En un intento por poner fin a un arduo debate que podría generar mayores complicaciones en la campaña electoral, el Gobierno y la oposición acordaron aprobar mañana, en una sesión "corta y sin agresiones", el proyecto de ley de los bloques de diputados opositores que contempla un aumento del 50% de los programas de ayuda social en el contexto de la emergencia alimentaria y que en la práctica implicaría la inyección de fondos de entre $8.000 y $10.000 millones.
Después de una reunión reservada entre el presidente de la Cámara de Diputados Emilio Monzó, el titular del Interbloque de Cambiemos Mario Negri y el jefe de la bancada del Frente para la Victoria Agustín Rossi, el oficialismo y la oposicón acordaron que mañana habrá una sesión especial para aprobar el proyecto de emergencia alimentaria sin crear nuevos gastos para el Estado. En cambio, la medida se encuadrará en una reasignación de partidas.
Se tratará así de un proyecto que contempla el aumento del 50% del monto destinado a los planes sociales alimentarios. Es decir, se contabilizaron de esta manera los $12.000 millones que originalmente estaban en el presupuesto 2019 para planes alimentarios más los $6.000 millones que se inyectaron tras la devaluación que hubo después de las PASO. Esto suma unos $18.000 millones, con lo cual el aumento del 50% sería de entre $8.000 y $10.000 millones.
"Hay un acuerdo de caballeros para evitar que haya incertidumbre y que se generen mecanismos de ayuda social inmediatos", explicó a Infobae un funcionario del Gobierno que estuvo siguiendo de cerca la reunión reservada entre Rossi, Negri y Monzó. Tanto el jefe de Gabinete Marcos Peña como el ministro de Hacienda Hernán Lacunza fueron informados de manera permanente por Negri y Monzó sobre las negociaciones parlamentarias con el peronismo.
En el breve informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso al que tuvo acceso Infobae sobre el impacto del proyecto de ley de emergencia alimentaria se detalló: "En cuanto a la forma en que se atenderá el financiamiento de la medida si bien en el el artículo 4 no queda especificado de acuerdo con la lectura del artículo 6 se faculta al Poder Ejecutivo Nacional las decisiones administrativas conducentes a un abordaje efectivo de la emergencia alimentaria y nutricional estableciendo como límite que las reestructuraciones presupuestarias no podrán realizarse con la reducción de los créditos correspondientes a la finalidad servicios sociales".
En el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso se observa que si el incremento se calcula sobre los créditos vigentes al 31 de agosto de los programas alimentarios, el costo del aumento ascendería a unos $10.489 millones. Pero si el incremento se calcula sobre los saldos de créditos no ejecutados al 31 de agosto, el costo ascendería a unos $4.061 millones. No está claro aún qué monto se tomará, pero de las charlas que Rossi mantuvo con Negri y Monzó se deslizó que podría darse un aumento de entre $8.000 y $10.000 millones.
No osbtante, quedó claro que no habrá nuevos gastos sino reasignación de partidas que deberán definir el jefe de Gabinete y Lacunza. Esta decisión prevé también dar una señal de austeridad hacia afuera tendiendo en cuenta que el FMI reclama que no haya un aumento del gasto público para desembolsar los USD 5.400 millones que aún restan del crédito lanzado el año pasado.
A la vez, entre la oposición y el oficialismo primó la cautela en medio de la campaña. "No podemos poner en tensión a la sociedad por una disputa electoral entre políticos", dijo a Infobae un destacado diputado de Cambiemos al entender el riesgo que implica generar un show mediático en estos momentos con un tema tan sensible como es el de la emergencia alimentaria.
Si bien el tema ya se acordó entre el Gobierno, los jefes de la Cámara baja y la oposición, esta tarde se iba a someter el tema a un debate en el interbloque de Cambiemos. Pero está claro que imperaba la orden del presidente Mauricio Macri de "estar disponibles" para ampliar la emergencia alimentaria.
El costo fiscal de la iniciativa:
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