En el esquema de la política de Estado que diseña Alberto Fernández para su gobierno resolvió mantener el Ministerio de Seguridad y derogar por decreto los protocolos de actuación que desplegó Patricia Bullrich para la Policía Federal, la Gendarmería o la Prefectura. “El Ministerio de Seguridad no se desarticulará porque hay que dar una señal de fortaleza a las fuerzas de seguridad con un ministro de peso para ordenar sus tareas operativas", sintetizó ante Infobae un allegado a Fernández que conoce sus propuestas institucionales respecto al área de seguridad.
Gustavo Béliz y Diego Gorgal aparecen como los probables responsables de un Consejo de Seguridad que tendrá múltiples funciones. El ex ministro de Néstor Kirchner estará coordinando desde la secretaría de Asuntos Estratégicos los lineamientos de planificación del Consejo de Seguridad junto con otras dependencias del Estado. Y Gorgal hasta ahora sería el ministro de Seguridad. También Sergio Massa tiene en el armado de la nueva política de seguridad una fuerte impronta.
Hace 10 días circuló la fuerte versión en el Frente de Todos que para “desactivar la política de mano dura” que impuso Mauricio Macri, el presidente electo quería bajarle el rango al actual Ministerio de Seguridad para que quede como una simple Secretaría de Estado. Sin embargo, esa idea se desactivó por completo. Primó la postura de que haya un ministro de Seguridad con fuerte poder para controlar el manejo de las fuerzas de seguridad.
Para poner en marcha el Consejo de Seguridad se deberá reformular la Ley de Seguridad interior y ya se deslizó que entre los referentes de la sociedad civil que formarán parte de ese consejo tendrá mucha impronta el CELS de Horacio Verbitsky.
Hay un punto sobre el que Alberto Fernández y gran parte de los referentes del equipo que manejan temas de seguridad coinciden: para dar una señal de cambio profundo se espera desactivar de una vez y por decreto gran parte de las directrices que impuso Bullrich en los últimos años.
Allí se incluye la prohibición hacia adelante para que los policías hagan uso de sus armas después del horario de trabajo, que se sigan pidiendo el DNI en las estaciones de trenes y se desechará el uso de armas Taser en espacios públicos.
Tanto Gorgal como Béliz creen que los soldados del Ejército deberían regresar a los cuarteles y las Fuerzas Armadas sólo podrían hacer apoyo logístico en la frontera norte para la lucha contra el narcotráfico en relación al uso de drones, radares y algún apoyo de asistencia logística con aviones o helicópteros.
Fernández cree que el diseño de la política de seguridad del oficialismo no tuvo resultados efectivos y que se debe ejecutar un cambio de matriz para luchar con mayor efectividad contra los delitos transnacionales. El presidente electo y sus consejeros Gorgal y Béliz asumen que la distribución de militares para contrarrestar a los carteles de la droga es un paso complejo que puede tener derivaciones institucionales no queridas ni deseadas.
En México y en Colombia, la participación del Ejército enfrentando a los narcos causó un daño gigantesco a las Fuerzas Armadas y el presidente electo quiere evitar los múltiples costos de esa decisión asumida cuando Pablo Escobar era el poder real en Colombia.
En este contexto, Fernández y su equipo prefieren regresar a los dispositivos montados con Fuerzas de Seguridad que deberían ser respaldados por la logística de las Fuerzas Armadas.
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