
En medio de una jornada con nuevas movilizaciones callejeras y tensión social, el Gobierno reiteró que no dialogará "bajo extorsión" con los movimientos sociales que amenazan con acampar frente al Ministerio de Desarrollo Social. En paralelo, el oficialismo afina su estrategia parlamentaria para dar el debate a la oposición por el proyecto de emergencia alimentaria.
Las agrupaciones Polo Obrero y Libres del Sur protestan en la Avenida 9 de de julio para reclamar más planes sociales bajo la amenaza de quedarse durante dos días con carpas frente al Ministerio de Desarrollo Social. Como respuesta, la ministra Carolina Stanley ya fijó una estrategia concreta: "Si la postura es dame planes o te acampo, no habrá diálogo posible ya que se trata de una extorsión", dijo a sus colaboradores.
En este contexto, es probable que no haya acuerdo alguno entre los grupos piqueteros que el Gobierno considera "extremistas" y la Casa Rosada para buscar una salida a la conflictividad social.
El Ministerio recibió a otras organizaciones para analizar los alcances del proyecto de emergencia alimentaria que presentó la oposición y los posibles aumentos de cuotas en comedores escolares. El viceministro Carlos Pedrini es el nexo entre el Gobierno y los movimientos sociales.

La idea de la Casa Rosada es que si los movimientos sociales que hoy marcharán al Ministerio de Desarrollo Social mantienen una postura "intransigente, extorsionadora y belicosa", como definieron ante Infobae allegados a Stanley, no habrá diálogo posible.
Estrategia legislativa
Esta situación de tensión social coincide con una reunión que mantiene el interbloque de diputados de Cambiemos liderado por Mario Negri. Antes de esto, el diputado radical junto con un grupo de legisladores de Cambiemos se reunieron en la Casa Rosada con el jefe de Gabinete Marcos Peña para coordinar una estrategia común en el Congreso.
Ayer, el presidente Mauricio Macri junto con Peña, el ministro de Hacienda Hernán Lacunza, Stanley, el ministro del Interior Rogelio Frigerio y la gobernadora María Eugenia Vidal coincidieron en la idea de habilitar a los legisladores a dar el debate del proyecto de la oposición de emergencia alimentaria bajo una firme condición: que el kirchnerismo y sus aliados expliquen de dónde sacarán los fondos para sustentar el aumento del 50% de los planes alimentarios que proponen.
La Casa Rosada también planteó como plan alternativo la posibilidad de un aporte económico de las provincias que se beneficiarían por una iniciativa que tiene un fuerte aroma electoral.

Para debatir el proyecto de emergencia alimentaria la oposición convocó para mañana a una sesión especial. En la iniciativa opositora se propone una prórroga de la emergencia hasta el 21 de diciembre del 2022, el aumento del 50% de las partidas alimentarias y la actualización de esas partidas cada tres meses con un mecanismo que se sustente en el índice de precios y la variación de la canasta básica.
Ayer, la diputada Carmen Polledo, que preside la Comisión de Acción Social y Salud, lideró la reunión de legisladores del PRO donde se mostraron dispuestos a dar el debate y habilitar la discusión del proyecto de emergencia alimentaria de la oposición.
Pero en la misma línea que la Casa Rosada pedirán a la oposición que explique de qué partidas del presupuesto se reasignarán fondos para cubrir la emergencia alimentaria y sobre qué piso se sustenta el aumento del 50%. Es que en el Gobierno sostienen que este año el presupuesto original para planes alimentarios fue de 12.000 millones de pesos a los que se añadieron $6.000 millones más tras la devaluación después de las PASO. No es lo mismo un aumento sobre la cifra inicial que sobre el global explican en el oficialismo.
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