo interceptar o captar comunicaciones privadas de cualquier tipo ordenadas por jueces y solicitadas por fiscales.
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