El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi ordenó este jueves una serie de operativos que le había pedido el fiscal Jorge Di Lello en el edificio de la Jefatura de Gabiente en el marco de una investigación contra el ex responsable de esa área, Marcos Peña, y la ex vicepresidenta Gabriela Michetti por negociaciones incompatibles con la función pública.
El procedimiento se llevó a cabo en el ex edificio de Somisa, en Diagonal Sur y Belgrano. Bajo la modalidad “orden de presentación”, el juez dispuso recabar la información de todo los expedientes en torno a la supuesta contratación irregular de empresas publicitarias ligadas a Cambiemos durante el gobierno de Mauricio Macri y por presuntas irregularidades en el manejo de la publicidad oficial.
Di Lello imputó a Michetti, Peña y el ex secretario de Comunicación Pública del gobierno de Macri, Jorge Grecco, y a un grupo de funcionarios y empresarios. En su dictamen, afirmó que los hechos denunciados demostrarían que durante el gobierno de Macri, y a través de la firma de un decreto por parte de Michetti, se desligó a la agencia de noticias Télam del manejo de la publicidad oficial y se traspasó esa gestión a la jefatura de Gabinete, desde donde se habría contratado, sin concurso alguno, a empresas vinculadas a Cambiemos.
Los otros imputados son Ezequiel Lucas Colombo Marrón, ex subsecretario de Comunicación y Contenidos de Difusión; Lucía Aranda, ex directora Nacional de Contenidos; Fernando Ernesto Britos, ex director de la Delegación Legal de la Dirección Nacional de Publicidad Oficial de la Secretaría de Comunicación Pública; y María Evelyn Tarsitano, ex coordinadora de la Dirección de Contrataciones y Suministros.
De acuerdo a la denuncia, habría existido “una estructura montada por funcionarios nacionales para favorecer a las empresas mencionadas, mediante la utilización de la figura del ´legítimo abono´ en contrataciones de forma habitual, eludiendo las normativas administrativas en la materia y dejando a la empresa estatal Télam sin una de sus labores esenciales como era la realización de campañas publicitarias oficiales”.
La denuncia había sido presentada por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas al analizar distintas contrataciones que llevó adelante la Jefatura de Gabinete de Ministros en el período 2016-2019, que fueron adjudicadas sin concurso a Aura Advertising SA, La Comunidad SA, Circus BA SA y Power República SA” .De acuerdo esa presentación, las firmas habrían obtenido un beneficio total de $22 millones.
Las empresas beneficiadas con publicidad oficial, dice el dictamen, “serían las mismas que participaron en el desarrollo de las campañas publicitarias de la coalición política Cambiemos en el marco de la contienda electoral” que llevó a Macri a la Presidencia de la Nación en el año 2015. También “habrían sido las encargadas de desarrollar la publicidad oficial de otros distritos gobernados por el mismo signo político, como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Vicente López”.
En ese marco, sostuvo la denuncia, “los funcionarios de la Jefatura de Gabinete de Ministros impulsaron la modificación del decreto 984/2009, el cual otorgaba exclusividad a Télam SE en el desarrollo de la publicidad oficial”. Ello fue logrado a través del dictado del decreto número 978/2016, que fue suscripto por la entonces vicepresidenta a Michetti (a cargo del Poder Ejecutivo Nacional), motivo por el cual también fue denunciada.
Según la PIA, a fin de lograr la adjudicación directa de contratos millonarios a las empresas publicitarias vinculadas al partido, utilizaron un artilugio legal previsto en materia de contrataciones públicas que no resultaría aplicable a los expedientes analizados.
De esta manera, dijo la procuración denunciante, las contrataciones se habrían adjudicado de modo directo, esto es, sin concurso de precios y sin permitir la competencia de otras empresas que pudieran mostrarse interesadas y -eventualmente- ofrecer el cumplimiento de las prestaciones por un monto más beneficioso para el Estado. También se observaron pagos realizados por el Estado a las mismas empresas, sin la celebración previa de un contrato y en clara violación a la normativa de contrataciones públicas.
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