Tras las polémicas declaraciones de Ricardo Bussi, el Gobierno reclamó que Tucumán adhiera a la Ley Micaela

Después de un año y cinco meses sin ser promulgada, la denominada “Ley Micaela” aún no se aplica en la provincia de Tucumán. La normativa que busca capacitar a los funcionarios de los tres poderes del Estado en materia de violencia de género iba a ser tratada este jueves en la Legislatura local, pero el debate fue demorado hasta la semana que viene ante la resistencia de legisladores oficialistas y opositores.

El llamativo rechazo quedó en evidencia por los dichos del legislador de Fuerza Republicana, Ricardo Bussi, hijo del represor Domingo Bussi, quien generó indignación en las redes sociales al desconocer que existieran “casos de asesinatos por la condición de mujer” y negar la igualdad del hombre y la mujer. Ante la polémica, el gobernador de Tucumán, Juan Manzur, ratificó públicamente su respaldo al proyecto de adhesión a la Ley Micaela, y el gobierno nacional, a través de la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gomez Alcorta, sumó su reclamo.

“El rechazo a la adhesión de Tucumán a la Ley Micaela del diputado Bussi nos hace retroceder en derechos y en el camino hacia una sociedad libre de violencias por motivos de género. Cuando se trata de la vida de las mujeres y diversidades no hay opciones ni términos medios”, sostuvo Alcorta en su cuenta personal de Twitter. “Tucumán es la última provincia sin adherir a la Ley Micaela. Parte de los problemas estructurales que todos sabemos es que las respuestas estatales que frente a una mujer que esta pidiendo ayuda ante una situación de riesgo es deficitaria. Esta ley busca trabajar contra esos déficit, y nos preocupa las resistencias que hay. Es una ley que nos va a ayudar muchísimo con un problema muy grave en nuestro país”, agregó en declaraciones a la prensa.

La figura del femicidio que desconoció Bussi fue incorporada en noviembre 2012 al Código Penal, a través de la ley N° 26.791 como agravante del delito de homicidio. Con la irrupción del movimiento #NiUnaMenos y el aumento de las denuncias de violencia machista, el Congreso sancionó en 2018 la “Ley Micaela” para reforzar la aplicación de la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. La normativa está inspirada en Micaela García, la joven feminista y militante del Movimiento Evita que fue asesinada en 2016 en la provincia de Entre Ríos.

La violencia de género no escapa a la realidad tucumana. Según el Registro Único de Femicidios de la provincia de Tucumán, en todo 2020 se registraron unos 8 femicidios; de los cuales los últimos 5 durante el período de aislamiento obligatorio por la pandemia. Al igual que en otros puntos del país, la cuarentena también puso en evidencia un incremento de las violencias hacia las mujeres en el ámbito doméstico. Un relevamiento de la secretaría de Derechos Humanos arrojó que aumentó un 60% las consultas, según pudo confirmar Infobae. La atención de las denuncias se producen en los siete días de la semana y durante las 24 horas al Cuerpo de Abogados para víctimas de violencia contra la mujer, fiscalías especializadas y juzgados de familia provinciales.

A pesar de la demanda social, la Legislatura local se resiste a adecuar el marco normativo provincial a las leyes nacionales. De pensamiento conservador, Bussi es uno de los portavoces de la embestida local contra la ley de capacitación obligatoria por estar fundada -asegura- en una perspectiva “sesgada y feminista". “Conozco hombres que han asesinado mujeres por celos, por envidia, por depresión, por drogas, pero no por el hecho de ser mujer”, sostuvo ayer en un reportaje en la FM FutuRock. El legislador ya había dado la nota durante la pandemia: fue denunciado por propagar coronavirus en la Legislatura ante la aparición de los primeros síntomas.

Con su misma visión, Nadima Pecci -compañera de bancada en Fuerza Republicana-, presentó el 5 de mayo un proyecto de ley que se opone a la adhesión de la Ley Micaela. El texto cuenta con la firma de Ricardo Bussi. Pero el oficialismo del Frente de Todos tampoco se queda atrás. El presidente subrogante de la Legislatura y ex ministro de Gobierno y Justicia del gobernador Manzur, Regino Amado elevó un borrador alternativo que desnaturaliza la normativa original, al incorporar la cláusula de “objeción de conciencia” a las capacitaciones y excluye las violencia gineco-obstétrica. Además, le quita el control al Ministerio de Mujeres en la formación.

Esa adaptación regional de “consenso” cuenta con las firmas de los legisladores oficialistas Sandra Mendoza y Victor Deiana, junto a las de Walter Bernarducci y Raúl Albarracín, de Juntos por el Cambio. Para la próxima sesión de la próxima semana habrá cuatro proyectos presentados en el recinto, de los cuales dos de ellos tienen dictámenes de comisión.

“Hay un compromiso de la Legislatura de tratar la adhesión a la ley Micaela desde el año pasado. La dilación en su debate hizo que se presentaran nuevos proyectos que buscan cambiar el espíritu de la ley”, señaló a este medio Erica Brunotto, secretaria de Derechos Humanos del gobierno de Tucumán. "Los legisladores republicanos plantean que hay un contenido ideológico ultra feminista y abortista y se oponen a un supuesto adoctrinamiento. El desconocimiento es bochornoso desde que confunden perspectiva de género con ideología de género; hasta llegar a negar la existencia de los femicidios”, fustigó.

Ante las tentativas de tratamiento de la ley, unas 200 organizaciones de derechos humanos, sociales, y políticas y referentes del movimiento de mujeres y LGBT firmaron un documento en apoyo a la sanción de la ley. Por su lado, los padres de Micaela García, Néstor García y Andreas Lescano, replicaron su respaldo y agradecimiento al reclamo social.

“Quienes se elije ser detractores de la Ley Micaela no lo hacen desde sólidos argumentos legales ni técnicos, sino que lo hacen desde la negación de una problemática que se lleva la vida de nuestras hijas, hermanas, madres, compañeras y amigas. Nuestra sociedad sabe que la implementación de la Ley Micaela es una urgencia pública ante la violencia que sufren las mujeres y es una deuda ética con todas las que ya no están”, señalaron a través de un comunicado de la Fundación Micaela.

Más allá de las intenciones, la provincia cuenta con un historial de autonomía de cuño conservador y tradicionalista. Es el único distrito que aún tiene habilitada la enseñanza religiosa de manera obligatoria en las escuelas públicas. Con el debate en torno a la legalización del aborto, la Legislatura avanzó en un proyecto para pronunciarse como provincia “provida” y prohibir la interrupción del embarazo en casos de violación. Ese intento finalmente naufragó, pero coincidió con el leading case de Lucía, una niña de 11 años que fue obligada a parir por el Estado provincial a pesar de haber sido abusada por la pareja de su abuela.

Con esa tradición a cuestas, en el gobierno de Tucumán por ahora ratifican su voluntad en avanzar por el camino del Estado nacional. “El Poder Ejecutivo a través del gobernador Juan Manzur y de la ministra de Gobierno y Justicia Carolina Vargas Aignasse se ha manifestado por la urgente necesidad de que Tucumán adhiera lisa y llanamente a la ley Micaela, sin ningún cambio”, concluyó Brunotto.

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