La Justicia de la provincia de Buenos Aires promueve que jueces y fiscales donen el 20 por ciento del sueldo por el coronavirus

La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires dispuso crear un sistema de aporte solidario para enfrentar los efectos económicos del coronavirus: no solo decidió ajustar los gatos en la compra de insumos, sino que promovió que los magistrados y funcionarios donen un 20 por ciento del sueldo para contribuir a la emergencia sanitaria. La Procuración General bonaerense, jefe de los fiscales, acompañó la medida y dictó una resolución con instrucciones para implementarla.

Según precisaron a Infobae fuentes judiciales, la iniciativa afecta a 2.576 magistrados y funcionarios, “más allá de que queda abierto para cualquier otro agente de la administración de justicia que quiera colaborar”. Esos fondos serán donados al Ministerio de Salud provincial o instituciones de bien público.

La resolución, firmada este miércoles y que empezó a regir a partir de hoy, indica que el objetivo es impulsar un programa de medidas de austeridad en todo el ámbito de la Administración de Justicia provincial, a fin de solventar la adquisición de insumos necesarios para atender la emergencia pública en materia sanitaria por la pandemia de coronavirus (COVID-19).

En ese ajuste, aparece la suspensión del pago de viáticos y que los “magistrados y funcionarios de Tribunal con cargo asimilable, que dispongan de equipo de telefonía celular asignado, deberán reintegrar el importe de las facturas". La prioridad de gastos, dijeron, estará para “las contrataciones para adquirir bienes y servicios en el marco de la emergencia sanitaria” en busca del “resguardo de la salud de los trabajadores”

En cuanto al Sistema de Aporte Solidario, se establece que estará constituido con aportes voluntarios que pueden alcanzar un 20% del Sueldo básico de los Magistrados de la Suprema Corte de Justicia; jueces del Tribunal de Casación; Cámaras de Apelación y de primera instancia; como así también de funcionarios de alto rango del servicio de justicia. Y de un 15 por ciento de los haberes básicos de las categorías de funcionarios más bajas (entre los Niveles 20 y 21 de la escala salarial vigente).

Esos fondos serán destinados al Ministerio de Salud de la Provincia y a instituciones de bien público provincial dedicadas a la atención sanitaria por la pandemia de coronavirus (COVID-19).

Entre los fundamentos de la Resolución 014/20 firmada por el presidente Eduardo de Lázzari con acuerdo de todos los ministros de la Suprema Corte y adhesión de la Procuración General, el tribunal expresó que es consciente del esfuerzo que la generalidad de los magistrados ponen cotidianamente al servicio de la función judicial incluso durante esta grave emergencia; como también lo es del rezago que tienen sus remuneraciones comparadas con otras jurisdicciones del país. Sin embargo -se añadió- ante el “duro trance que enfrenta la sociedad argentina elevadas razones de interés público tornan aconsejable instar el mecanismo solidario”.

Entre las medidas de austeridad tomadas, la Suprema Corte de Justicia decidió instrumentar un programa de medidas de austeridad del gasto, tendientes a generar el ahorro de partidas que pudieran complementar dicho Fondo Solidario, entre ellas se destaca la de “congelar la cobertura de cargos existentes al 31 de marzo del corriente año, con excepción de aquellas situaciones valoradas por Tribunal como necesarias a la prestación del servicio de justicia”, y “suspender las puestas en funcionamiento de órganos jurisdiccionales y dependencias, con excepción de aquellos que cuentan con inmuebles propios y/o inmuebles ya locados”.

Se frenó además la compra de “inmuebles, automotores y bienes de capital, con excepción estos últimos de aquellos indispensables para la puesta en funcionamiento de órganos jurisdiccionales que cuenten con fecha de inicio de actividades aprobada por este Tribunal” y la compra de nuevo “material destinado a las bibliotecas del Poder Judicial”

También se suspendió “el pago en concepto de viáticos y movilidad para las comisiones de servicios que no sean expresamente indispensables autorizadas por el Tribunal”, y el pago “de horas cátedras que se abonan en el marco de las actividades del Instituto de Estudios Judiciales, con excepción de aquellas en concepto de cursos dictados mediante modalidad virtual, y de las ya programadas en el marco de la implementación de la Ley Micaela de capacitación obligatoria en género”.

Sobre los celulares, la Corte bonaerense estableció que “los Magistrados y funcionarios de Tribunal con cargo asimilable, que dispongan de equipo de telefonía celular asignado, deberán reintegrar el importe de las facturas, durante el período que dure la situación de emergencia sanitaria” y aclaró que “no están comprendidos en este punto los equipos dispuestos para los organismos judiciales de turno o en guardias”.

Desde la Procuracion bonaerense, a cargo de Julio Conte Grand, también se dictó una resolución en los mismos lineamientos en donde se encomendó “al Fiscal del Tribunal de Casación de la Provincia, al Defensor del Tribunal de Casación de la Provincia, a los Fiscales Generales, a los Defensores Generales, a los Asesores Coordinadores, a la Curadora General y a los Secretarios de la Procuración General, la implementación de las medidas tendientes a garantizar la aplicación de la presente en su respectivo ámbito competencial”.