La Cámara Comercial confirmó hoy el rechazo a la propuesta de pago que la empresa Correo Argentino le hizo al Estado nacional por su deuda y ordenó el proceso de “cramdown” para la compañía, que es la instancia previa a la quiebra.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que las juezas de la Sala B de la Cámara, María Alonso de Díaz Cordero y Matilde Ballerin, tomaron la medida que implica que ante la falta de acuerdo de pago el Correo Argentino pasa a una nueva instancia (cramdown) entre los acreedores y la empresa antes de decretar la quiebra de la compañía. Se trata de un proceso de salvajate que había sido solicitado por la fiscal de la Cámara, Gabriela Boquín.
“No habiendo sido obtenida la conformidad requerida al Estado nacional, no cabe más que confirmar la resolución de Primera Instancia en cuanto decide la apertura del Registro de cramdown”, resolvieron las camaristas.
La empresa le había propuesto al Estado nacional el pago de los 298 millones de pesos de capital en efectivo más los intereses de todos los años de la deuda, desde 2001 cuando la compañía dejó de pagar el canon. El Estado lo rechazó y pidió aclaraciones y más tiempo para dar una respuesta. Pero la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó a fines de septiembre el plazo y le ordenó a la Cámara Comercial que resuelva el caso.
La Cámara rechazó la propuesta del Correo en base a que el Estado no aceptó el planteo. "Cabe concluir que el acreedor de la categoría ´A´ no incurrió en actitud abusiva sino que se limitó a ejercer su derecho a no aceptar la propuesta de acuerdo de la deudora”, dijeron las camaristas en su resolución de 10 páginas. Así, dispusieron el salvajate de la compañía como paso previo a la quiebra.
El Correo fue privatizado en la década del 90, vendido a la familia Macri, pero en 2001 dejó de pagar el canon y comenzó a tener una deuda con el Estado nacional. Por la falta de pago, en 2003 el Estado reestatizó la compañía.
En el expediente comercial, el Estado y la empresa llegaron en junio del 2016 a un acuerdo de pago. Pero la fiscal Boquín lo objetó por “abusivo y perjudicial” para el Estado y pidió que sea rechazado. Sostuvo que implicaba una quita del 98,2 por ciento de la deuda porque no se le aplicaban intereses y así la condonación a la empresa alcanzaba 4.227 millones de pesos.
La empresa hizo una nueva oferta: el pago en efectivo de los 298 millones de pesos de capital más los intereses de todos los años de la deuda que se abonarían con los eventuales juicios que la compañía tiene con el Estado en el fuero contencioso administrativo federal.
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