El Ministerio de Seguridad lanzó una iniciativa para prevenir delitos en los trenes que se basa en un sistema de verificación de antecedentes de los pasajeros similar al que se aplica en los estadios de fútbol con el programa Tribuna Segura.
Para ello, el Gobierno instruyó a cuatro mil policías para que le soliciten el documento nacional de identidad a quienes ingresen a las estaciones ferroviarias y chequeen con sus teléfonos celulares los antecedentes.
Esos registros permitirán poner a disposición de la Justicia a los sospechosos que están prófugos, pero el objetivo principal del nuevo programa es otro y tiene en el foco a quienes fueron detenidos con anterioridad por delitos cometidos en los trenes aunque no pese en la actualidad una orden de captura en su contra.
Para continuar con su viaje, estas personas deberán firmar un acta especial en donde se les notificará que serán monitoreadas mientras se encuentren en estaciones o formaciones de trenes. La medida, publicada en el Boletín Oficial, provocó críticas de quienes creen que se invierte el principio de inocencia del que goza cualquier ciudadano.
Los pasajeros sin antecedentes continuarán normalmente con su rutina una vez que la app de la policía dé luz verde. ¿Pero qué pasará con quienes no porten su DNI o lo hayan extraviado? La ministra Patricia Bullrich informó cuáles son las alternativas.
“Las personas que no tengan el documento podrán informar su número, que permitirá igualmente revisar sus datos personales y sus antecedentes. Si miente con el número, ahí habrá una consecuencia porque le están negando un dato a una autoridad policial”, desarrolló. Para chequear si el pasajero dice la verdad, la Policía contará con un dispositivo que permite identificar a las personas a partir de la huella digital.
Según adelantaron fuentes oficiales, en una primera etapa, el programa se implementará en las estaciones Retiro y Lacroze de la ciudad de Buenos Aires. En sus considerandos, la resolución indica que la decisión se enmarca dentro de la Ley de Seguridad Interior (25.059) y que la interceptación de un ciudadano en la vía pública por parte de la Policía con fines de identificación, en este caso exigir la exhibición de su documento de identidad, forma parte de su actividad, toda vez que tiene entre sus funciones la de ‘prevenir delitos’".
A la hora de proveer fundamentos legales para la medida, el documento cita un fallo del Tribunal Superior de Justicia porteño que en 2016 avaló la facultad de la Policía para pedir documentos a peatones en lugares públicos con el mismo objetivo.
En ese entonces, la Corte porteña había revocado dos fallos de la Cámara en lo Penal y Contravencional que había anulado un operativo en el que un hombre fue detenido en la estación de trenes de Constitución luego de que se le pidiera el documento y él admitiera que portaba un arma de fuego.
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