El Gobierno salió al cruce de Vandenbroele y puso en duda el destino de los fondos que recibió como arrepentido

El secretario de Justicia, Juan Martín Mena, cuestionó este jueves las entrevistas que dio el arrepentido Alejandro Vandenbroele a Infobae y a otros dos medios luego de la filtración de su legajo personal. “Se viola el primer principio (del Programa) que es la confidencialidad”, sostuvo el funcionario, aunque durante toda la entrevista opinó sobre los detalles de la vida del arrepentido en el caso Ciccone, que también debería resguardarse. Además, admitió que la ley que creó el Programa de Protección de Testigos prevé medidas de asistencia económica para los testigos, pero “no incluye un hotel o una posada”.

En la entrevista con este medio, Vandenbroele sostuvo que la filtración de su legajo es parte de una maniobra para intentar beneficiar al ex vicepresidente Amado Boudou y otros condenados. La sentencia de ese juicio ya fue confirmada por la Cámara de Casación y ahora está en manos de la Corte Suprema. “Mi declaración como arrepentido fue libre, no fue pagada por nadie”, dijo.

Según los documentos filtrados por el sitio El Destape, el 24 de agosto de 2018, un ex agente del Programa asignado en ese momento a Vandenbroele, Carlos Linsalata, pidió 1.500.000 pesos para que Vandenbroele invirtiera en un posada de Mendoza.

Sobre ese emprendimiento, Vandenbroele le dijo a este medio: “Yo alquilé una propiedad que hacía las veces de vivienda, una propiedad que ya estaba acondicionada como posada. Me solucionaba dos temas: mi reinserción laboral y vivir ahí. Esa propiedad la alquilé con la ayuda de mi familia. De hecho, familiares míos son garantes en ese alquiler. (…) El alquiler de la posada es muy posterior a mi declaración. Nadie me compró un hotel como salió en ciertos medios”.

Es la versión del arrepentido. Pero la última palabra será de la Justicia. Vandenbroele se reunió ayer con una defensora oficial para que se presente en el expediente que tramita en el juzgado que pertenecía al juez Claudio Bonadio y quedó a cargo de Marcelo Martínez De Giorgi, aunque en las últimas horas ese magistrado se lo mandó al juez Ariel Lijo, tal como había pedido la fiscal Paloma Ochoa.

En el Juzgado 11 también hay otra denuncia promovida por el todavía director del Programa, Francisco Lagos, un funcionario elegido por el ex ministro Germán Garavano.

Entrevistado por el mismo medio que filtró el legajo, Mena admitió que la ley que creó el Programa de Protección de Testigos prevé medidas de asistencia económica para los testigos, pero dijo que “no incluye un hotel o una posada”. Y agregó, en tono de broma, que el Programa parecía una “agencia de inversión”.

El funcionario -un referente del espacio de Cristina Kirchner en el Ministerio de Justicia- destacó que “las medidas (de asistencia) no pueden exceder los seis meses desde que se incorporó al Programa”. Sin embargo, el DNU que creó al Agencia de Protección de Testigos y estaba vigente hasta hoy permite que esa asistencia se extienda hasta los 36 meses. “Excepcionalmente, y mediando solicitud debidamente fundada por parte del director nacional de la mencionada Agencia, el juez o tribunal de la causa podrán autorizar que la asistencia se extienda hasta los 36 meses”, dice el artículo 5 del Decreto 795.

Mena también hizo hincapié en las entrevistas que dio Vandenbroele y habló de otros testigos que se “pasearon” por los medios. “Ayer dio tres entrevistas, hay otros casos que también se estuvieron paseando por los medios de comunicación, lo cual nos muestra que durante el gobierno anterior nada era serio”, dijo en clara alusión a Leonardo Fariña, que ya no forma parte del Programa.

Cerca de Vandenbroele dijeron a este medio que el mensaje “es intimidante” porque proviene de un funcionario del Ministerio de Justicia, que vuelve a tener el Programa de Testigos bajo su órbita. El ex titular de The Old Fund analiza por estas horas los pasos a seguir.

Fuentes del Programa y ex funcionarios de Cambiemos confirmaron a este medio que los arrepentidos no tienen prohibido dar entrevistas. “Se hace un análisis de riesgo previo, pero no hay prohibiciones”, dijo un ex funcionario.

Sobre el final de la entrevista, Mena fue consultado sobre si conoce otros casos como el de Vandenbroele. Pese a que había cuestionado el contenido de un legajo que debería ser secreto, respondió que “hay que velar por el secreto de las medidas”. “No tenemos conocimiento de otros casos, no debemos tener. Ninguna autoridad política debe conocer las medidas”, apuntó.

Críticas a los cambios en el manejo de los Testigos Protegidos

El bloque de diputados de la UCR salió hoy a cuestionar la derogación del decreto firmado por el ex presidente Mauricio Macri para crear la Agencia de Protección de Testigos. “Es parte del pacto de impunidad para proteger a quienes denunciaron la corrupción K”, señalaron a través de un comunicado.

“Cada decisión del Gobierno está pensada con una sola y lamentable finalidad: perpetuar la impunidad. Quieren callar y dejar desprotegidos a quienes se animaron a denunciar la estructura de corrupción K. No podemos cambiar las reglas de juego según el gobierno de turno, sino establecer bases sólidas para combatir la corrupción”, afirmó Gabriela Burgos, presidenta de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara baja hasta diciembre último.

En tanto, el diputado Luis Petri advirtió que la derogación del DNU "tiene consecuencias directas en las causas que investigan hechos de corrupción”.“Es un contrasentido que el encargado de brindar protección sea el mismo Poder denunciado”, agregó.