
Con la exposición en la Cámara de Diputados bonaerense de Julio Alak, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, mañana a partir de las 14 se pondrá en marcha una serie de reuniones que tienen como objetivo principal realizar modificaciones al Código Procesal Penal, entre ellas, tratar la Ley de Víctimas.
Si bien la normativa, que lleva el número ley 27.372, fue sancionada por el parlamento nacional el 21 de junio de 2017 y reglamentada el 13 de julio del mismo año, la Legislatura bonaerense hasta ahora no había adherido a ella, tal como lo habilita el primer artículo que establece: “Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de interés social, se aplicarán en forma sustitutiva y complementaria al Código Procesal Penal de la Nación y a cualquier otro ordenamiento procesal penal de provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que adhieran a la presente”.
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Esta ausencia permitía, por ejemplo, que los jueces dejen en libertad anticipada a delincuentes sin que los damnificados o familiares de delitos atroces, como asesinatos, femicidios o violaciones, sean notificados y se enteren por las noticias, como ocurrió con el festival de prisiones domiciliarias y otros beneficios que recibieron los reclusos con la excusa del coronavirus, medidas sobre las cuales jueces y fiscales debieron dar marcha atrás por los acalorados reclamos de la sociedad.
En su artículo quinto la ley Nacional de Protección a las Víctimas dispone, específicamente, que “la prisión o la posterior puesta en libertad del condenado, así como la eventual fuga del mismo”, deben ser comunicadas antes a las querellas y que “también se comunicarán las libertades transitorias emergentes del régimen progresivo de ejecución de la pena, así como las variaciones sustanciales de las condiciones de encierro”, lo que no ocurre en el territorio bonaerense.
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Entre otros beneficios, las víctimas podrán acceder a asesoramiento legal gratuito, algo que sí tienen los imputados o los sospechosos de un delito -como por ejemplo un abogado oficial-, pero que no gozan de esa facilidad las víctimas que en muchos casos no pueden litigar contra los asesinos de sus hijos o seres queridos por no contar con recursos económicos como para poder solventar los honorarios de un letrado privado.
La ley cambió el paradigma sobre el rol de las personas que atraviesan el trauma de un delito: las pone en el centro, con una perspectiva en derechos humanos que hasta hace casi tres años no tenían.
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Según le adelantó a Infobae el diputado Jorge D’Onofrio, el mismo jueves quedará conformada la Comisión Bicameral -que él presidirá-, que se abocará al tema de las modificaciones al Código Procesal Penal y que tendrá como uno de sus objetivos darle participación a los damnificados a la Asociación de Magistrados y a los colegios públicos de abogados “para poder tener no solo la mejor ley sino fundamentalmente una normativa que sea aplicable”.
Alak expondrá ante las comisiones conjuntas de Asuntos Constitucionales y de Seguridad. La reunión comenzará con el ministro exponiendo sobre la desbordada situación carcelaria, que marca una cifra récord de internos en los penales y condiciones como superpoblación y hacinamiento.
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La reunión conjunta de las comisiones será cien por ciento a distancia, ya que en la Cámara Baja provincial se activaron los protocolos sanitarios después que el diputado Alex Campbell (Juntos por el Cambio) resultara positivo al coronavirus luego de haber estado en contacto con gente del entorno del intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde. El legislador es el ex secretario de Asuntos Municipales del Gobierno de María Eugenia Vidal y actualmente es de los alfiles de la ex gobernadora en el recinto.
En los primeros minutos del día de hoy Vidal anunció a través de su cuenta de Twitter que estaba infectada de COVID-19. El hisopado se lo hizo porque había estado en contacto con Campbell. El viernes pasado la ex mandataria provincial había estado reunida otros dirigentes de relevancia como el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.
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Tanto la Cámara de Senadores como de Diputados bonaerense busca avanzar con el debate en comisiones de diversos proyectos de Ley vinculados a la pandemia y a otros, como la Ley de Víctimas, para que las iniciativas lleguen con dictamen a la próxima sesión. El cronograma se iniciará hoy con la reunión virtual de la comisión de Salud.
También hará una exposición el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Agustín Simone. Además, de acuerdo a la planificación, mañana será el turno del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, y la semana próxima disertará la Ministra de Trabajo, Mara Ruiz Malec. La semana entrante será el turno de la ministra de Trabajo, Mara Ruiz Malec.
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“Atravesamos un momento crucial porque se acerca el pico de contagios y nos parece fundamental desde la Cámara de Diputados de la provincia tomar los recaudos para proteger la salud de los trabajadores y trabajadoras y minimizar el riesgo de transmisión”, explicó sobre la metodología de trabajo el diputado Federico Otermín, presidente del Cuerpo.
El 14 de mayo, la Legislatura bonaerense sesionó por primera vez en la historia en el formato de teleconferencia. En esa oportunidad lo hicieron los senadores. El sistema es similar al utilizado por el Congreso nacional.
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La oposición esperaba la presencia de Alak, aunque sea de manera virtual, para interrogarlo sobre la situación actual del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y los cambios que realizó en su cúpula después del motín en la Unidad Penal 23 de Florencio Varela, donde fue asesinado un interno durante la represión del levantamiento.

La emergencia carcelaria estuvo sobre la mesa del gobernador Axel Kicillof desde su asunción. Para intentar resolverlo creó la Mesa Interinstitucional de Diálogo. El objetivo principal es resolver los problemas de hacinamiento no solo en las cárceles, sino también en las comisarías. En diálogo con Infobae, el ministro Alak recordó que fue “durante la gestión de la gobernadora Vidal cuando se registraron los mayores incrementos poblacionales en las dependencias carcelarias".
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Aunque las Unidades Penales son un tema acuciante y se abordará mañana, el esfuerzo principal estará centrado en las posibles modificaciones que se introducirán al Código Procesal Penal, sobre todo en materia de inseguridad, una deuda con la sociedad que lleva años.
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