El imponente edificio había sido pensando como un centro de transbordo, con capacidad para 920 autos. El proyecto original, lanzado en el segundo mandato de Cristina Kirchner, apuntaba a conectar a los dueños de las cocheras con un tren “vip” y con líneas de colectivos de corta y media distancia. Pero todo quedó en la nada. El “tren vip” a Pilar nunca se concretó y el edificio terminó embargado por la Justicia en la causa judicial donde están procesados la viuda y el hijo de Pablo Escobar Gaviria. Ese expediente investiga las inversiones locales del narco colombiano José Bayron Piedrahita Ceballos, actualmente detenido en Estados Unidos y vinculado a la Oficina de Envigado, la organización que sucedió al Cartel de Medellín. Ahora, con la crisis del coronavirus, el edificio y el predio que lo rodea se transformarán en un centro de logística. También se utilizará para hacer chequeos médicos, aunque no será un lugar para tratar pacientes infectados.
La Municipalidad de Pilar arrancó este lunes con los trabajos para reacondicionar el lugar, mientras espera una orden del juez federal de Morón Néstor Barral y la autorización de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). “Se está formando el trámite pero la urgencia sanitaria permite que podamos empezar los trabajos”, dijeron fuentes de ese municipio.
El predio tiene una ubicación privilegiada: está en el kilómetro 46,5 de la Panamericana (ramal Pilar), a metros de la autopista y muy cerca de varios hospitales.
“El proyecto consiste en preparar el lugar para establecer un centro de operaciones conjuntas de competencia interdisciplinaria entre las áreas de Seguridad, Salud e Infraestructura”, publicó la Municipalidad de su cuenta de Twitter. Sin embargo, fuentes municipales aseguraron a Infobae que también se van a poder hacer chequeos por el coronavirus.
En el predio que rodea el edificio -de 6.000 m2 y seis pisos- se van a armar estructuras modulares para poder diagnosticar y derivar a los centros correspondientes. “Hoy esa función se está realizando a través de las ambulancias de SAME. La idea es que la gente pueda llegar al lugar por sus propios medios y luego derivar los casos correspondientes”, explicó una alta fuente del Municipio.
El predio forma parte de los bienes embargados en la causa judicial contra Piedrahita Ceballos pero pertenece al empresario y abogado argentino Mateo Corvo Dolcet.
El colombiano compró acciones de dos empresas de Corvo Dolcet. “En el caso de Insula Urbana llegó a detentar un 10,60% del paquete accionario. En la segunda, Pilar Bicentenario, (dueña del edificio de cocheras) el 2,86%”, admitió el abogado argentino en una entrevista con Infobae.
Los nexos entre el abogado argentino y Piedrahita Ceballos fueron la viuda de Escobar, María Isabel Santos Caballero, y su hijo, Sebastián Marroquín. El colombiano lo admitió a mediados del año pasado, cuando los fiscales del caso le tomaron declaración en Miami bajo la Ley del Arrepentido.
El juez procesó a Corvo Dolcet porque entiende que los fondos invertidos por Piedrahita provenían del narcotráfico. Pero el abogado asegura que recién se enteró de los negocios del colombiano a partir de su detención.
Ante la decisión del Municipio de utilizar el predio, el abogado le dijo a Infobae que “la sociedad Pilar Bicentenario no fue consultada por ningún organismo público respecto a facilitar el uso temporario de su tierra” y destacó que “el Juez penal carece de potestades legales para disponer siquiera transitoriamente del inmueble porque la sociedad promovió su concurso preventivo”. No obstante, aseguró que al sociedad dueña del predio “está dispuesta a colaborar en la lucha contra la pandemia, pero dentro del marco de la ley y del respeto por sus derechos constitucionales”.
En la misma causa está procesado el ex jugador de Boca Mauricio “Chicho” Serna. La Justicia comprobó que le “vendió” varias propiedades en la Argentina a Piedrahita Ceballos, que luego fueron utilizadas por el empresario para comprar las acciones de las empresas de Corvo Dolcet. A cambio, Serna recibió propiedades en Colombia del narco.
Con los procesamientos confirmados hace más de un año por la Cámara Federal de San Martín, el expediente judicial se encamina al juicio oral.
El predio solicitado por la Municipalidad de Pilar para la crisis del coronavirus ya tiene un antecedente. En Salta, dos hoteles incautados a la organización narcocriminal conocida como “Clan Loza” serán utilizados por la provincia para el aislamiento de ciudadanos extranjeros que provengan de zonas afectadas por el COVID-19.
La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) resolvió el viernes entregar en forma temporal los inmuebles a la provincia de Salta. Fue tras un pedido del titular de la PROCUNAR Diego Iglesias, luego de que su colega de Salta, Eduardo Villalba, y el gobernador de esa provincia, Gustavo Sáenz, lo requirieran en el marco de la emergencia sanitaria nacional y provincial.
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