Quién es el abogado que fue a la Plaza de Mayo para protestar contra la extensión de la cuarentena

“Yo marché en contra de la cuarentena, contra el estado de sitio”. El que habla no es un comerciante, ni un representante político sino un abogado penalista que enseña en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y, hasta antes del 20 de marzo, caminaba los pasillos de Comodoro Py 2002, donde –justamente– se investigan las causas por la violación del aislamiento social, preventivo y obligatorio. En la tarde del feriado del lunes 25 de mayo, ese mismo abogado apareció en la Plaza de Mayo para protestar contra el confinamiento que impuso el coronavirus.

El abogado en cuestión es Mariano Silvestroni, que intervino en casos conocidos como la causa Cóppola, Cromañón o los cuadernos. Crítico de la Justicia de Mauricio Macri, Silvestroni dispara contra el aislamiento impuesto por el presidente Alberto Fernández en términos judiciales. Asegura que, desde el 20 de marzo, se suprimieron las garantías constitucionales de manera excepcional pero a contramano de lo que dice la Constitución Nacional porque el estado de sitio no fue dispuesto por el Congreso.

“Acá se derogó lisa y llanamente el artículo 19 de la Constitución que dice que todo lo que no está prohibido está permitido. Y como todos sabemos hoy en día todo lo que está expresamente permitido es lo que nos dicen cada 15 días el presidente Alberto Fernández, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y el gobernador Axel Kicillof. Es una barbaridad”, dice Silvestroni a Infobae.

Ayer, unas 200 personas llegaron a la Plaza de Mayo con banderas argentinas, pancartas y cacerolas. La movilización fue organizada principalmente a través de las redes sociales y varios usuarios también utilizaron este medio para denunciar que el gobierno nacional intentó impedirles llegar hasta la plaza con un cordón policial. Algunos terminaron serpenteando a los policías y la protesta se concentró frente al Cabildo. Aplaudieron gritando “libertad” y mostraban carteles pidiendo trabajar.

Entre ellos estaba el abogado penalista. Si bien reconoce que el coronavirus es un problema mundial y que en muchos países se llevaron adelante medidas sanitarias para evitar el contacto social, el abogado remarca que en la Argentina “la Constitución Nacional establece claramente cuándo procede suspender las garantías constitucionales frente a una cuestión excepcional y el único supuesto es el estado de sitio”. “El estado de sitio no lo puede dictar el presidente por un DNU. Lo tiene que dictar el Congreso porque el Congreso entró en funciones el 1 de marzo. Por más que el Gobierno diga lo que diga, el único supuesto excepcional para hacer es el estado de sitio”, resalta.

Cuando este medio le pregunta si no violó la cuarentena al ir a esa convocatoria en Plaza de Mayo, Silvestroni contesta: “No sé los demás. Yo fui a la marcha con un permiso otorgado por el Estado respetando la distancia social. Además me debo haber cruzado por lo menos con 60 o 70 policías. Si hubiese violado la cuarentena, algo me hubiesen dicho”. Es más, añadió, “el único que no mantuvo la distancia social conmigo fue un funcionario de Presidencia que me vino a encarar por las fotos que yo estaba tomando en el área del Cabildo”.

Silvestroni afirma que no sabe quién organizó la marcha, pero tampoco le importa. “Probablemente algunos de los concurrentes tengan alguna intencionalidad política. Yo no fui a una marcha fascista, como algunos quisieron mostrar. Los pocos medios que lo cubrieron no le fueron a preguntar a la gente que tenía cartelitos diciendo que quería trabajar. La mayoría de la gente que estábamos ahí estábamos protestando contra la supresión de las libertades”.

En lo personal, dice, el aislamiento lo afecta como a todo el mundo económicamente. Pero hace hincapié en su trabajo como abogado defensor. “Yo puedo decir cómo afecta esto a mis clientes. Todas las causas están paralizadas, por más que digan que la Justicia funciona en forma virtual. En el estudio teníamos al inicio de la cuarentena siete juicios orales en trámite en distintos fueros y jurisdicciones. Los siete están parados. Ni qué hablar de las causas que tramitan en instrucción que son muchísimas”.

“Pero yo no fui a esa marcha por mi cuestión personal. Lo peor de todo es cómo las personas en su cabeza naturalizaron el control absoluto. ¿Cómo se naturalizó que yo para ir a mi oficina a buscar una carpeta para hacer un escrito tengo que pedir un permiso y darle explicaciones a la policía, y la gente está atenta si puede salir a la calle y a partir de cuándo? ¿Cómo eso se naturaliza? Una vez que eso se naturaliza es muy difícil volver atrás. Y por eso es muy grave que este tipo de decisiones no hayan pasado por el filtro que establece la Constitución. Que no haya existido la intervención de los tres poderes: en primer lugar el Congreso, y en segundo el Poder Judicial, revisando la actividad del Ejecutivo y Legislativo”.

Según su opinión, los legisladores deberían hacer una denuncia penal por este escenario que interpreta un estado de sitio ilegítimo. “No lo puede hacer un simple abogado porque sería intrascendente. En todo caso deberían hacerla los legisladores a los que les usurparon la potestad constitucional. Pero ¿ante quién, si la Justicia está paralizada? Parece que todos están muy cómodos con esto”.