
Una pulseada por una megaobra pública que involucra a Mendoza y otras cuatro provincias desencadenó un fuerte reproche del presidente de la UCR y ex gobernador provincial, Alfredo Cornejo, quien acusó al Gobierno de “perjudicar” a la provincia. El dirigente radical se animó incluso a coquetear con apoyar a una especie de #MendoExit, como ocurrió con el Reino Unido con la Unión Europea, al afirmar que la región “tiene todo para vivir como un país independiente”.
“La verdad que no me gusta separarnos de la Nación, pero ellos están obligando a Mendoza a autoafirmarse en sus propios valores e identidades”, alertó el predecesor del gobernador Rodolfo Suárez.
El enojo de Cornejo se desencadenó a raíz de un conflicto interjurisdiccional por la megaobra Portezuelo del Viento. El proyecto es la mayor obra de ingeniería eléctrica que se instalaría en Mendoza, con una capacidad de generación prevista de 210 MW, y está emplazada sobre el río Grande, el más caudaloso de la provincia, cuyo recorrido atraviesa las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Río Negro y Neuquén. Su construcción iba a ser licitada por la provincia en los próximos días.
En el marco de esa iniciativa, los gobernadores Sergio Ziliotto (La Pampa), Arabela Carreras (Río Negro), Omar Gutiérrez (Neuquén) y Axel Kicillof (Buenos Aires) solicitaron la realización de un estudio de impacto ambiental sobre toda la cuenca del río Colorado, y la convocatoria a las audiencias públicas, como condición para aprobar la realización del proyecto. Esos distritos temen ser perjudicados por una eventual disminución del caudal del río, con las posibles consecuencias económicas y sociales que traería esa baja al desarrollo de sus regiones.
Según Cornejo, la demora para el avance de la obra es impulsada por el Gobierno nacional, que “lo hace por maldad” y con el único objetivo de “perjudicar a Mendoza” ya que “enderezó a tres provincias para que votaran distinto a lo que habían votado antes”. El comentario apunta a que los gobiernos de Río Negro, Neuquén y Buenos Aires en los últimos meses cambiaron su postura y adhirieron al pedido de La Pampa, que en soledad reclamó por años a que se haga un estudio de impacto ambiental de la cuenca del Río Colorado (EIAR).
“Como decía Winston Churchill, creo que la Nación nos ofrece como política la deshonra o la guerra. (Lo que queremos nosotros) no es guerra, es exigir lo que es nuestro”, puntualizó Cornejo en declaraciones a radio Nihuil.
“Mendoza tiene todo para vivir como un país independiente, pero no lo tiene hoy. Hoy necesita de la Argentina y la Argentina lo perjudica en la calificación de riesgo, en el acceso de crédito internacional, para traer inversiones, etc. Podría ser un país pero con un programa común de su elite política empresaria para desarrollar ese camino”, señaló el ex gobernador al ser consultado sobre una convocatoria en redes sociales, que fue impulsada con la consigna #MendoExit, en una suerte de paralelo de la separación económica que tuvo el Reino Unido con la Unión Europea.
Si bien apuntó que “estamos lejos de tener autonomía con nuestra actual estructura productiva”, Cornejo advirtió que “hay que empezar a pensarlo seriamente”. En la misma línea, se mostró de acuerdo con la decisión del actual gobernador mendocino, Rodolfo Suárez, de seguir adelante con la licitación y adjudicación de obra de Portezuelo.
“Se activo el mecanismo de Laudo Presidencial ante la insistencia de La Pampa de un nuevo EIAR, acompañada por las otras provincias. Vamos a defender PDV (Portezuelo del Viento) en todas las instancias que sea necesario”, dijo Suárez en su cuenta de Twitter.

La semana pasada, el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, se reunió con los gobernadores de las cinco provincias que integran el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco) para tratar el avance de la megaobra. En ese marco se expresaron los reparos de las cuatro provincias, para que se presente un informe ambiental y se evalúe su impacto antes de la concreción de la obra.
”El presidente Alberto Fernández fue claro en el sentido de que trabajemos para propiciar el acercamiento de las provincias, y hoy empezamos”, indicó el ministro De Pedro al concluir la reunión.
Según las reglas del comité, si las propuestas no tienen unanimidad de todos los integrantes, es el Poder Ejecutivo el que dirime en condición de árbitro, en este caso el propio presidente Alberto Fernández, con la pronunciación de un laudo. Y por ahora el Gobierno acompaña las gestiones de las otras cuatro provincias, mientras siguen las negociaciones.
La decisión del Gobierno fue en dirección contraria al laudo decretado en 2018, cuando el presidente Mauricio Macri autorizó la construcción de la central hidroeléctrica. Por ese entonces, La Pampa demandó ante la Corte Suprema para que se anule lo resuelto por Mauricio Macri, pero el litigio no prosperó y el máximo tribunal no habilitó el reclamo.
Con el recambio de poder y del signo político en las elecciones de 2019, los gobernadores de Río Negro, Neuquén y de la Provincia de Buenos Aires apoyaron los reclamos históricos de La Pampa, para que se vuelva a auditar el proyecto hidroeléctrico. Ya había existido un informe de impacto ambiental realizado por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y la Universidad Nacional del Litoral, y que aprobado por el Coirco en marzo de 2019.
En total, la obra demandará una inversión superior a los 1123 millones de dólares. De las tres cuotas que Nación ya le giró a Mendoza por la obra, dos de ellas fueron realizadas por la gestión de Alberto Fernández. De acuerdo a la programación de desembolsos firmada Cornejo con la gestión de Macri, en 2020 la Provincia debería recibir una suma de USD 78,6 millones en cuatro cuotas.

“Mi opinión es que la van a seguir trabando. Y espero que no traben los pagos porque si eso pasa hay que ir a la Justicia a ejecutar cada una de las cuotas que nos deben”, indicó Cornejo. Por su lado, el senador provincial del Frente de Todos Lucas Ilardo confirmó que “está seguro” que la Nación abonaría el próximo pago comprometido y “que eso no debe ser una preocupación”.
Lo cierto es que al interior del oficialismo hay señales contradictorias. El Frente de Todos designó al pampeano Javier Schlegel al frente del comité COIRCO, en una señal de apoyo a los reclamos del gobernador Ziliotto. El propio Alberto Fernández dijo, en una de las visitas a La Pampa, que no iba a financiar “una obra cuestionada por cuatro de las cinco provincias”. En enero, el gobernador pampeano había insistido en una demanda contra Mendoza y Nación para que no comience la obra hasta que no haya un nuevo estudioambiental y se realicen audiencias públicas.
Sin embargo, la principal referente del Frente de Todos de Mendoza y espada legislativa de Cristina Kirchner, Anabel Fernández Sagasti, apoyó la construcción de la obra y respaldó que la salida sea negociada. “Portezuelo del Viento es una obra con la que estamos ilusionados y que es muy importante para los mendocinos, sobre todo para los habitantes del sur de nuestra provincia. Esperemos que el gobernador pueda generar las condiciones para que podamos seguir avanzando en su concreción”, manifestó.
Más allá de las tensiones y los apoyos locales del Frente de Todos, el diputado Alfredo Cornejo desconfía de las intenciones del Poder Ejecutivo: “El problema es político. El gobierno tiene el objetivo de perjudicar a Mendoza. No hay otra lectura que esa”.
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