Caso D'Alessio: procesaron al periodista Daniel Santoro

Es por los delitos de coacción y extorsión. La resolución fue adoptada por el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla. ADEPA expresó su preocupación

El periodista Daniel Santoro fue procesado este miércoles sin prisión preventiva por el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, por los delitos de "coacción y extorsión en grado de tentativa". El magistrado le trabó un embargo de bienes hasta cubrir la suma de tres millones de pesos.

En la misma resolución, Ramos Padilla dictó la falta de mérito en relación a la acusación que pesaba sobre Santoro de integrar asociación ilícita cuya cabeza visible era el falso abogado Marcelo D'Alessio.

De acuerdo al auto de procesamiento al que accedió Infobae, Santoro fue considerado "partícipe necesario" de los delitos cometidos en perjuicio del ex directivo de la petrolera venezolana PDVSA, Gonzalo Brusa Dovat, y del empresario patagónico Mario Víctor Cifuentes, ambos presuntas víctimas de la organización supuestamente liderada por D'Alessio.

"Daniel Santoro tenía conocimiento de que sus acciones y aportes estaban concatenados con una maniobra ilícita previa, concomitante y/o posterior de espionaje, extorsión o coacción", argumentó Ramos Padilla.

 
Alejo Ramos Padilla (foto de archivo: Adrián Escandar)
Alejo Ramos Padilla (foto de archivo: Adrián Escandar)

Santoro "no podrá ausentarse de su lugar habitual de residencia por un término mayor a los diez días sin previo aviso al tribunal; deberá dar aviso por sí o por intermedio de su abogado defensor de cualquier cambio de domicilio, como así también deberá dar aviso y requerir previa autorización para efectuar cualquier viaje al exterior del país", determinó el magistrado que instruye el expediente.

En un descargo publicado el 10 de junio en el diario Clarín cuando fue citado a indagatoria, el periodista negó en forma terminante haber participado de actividades de espionaje ilegal y extorsiones. "Desde el año 1995 cubro temas vinculados a la justicia. Por esta razón, cuento con más de cien fuentes de información, entre las que se encuentran jueces, fiscales y abogados. Una de ellas fue Marcelo D'Alessio, quien según yo creía era un abogado penalista experto en narcotráfico. Este fue mi fuente en solo cuatro ó cinco de los temas que investigo. Yo escribo un promedio de cien notas por año", puntualizó.

En una resolución de 253 páginas, el juez agravó también la situación procesal de D'Alessio, a quien le amplió el procesamiento y le mantuvo el embargo por 10 millones de pesos.

Tras conocerse la resolución de Ramos Padilla, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) expresó su preocupación a través de un comunicado y sostuvo que "confía en que, en los pasos siguientes, prime la sana doctrina que consagra a la libertad de prensa como institución indispensable para el funcionamiento del sistema democrático y republicano de gobierno".

"Adepa ha reiterado desde sus orígenes que el oficio de periodista no otorga privilegios ni indemnidades a la hora de rendir cuentas ante la Justicia. Pero al mismo tiempo, siempre ha dejado claro que la labor periodística y el acceso a la información sí deben ser protegidos -como lo hace de manera estratégica nuestra Constitución Nacional- para favorecer un mayor control de la ciudadanía sobre los actos de gobierno, los abusos y los eventuales delitos que se cometan desde el poder", sostuvo el comunicado.

Y agregó: "Desde que se conoció esta denuncia, Adepa ha puesto de manifiesto que no deben confundirse las conductas o los antecedentes que posean eventuales fuentes de información periodística, con el trabajo que hacen los profesionales de prensa para llevar esa información a la luz pública".

"Cualquier intención de identificar ambas figuras debe ser de interpretación extremadamente restrictiva, ya que conduciría a una autocensura inaceptable a la hora de informar sobre asuntos de interés público. Existen sobradas muestras, en la evolución del periodismo político y de investigación, de hallazgos relevantes para la sociedad basados en fuentes con eventuales antecedentes reprochables", afirmó la entidad periodística.

Y siguió: "Otro de los aspectos que se pone en juego con la medida judicial es uno de los principios básicos del derecho a la información: el secreto de las fuentes periodísticas. Se trata de otra de las garantías que la Constitución le otorga a medios y periodistas para favorecer, por ejemplo, la investigación de la corrupción. La difusión indiscriminada de mensajes privados, muchos de ellos sin interés específico o al solo efecto de intentar mostrar un vínculo que Santoro no negó, debilita el valor de esta herramienta esencial para la transparencia en los regímenes democráticos".

Para concluir: "Adepa confía en que este proceso judicial concluya siguiendo la buena doctrina de amplísima protección a la libertad de prensa. Lo contrario, sentaría un grave precedente en democracia. Ésta necesita que todas las instituciones se fortalezcan. Una libertad de prensa debilitada puede constituir el primer paso en el peligroso camino del debilitamiento del sistema democrático y republicano de gobierno".

El fallo de Ramos Padilla:

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