
Un consejo integrado por cinco fiscales generales analizará si Carlos Stornelli incurrió en mal desempeño de sus funciones por no presentarse a declarar a indagatoria en la justicia de Dolores en la causa por presunto espionaje ilegal por lo que fue declarado rebelde y si debe recibir una sanción por su proceder.
Se trata del Consejo Evaluador de la Procuración General de la Nación que deberá emitir un dictamen sobre la conducta del fiscal federal. Tiene tres opciones: pedir la desestimación de la acusación, entender que debe aplicarse una sanción disciplinaria o que la situación es grave y tiene que ser enviado a juicio político. En este último caso puede perder los fueros que le permiten no ser detenido para cumplir con la indagatoria en Dolores.
La opinión del Consejo no es vinculante y pasará al procurador general, Eduardo Casal, jefe de todos los fiscales nacionales y federales, que resolverá en última instancia sobre la conducta de Stornelli.
Para expedirse, el Consejo no tiene plazos. "Pero la experiencia en otros casos indica que se toma de un mes a un mes y medio", le dijo a Infobae una fuente que conoce el funcionamiento del organismo.
Stornelli está imputado de formar parte de una presunta red de espionaje ilegal con agentes de inteligencia, integrantes del Poder Judicial, políticos y el falso abogado Marcelo D´Alessio -con quien el fiscal tiene mensajes de whatsapp-, según la imputación que hizo el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla.
El magistrado citó a indagatoria a Stornelli en cuatro oportunidades pero el fiscal no se presentó a ninguna de ellas. Por eso, Ramos Padilla lo declaró rebelde de la justicia y comunicó de la situación judicial a la Procuración General
El procurador Casal inició dos expedientes disciplinarios contra Stornelli. uno por la causa penal y otro por la declaración de rebeldía. El primero continúa su trámite y el segundo pasó al Consejo Evaluador. En ambos, Stornelli hizo presentaciones para defenderse. La ley del Ministerio Público Fiscal le daba la posibilidad a Casal de archivar las denuncias sin darle trámite cuando "resultare manifiestamente inconducente". Pero entendió que debía investigarse.

El viernes pasado, Stornelli presentó un escrito en el que explicó por qué no fue a declarar. Señalo -como lo hizo su abogado Roberto Ribas públicamente- que no siente garantizada la imparcialidad del juez Ramos Padilla ya que hizo distintas presentaciones que el magistrado no había resuelto, como la incompetencia para que la causa pasara a los tribunales de Comodoro Py. También que apeló la declaración de rebeldía.
En su presentación, Stornelli citó para defenderse el caso de otro fiscal. Se trata de Carlos Gonella, actual fiscal federal de Córdoba y ex titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), donde fue designado por la anterior procuradora Alejandra Gils Carbó. El juez Claudio Bonadio declaró rebelde a Gonella en una causa en la que lo investigaba por la difusión en el sitio web del Procuración General y mediante mensajes de la red social Twitter de una imputación por presunto lavado de dinero a la jueza de instrucción María Gabriela Lanz. Gonella fue declarado rebelde porque no se presentó a las indagatorias.
Gils Carbó rechazó abrirle un sumario a Gonella "in limine" (sin darle tratamiento) porque entendió que el hecho no era delito y no elevó el caso al Consejo Evaluador. Stornelli era el fiscal de esa causa penal y citó el antecedente para argumentar que su caso que no debía avanzar.

El sumario disciplinario por la rebeldía y el descargo de Stornelli fue elevado por el secretario del área disciplinaria, Juan Manuel Casanova, al Consejo Evaluador.
El Consejo está integrado por los fiscales generales: Julio Piaggio (de La Plata), Alejandro Alagia (de la Procuraduría de Delitos de Lesa Humanidad), Guillermo Pérez de la Fuente, Alejandra García Netto y Oscar Ciruzzi (los tres de Tribunal Oral en lo Criminal). Stornelli y Ciruzzi tiene en común su paso por el club Boca Juniors. Stornelli estuvo a cargo del área de seguridad del club cuando el presidente de la Nación, Mauricio Macri, fue titular de la institución y Ciruzzi es el actual presidente del Tribunal Disciplinario.
Los cinco fiscales fueron designados previo al inicio de la causa contra Stornelli. Ahora deberán analizar la conducta de Stornelli. Para eso no tienen plazos y pueden hacerlo por mayoría simple, según establece la ley del Ministerio Público Fiscal.
El Consejo opina mediante un dictamen. Los fiscales generales pueden decir que no hay motivo para acusar a Stornelli, que debe recibir una sanción disciplinaria o que debe ser suspendido en el cargo y se enviado a jury de enjuiciamiento. Luego será el turno de Casal que tendrá la última palabra sobre el futuro de Stornelli.
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