El asesinato de Fernando Báez Sosa a manos de una manada de rugbiers superó todos los límites de violencia vistos, en un verano que se caracterizó por los reiterados episodios de grupos de jóvenes participando de brutales golpizas. Este comportamiento irracional abrió el debate sobre por qué un grupo de adolescentes golpea hasta la muerte a un par que se encuentra indefenso: el rol de la familia, los valores que inculca el rugby, el componente clasista, la educación escolar, el consumo de drogas y alcohol, la seguridad de los boliches y la función del Estado a la hora de garantizar seguridad en episodios de este tipo. En este contexto y entre otras iniciativas, la Legislatura de la provincia de Buenos Aires presentó un proyecto de ley para que los clubes bonaerenses sumen a la práctica deportiva un sistema de capacitación y formación contra la violencia.
“El lamentable, trágico y repudiable hecho de violencia que conllevo el crimen de Fernando Báez Sosa, quedará en la memoria de nuestro pueblo como un punto de inflexión”, se expresó en el fundamento del proyecto, “pensado como una política pública a sostenerse en el tiempo que apunte a la formación permanente de las nuevas generaciones de jóvenes, deportistas de todos los niveles, avanzados o profesionales, y la población en general”.
La iniciativa que ingresó este martes a la Cámara Baja provincial, que tiene como fin prevenir y desalentar toda situación de violencia y discriminación ejercida por personas que participan activamente en instituciones deportivas y centros recreativos, fue presentado por la senadora bonaerense del Frente de Todos, Agustina Propato.
“Esta ley tiene como objeto proponer a las gestiones de clubes deportivos y recreativos de la provincia la capacitación de autoridades, comisiones, planteles docentes, alumnos y padres, respecto de la prevención de toda forma de violencia y discriminación”, describió la autora del proyecto que lleva la firma del presidente del Bloque de senadores del Frente de Todos, Gervasio Bozzano y de los legisladores Facundo Ballesteros, Ana Devalle y Francisco Durañona.
En relación a que la propuesta responde a los últimos episodios de violencia del que participaron grupos de adolescentes, Propato expresó a través de las redes sociales que “la realidad nos interpela a tomar medidas realizables en el corto plazo y trabajar para profundizarlas”.
El proyecto propone brindar capacitación de forma obligatoria y sostenida a dirigentes, referentes y personal de clubes de la provincia de Buenos Aires, para que cuenten con herramientas para combatir la violencia y la discriminación. En efecto, el homicidio de Báez Sosa contó con un factor xenófobo de acuerdo al relato de testigos que revelaron que tras la brutal golpiza, se escuchó decir a uno de los rugbiers: “A ver si volvés a pegar, negro de mierda”.
El senador Bozzano manifestó que los hechos de violencia “debemos abordarlos como sociedad, la prevención es fundamental y es una tarea de todos”. En ese sentido agregó que, para prevenir este tipo de hechos, “buscamos trabajar en conjunto con el Estado provincial, los municipios, los clubes y las asociaciones deportivas”.
De acuerdo a la iniciativa, deberán garantizarse instancias de capacitación periódica, que serán coordinadas y dictadas “por las áreas cuya misión y función sean relativas al deporte, al desarrollo de la comunidad, organismos administrativos de infancia y adolescencia, defensorías del pueblo, áreas municipales y provinciales especializadas”.
Además, se contempla que haya una persona o un equipo responsable encargado de articular las consultas y denuncias llevadas adelante, tanto por los asociados como por ajenos a los clubes que pudieran haber sufrido violencia por parte de sus integrantes.
La semana pasada, el Gobierno nacional anunció la pronta elaboración de un proyecto de ley para realizar capacitaciones obligatorias sobre violencia, que se van a dictar en el ámbito del deporte, las cuales también tendrán una perspectiva de género. La intención es “proponer un protocolo de capacitación y concientización, para prevenir situaciones violentas tanto dentro como fuera de las instituciones”, explicó Carmela Moreau, asesora de Jefatura de Gabinete.
Por su parte, las legislatura porteña y bonaerense trabajan sobre un proyecto para aplicar el concepto de “mano prohibida” a los jugadores de rugby y otros deportes. La iniciativa es de la abogada Valeria Carreras, del estudio de Fernando Burlando, quien asumió la representación legal de la familia Báez Sosa. Propuesta como “Ley Fernando”, la norma apuntará a establecer sanciones deportivas tanto para los involucrados como para los clubes. La iniciativa es trabajada por el legislador porteño del Frente de Todos, Leandro Santoro, y por el diputado bonaerense de Juntos por el Cambio, Daniel Lipovetzky, quienes resaltaron el “gesto para saltar la grieta” en un problemática que requiere la atención de todos los sectores.
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