La fiscal Gabriela Boquin pidió el desplazamiento total del órgano de administración y que se nombre un nuevo interventor judicial en el marco del concurso de la empresa Correo Argentino. Asimismo pidió que, para el caso de que la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO) requiera el expediente para la realización de la pericia ordenada por el juez federal Ariel Lijo en la causa en la que está imputado el ex secretario de Comunicaciones Oscar Aguad, sea devuelto en un plazo no mayor de 5 días.
En su dictamen, la representante del Ministerio Público señaló que luego de más de 15 días de ordenado el salvataje de la sociedad comercial “durante este extenso lapso transcurrido la concursada perpetró actos de gravedad ligados al vaciamiento de la empresa violando lo dispuesto en la ley de Concursos y Quiebras”.
Ante esta situación –sostuvo la fiscal– la Justicia no puede permanecer indiferente, máxime cuando se han agravado las circunstancias que motivaron la designación en septiembre del año pasado de un coadministrador actuante. En ese sentido, destacó que se ha registrado un aumento del pasivo posconcursal sobre cuyo monto real no hay certezas. Al respecto, Boquin remarcó que en esta etapa podrían producirse otros actos que continúen agravando la situación patrimonial de Correo Argentino, disminuyendo su activo y perjudicando a los acreedores en caso de fracasar el cramdown (salvataje) que derive en una inmediata declaración de quiebra de la sociedad comercial.
Por tal motivo, solicitó que se designe por sorteo un nuevo interventor judicial y se disponga el desplazamiento total del órgano de administración hasta que finalice el proceso de salvataje.
Boquin denunció que la empresa ha desplegado una actividad procesal que puso en evidencia un uso abusivo del procedimiento concursal. Advirtió que la concursada ha estirado “de manera inadmisible y exasperante” los plazos procesales con la consiguiente licuación del pasivo afectando no sólo al Estado nacional sino a los restantes acreedores.
Además, en infracción a la ley de Concursos y Quiebras, celebró un contrato de locación de servicios y bienes con Sideco Americana y la compra del paquete accionario de la firma Neficor S.A. a Socma Americana S.A. sin obtener beneficio alguno.
La fiscal denunció también el presunto vaciamiento progresivo de la empresa mediante pagos que están cuestionados y en investigación. Según el dictamen de Boquin, se pagaron cifras millonarias en concepto de honorarios por asesoramiento legal concursal a estudios jurídicos de los cuales forman parte miembros del Directorio de Correo Argentino. Denunció además que hubo egresos por importantes sumas de dinero para pagar consultoras o empresas de publicidad que tienen alguna vinculación con los abogados de la concursada, con sus directores y apoderados. Todo esto, afirmó la representante del Ministerio Público, ha perjudicado a los acreedores y también al accionista minoritario que es el Estado nacional.
Entre las deudas posconcursales mencionadas por la fiscal Boquin figura la generada por la falta de pago del impuesto a las Ganancias y ganancia mínima presunta desde el año 2013 que rondaría los 600 millones de pesos, sobre lo que no ha informado nada el coadministrador.
Asimismo, advirtió Boquin, se ha generado un desmesurado pasivo posconcursal que ascendería –según el último informe de la Sindicatura– a $32.356.652. Ese importe incluye una deuda por locación de servicios y bienes a Sideco Americana S.A. por casi 3 millones y medio de pesos. La fiscal alertó de que en ese total no están comprendidos más de 50 millones de pesos correspondientes a los cánones por el período que va de febrero de 2016 a octubre de 2019.
“El régimen concursal no puede ser utilizado en forma abusiva, para que el deudor se libere de sus obligaciones mediante el pago de sumas insignificantes, evitando las consecuencias de la declaración de quiebra”, remarcó la fiscal Gabriela Boquin en su dictamen.
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