El secretario de Derechos Humanos de la Nación Horacio Pietragalla, dirigente del sector que tiene a la vicepresidente Cristina Kirchner como cabeza visible en la coalición de gobierno del Frente de Todos, había presentado una petición ante la Cámara de Casación para solicitar la prisión domiciliaria del primer ex funcionario kirchnerista en admitir haber cobrado coimas: Ricardo Jaime. En los últimos tiempos Jaime ingresó a la lista de los que la dirigencia y la militancia kirchnerista denominan “presos políticos”. Su condena por coimero, en la que admitió que dos empresarios a los que debía controlar le pagaban por debajo de la mesa, se firmó durante el gobierno de Cristina Kirchner.
A partir de la revelación de la presentación del “amicus curiae” en favor de Jaime, también condenado y preso por su responsabilidad en la Tragedia de Once, trascendió que esa misma repartición había presentado pedidos por uno de los hijos del empresario kirchnerista Lázaro Báez, Martín Báez (antes de la pandemia) y por el dirigente social del kirchnerismo Luis D´Elía. D´Elía consiguió seguir cumpliendo su pena en prisión domiciliaria y un estudio le dio negativo de coronavirus. Báez aún sigue detenido.
Ayer la secretaría que encabeza Pietragalla, publicó un comunicado en el que aseguró que presentó “amicus curiae” en varios casos y siempre a pedido de los imputados que ven afectados sus derechos humanos.
Pero no sería el único tipo de gestiones que se realizan desde esa secretaría de Estado para conseguir la prisión domiciliaria de los llamados “presos políticos”.
En el caso en el que se abogó por la domiciliaria de D’Elía, condenado por la toma de la comisaría de La Boca en 2004, un funcionario de la secretaría de Derechos Humanos llamó a un despacho para recordarle a una jueza la presentación que habían hecho para morigerar la detención del dirigente.
El hecho sucedió antes de la cuarentena, el 18 de marzo, cuando la secretaria de la jueza de Tribunal Oral Federal Sabrina Namer recibió un llamado desde la secretaría de Derechos Humanos que encabeza Pietragalla Corti, en el que un funcionario le “recordó” que ellos como “amicus curiae”-amigo del Tribunal- habían pedido la prisión domiciliaria de D’Elía.
El pedido tenía como argumento principal los problemas de salud de D´Elía y que no había condena firme-según la posición del kirchnerismo a pesar de la confirmación de la condena por parte de Casación - y el funcionario le recordó a la secretaria de Namer que de no otorgar la medida podía recaer sobre la Argentina sanciones de organismos internacionales por no cumplir con los parámetros internacionales de respeto a los derechos humanos.
El llamado fue hecho por Mariano Przybyski, Director Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional, quien firmó, junto a Pietragalla Corti, el “amicus curiae” presentado para pedir la prisión domiciliaria de Jaime, quien está en juicio oral y público por varios casos de corrupción incluido el de su enriquecimiento ilícito.
Lo que no sabía el funcionario es que cuando hizo el llamado para recordar el interés del Gobierno en el caso de D´Elía, ya era tarde porque Namer ya había rechazado el pedido de arresto domiciliario del dirigente kirchnerista. Lo que tampoco seguramente esperaba el funcionario es que el llamado quedara registrado y así fue.
Es que al tomar conocimiento del llamado de un funcionario del Poder Ejecutivo cuentan en el entorno de la jueza que inmediatamente ordenó que quede registrado el llamado pero además libró un oficio al titular de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación Horacio Pietragalla Corti haciéndole saber del “llamado inapropiado”. La traducción del lenguaje judicial al popular de la frase “llamado inapropiado” es “apriete”.
Fuente: NA
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