Con la media sanción de Diputados, el Gobierno logró este miércoles dos dictámenes para tratar la semana próxima en el Senado la reforma de las jubilaciones de privilegio. Mientras se mantiene la tensión con el Poder Judicial, y el Ejecutivo desmiente que se apunte a vaciar la justicia, este jueves se aceptaron cinco nuevas renuncias.
Según se publicó en el Boletín Oficial, los magistrados Marcelo Gonzalo Díaz Cabral (juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5 de San Martín); María Cristina Bertola (jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 16 de la Capital Federal); José Valentín Martínez Sobrino (juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 6 de la Capital Federal); y Silvia Nora Ramond (jueza del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 37 de la Capital Federal), presentaron sus renuncias. Además el Gobierno aceptó la dimisión del vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (Sala III), Miguel Omar Pérez.
Sus salidas, sumadas a las cinco que se oficializaron este martes y a las de otros hombres y mujeres del Poder Judicial, es porque no están de acuerdo con los términos de la iniciativa del Poder Ejecutivo que buscará ser sancionada el próximo jueves en el Senado, y que podría generarles un perjuicio económico en comparación con el régimen jubilatorio vigente en la actualidad.
En el plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión y de Presupuesto que se llevó a cabo durante la jornada de ayer se abordó las renuncias de los últimos días. Allí el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, aseguró que “esto no tiene ninguna intención de desguarnecer la administración de Justicia ni de expulsar a los jueces”. Por su parte, el ala radical de Juntos por el Cambio cuestionó el apuro del tratamiento de la ley, que no se haga un reforma más profunda y cuestionó las intenciones del Gobierno.
El senador Martín Lousteau dijo que el sistema previsional es deficitario porque “lo tocamos irresponsablemente sin ningún cálculo: un día los privatizamos, otro año lo estatizamos, en el medio le sacamos el 15% a las provincias, después moratorias, fallos judiciales, la movilidad, la suspensión de la movilidad y otra moratoria y la reparación histórica”. Y preguntó por qué "solo tocamos dos sistemas que solo implican el 7% del total de los regímenes especiales. No se entiende por qué solo llegamos hasta aquí. Por qué no nos damos el trabajo de discutirlo como corresponde”.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Magistrados Marcelo Gallo Tagle, advirtió que si este proyecto avanza “se desalienta la carrera judicial y el ingreso de los más idóneos”, y alertó que "los jueces se van por temor respecto a la seguridad jurídica”.
El proyecto de ley propone una reforma de las jubilaciones especiales de la justicia y el servicio exterior para disminuir el fuerte déficit que hoy tiene ese régimen especial. La propuesta del Gobierno establece una nueva fórmula para calcular el haber inicial que hoy es del 82 por ciento del último sueldo y que en el futuro se hará en base al promedio de los últimas 120 remuneraciones al valor actualizado.
El texto del proyecto con media sanción de Diputados también fija que podrán acceder a esta jubilación especial magistrados y fiscales, prosecretarios administrativos y jefes de despachos, y los miembros del servicio exterior.
Además, aumenta en forma gradual a 65 años la edad para acceder en el caso de los hombres al beneficio jubilatorio, pero mantiene en 60 años la opción para las mujeres.
Para acceder a este régimen de privilegio deberán haber trabajado 10 años seguidos en el Poder Judicial o 15 años en forma interrumpida de los 30 años que deberán haber aportado al sistema jubilatorio.
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