Tras declarar durante más de 16 horas, Marcelo D’Alessio firmó un acuerdo con el fiscal de Dolores y quedó cerca de convertirse en arrepentido

Ahora, resta que se lleve adelante una audiencia con el juez Alejo Ramos Padilla para convalidarlo y que sea aceptado

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Marcelo D'Alessio
Marcelo D'Alessio

Marcelo D’Alessio, el falso abogado que se convirtió en la punta de una red de espionaje a políticos, empresarios y jueces, consiguió firmar un acuerdo para convertirse en arrepentido en la causa que tramita en Dolores. Fue después de declarar el lunes y el martes durante más de 16 horas ante el fiscal de Dolores Juan Pablo Curi.

Ahora, resta que se lleve adelante una audiencia con el juez Alejo Ramos Padilla para convalidarlo y que sea aceptado. Hasta entonces, sus revelaciones permanecen bajo secreto, indicaron a Infobae fuentes judiciales.

Acompañado por su abogado Claudio Fogar, D’Alessio declaró el lunes casi diez horas. El martes, dedicó otras seis horas a contestar preguntas. Quedó alojado en una dependencia de la Policía Federal en Dolores hasta que ayer, a las 16, lo llevaron nuevamente a la sede del Ministerio Público para una nueva audiencia en donde se definía si lo aceptaban o no.

Querellantes y defensores de esta causa aguardaban expectantes las novedades que se seguían en Dolores. Es que es un misterio lo que tenía para revelar el falso abogado en busca del beneficio del imputado-colaborador. La firma del acuerdo se concretó pasadas las 18, según pudo saber Infobae.

Qué es lo que dijo D’Alessio para convencer al fiscal permanece aún en el misterio. Sin embargo, para haberlo aceptado tuvo que haber aportado información verosímil, que no estuviera en la causa y que apuntara hacia arriba.

Hasta ahora, cada vez que declaró, D’Alessio buscó despegar al fiscal Carlos Stornelli, imputado en la causa. “Fue todo una prueba piloto”, dijo D’Alessio, quien insistió en que buscaba que lo nombraran en el área de Contrainteligencia de la ex Secretaría de Inteligencia. El falso abogado apuntó al ex comisario Ricardo Bogoliuk y aseguró que ese ex policía le había encargado hacer tareas de inteligencia que él creía eran para el recupero de activos de la corrupción. Insistió en ligarlo a Aníbal Degastaldi y al propio Pedro Etchebest, denunciante en el caso Dolores. Hacia arriba, mencionó en el caso a Pablo Pinamonti, un agente de la AFI que sería la persona a la que Bogoliuk reportaba.

Mientras D’Alessio pugnaba por convertirse en arrepentido, gracias a las nuevas pautas sobre las prisiones preventivas, el ex jefe de la Policía Bonaerense y ex agente de inteligencia Aníbal Degastaldi consiguió salir de prisión. Seguirá preso en su casa, con arresto domiciliario y monitoreado por una tobillera electrónica.

Se cree que ahora podrían intentar la misma suerte el resto de los detenidos: el ex comisario Ricardo Bogoliuk y el ex espía Rolando Barreiro. D’Alessio también aspira a conseguir su libertad.

El juez de Dolores Alejo
El juez de Dolores Alejo Ramos Padilla

Hace un mes, la Cámara Federal de Mar del Plata le había indicado a Ramos Padilla que avanzara en la tramitación del caso para juicio oral con lo que ya está probado en el expediente. Sin embargo, aún resta definir la revisión del procesamiento del periodista Daniel Santoro y la situación procesal del fiscal Carlos Stornelli, quien hace diez días rechazó las acusaciones en su contra y buscó desligarse de D’Alessio.

Otro de los capítulos de esa investigación también se debate en la Corte Suprema. Es que el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, le pidió al máximo tribunal que le ordene a la Cámara Federal de Casación una definición sobre si está bien que el expediente D’Alessio esté en Dolores o pase a Comodoro Py.

Fue la defensa del fiscal Stornelli la que llegó al máximo tribunal con un recurso extraordinario reclamando que se dirima una “cuestión de competencia” y establezca que el caso debe pasar a Comodoro Py. La Cámara de Mar del Plata y Casación habían entendido que debía seguir su curso en Dolores de manera provisoria. Ahora, Casal reclamó que esa cuestión se debate en la Corte por entender que podría haber una gravedad institucional.

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