En línea con la revisión de los principales lineamientos de la gestión anterior que el Gobierno implementó desde la asunción de Alberto Fernández, la Casa Rosada evalúa cambios al Decreto 70 de Mauricio Macri de enero del 2017 con el que endureció el control migratorio e intentó acelerar la expulsión de extranjeros que cometieron delitos en el país.
“En los últimos años se verifica una proporción sumamente baja en la relación existente entre la cantidad de expulsiones dispuestas por la autoridad migratoria competente, fundadas en la existencia de antecedentes penales, y las efectivamente concretadas. A su vez, la población de personas de nacionalidad extranjera bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal se ha incrementado en los últimos años hasta alcanzar en 2016 el 21,35% de la población carcelaria total. En relación a los delitos vinculados a la narcocriminalidad, se observa que el 33% de las personas bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal son extranjeros. Ello denota que la población extranjera detenida en dependencias del Servicio Penitenciario Federal por infracción a la Ley N° 23.737 está altamente representada entre los detenidos, teniendo en cuenta que, conforme el último censo nacional, la participación de la población extranjera como porcentaje de la población total es del 4,5%. Que como consecuencia de los controles implementados por la actual gestión de la Dirección Nacional de Migraciones se ha detectado en el último año una nueva modalidad de fraude a la ley migratoria, consistente en un uso abusivo y contrario a los fines de la ley del instituto de la residencia precaria. Que lo hasta aquí expuesto configura una situación crítica que amerita la adopción de medidas urgentes”, había escrito el gobierno de Cambiemos entre los argumentos del decreto firmado por todo el gabinete macrista y que fue defendido principalmente por la ministra Patricia Bullrich.
En la previa de la oficialización del decreto, la ministra de Seguridad había pedido “ordenar las relaciones con Paraguay, Perú y Bolivia” como excusa para endurecer los controles migratorios. Una medida que fue duramente cuestionada por el kirchnerismo.
Ahora, el Gobierno habilitó una ronda de consultas con organizaciones de la sociedad y organismos de derechos humanos, encabezados por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que le acercaron al Gobierno un documento con duros cuestionamientos al decreto de la anterior administración, al que pidieron desechar en forma “urgente” para “preservar los derechos de las personas migrantes”.
El tema está en manos del Ministerio del Interior que conduce Eduardo “Wado” de Pedro. Colaboradores del ministro le explicaron a Infobae que, efectivamente, se dio inició a una ronda de consultas pedidas por las organizaciones de la sociedad civil pero que aún no hay una posición tomada al respecto. “Se está escuchando a todos, todavía no hay una resolución en ningún sentido”, aclararon en el entorno del funcionario, que tiene a su cargo la Dirección Nacional de Migraciones, bajo el control de Florencia Carignano.
Entre el 2016 y el 2019 hubo 3.000 extranjeros deportados de la Argentina, el doble que durante el último mandato de Cristina Kirchner.
En marzo del 2018, la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, con la firma de los jueces Guillermo Treacy, Jorge Alemany y Pablo Gallegos Fedriani, declaró la “invalidez constitucional” del Decreto 70/2017 que modificó la Ley de Migraciones. El juez Ernesto Marinelli había fallado en contra del CELS –que hizo la presentación judicial– en primera instancia. El gobierno de Macri recurrió, después del fallo de cámara, a la Corte Suprema de Justicia, que todavía debe expedirse.
Mientras tanto, el gobierno de Fernández aún no terminó de definir qué hará con el tema.
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