Tras la liberación de De Vido y Baratta, quiénes son los ex funcionarios kirchneristas que continúan presos

Este miércoles, el Tribunal Oral Federal 1 ordenó la excarcelación del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, quien cumplía arresto domiciliario con una pulsera electrónica en su casa de la localidad boanerense de Zárate desde diciembre pasado, por la causa de Río Turbio.

En ese expediente se investiga la existencia del desvío de fondos públicos en la reactivación de la mina de cárbon de Río Turbio, en la provincia de Santa Cruz, un presunto desfalco que rondaría la suma de 200 millones de pesos. La causa está en etapa de juicio oral y todavía no tiene fecha de juicio.

En este contexto, la Justicia entendió que no hay riesgos procesales para la causa si De Vido está libre.

La resolución firmada por los jueces Adrián Grünberg, José Michilini y Ricardo Basílico, los magistrados que tienen el caso Río Turbio. En ese expediente también está imputado Roberto Baratta, ex secretario de Coordinación del Ministerio de Planificación Federal, que estuvo preso por el mismo caso y recuperó su libertad en diciembre pasado.

Una vez conocida la decisión, De Vido dijo haberse “emocionado" cuando recibió la noticia de su liberación pero, al mismo tiempo, afirmó que está “conmocionado por los que aún siguen sufriendo en la cárcel”. “Me parece tremendo e injusto”, consideró en una entrevista con C5N al referirse a los ex funcionarios que aún siguen presos por causas de corrupción.

Actualmente, quedan al menos ocho referentes, ex funcionarios, sindicalistas y abogados aliados del kirchnerismo que continúan en prisión. Por ejemplo, Amado Boudou.

El ex vicepresidente de la Nación se encuentra detenido en el Penal de Ezeiza, cumpliendo una condena de 5 años y 10 meses de prisión tras ser encontrado culpable en agosto de 2018 por “cohecho pasivo” y “negociaciones incompatibles con la función pública” en la causa por corrupción de la ex Ciccone Calcográfica.

Recientemente Boudou manifestó que “no le pediría un indulto" al presidente Alberto Fernández, tras la polémica que se generó en el Gobierno por los ex funcionarios del kirchnerismo que están detenidos sin sentencia firme y que un sector del oficialismo sostiene que son “presos políticos”. En su lugar, "le pediría a la política argentina que revise las causas”, sostuvo.

Los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi también están alojados en el penal de Ezeiza.

En el caso de Jaime, fue condenado a ocho años de prisión por la Tragedia de Once y otros dos casos de corrupción: por haber recibido coimas de empresarios a los que debía controlar y por haber intentado robar pruebas en un allanamiento en la causa que se le sigue por enriquecimiento ilícito.

Por la acumulación de esas tres condenadas deberá estar detenido hasta el 4 de octubre de 2026, aunque podrá acceder a salidas transitorias el 4 de octubre de 2022 y podrá gozar de libertad condicional desde el 4 de febrero de 2024. Y desde el 4 de abril de 2024 podrá acceder al régimen de libertad asistida. Está detenido en una celda de Ezeiza desde el 5 de octubre de 2018. Hace unos pocos días, la Justicia le rechazó un pedido para acceder al beneficio de prisión domiciliaria.

Schiavi también fue condenado por la tragedia de Once y cumple condena de 5 años y medio de cárcel, fijada en octubre de 2018 por la Cámara Federal de Casación Penal. Sobre él además pesa una prisión preventiva en marco de una causa que investiga subsidios al transporte ferroviario, uno de los expedientes anexados al caso “cuadernos”.

Otro de los ex dirigentes que tuvieron un cargo en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner y hoyo está bajo arresto es José López. El ex secretario de Obras Publicas está preso desde junio de 2016 cuando llevó 9 millones de dólares a un convento de General Rodríguez. Recibió una pena de 6 años de prisión por enriquecimiento ilícito. En diciembre pasado, consiguió ser excarcelado en la causa de los cuadernos, gracias a las nuevas reglas del Código Procesal Penal.

López está en Ezeiza al igual que Lázaro Báez y Martín Báez. Estos últimos se encuentran detenidos acusados por lavado de dinero. También, por la misma causa, permanecen en prisión su contador Daniel Pérez Gadín y Jorge Chueco, bajo la misma acusación. En el segundo alegato de las querellas, la Unidad de Información Financiera (UIF) pidió hoy una pena de 9 años de prisión para Lázaro Báez y de 8 años para su hijo Martín.

Otro de los que actualmente habita el penal de Ezeiza es Luis D’Elía, en su caso detenido desde febrero de 2019 por la toma de la comisaría 24 de La Boca, un hecho que ocurrió en 2004.

El dirigente piquetero, que en 2006 estuvo al frente de Subsecretaría de Tierras para el Hábitat Social del Gobierno nacional, fue condenado a tres años y nueve meses de prisión.

La situación de Milagro Sala, la líder de la agrupación Túpac Amaru y diputada electa del Parlasur, es diferente a la del resto, ya que cumple su condena bajo el régimen de prisión domiciliaria y no en un complejo penitenciario. Ella fue sentenciada a cuatro años de cárcel por el delito de “lesiones graves” contra otros referentes sociales jujeños en 2006. La arrestaron el 16 de enero de 2016.

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