La Cámara Federal ordenó profundizar la investigación sobre el patrimonio de Eduardo Freiler

La Cámara Federal ordenó profundizar la investigación sobre el patrimonio de Eduardo Freiler. Lo hizo la Sala I del tribunal -la misma que Freiler integró- en una decisión divida y sin pronunciarse sobre la figura de "cosa juzgada írrita", una controvertida figura que permite revertir un estado de inocencia si se detectan irregularidades en una decisión judicial.

Freiler fue una de las figuras que eligió el gobierno de Mauricio Macri para cuestionar a la Justicia Federal. El oficialismo lo identificaba con el kirchnerismo. El día que el Consejo de la Magistratura logró desplazarlo, en una filosa jugada aprovechando la ausencia de un senador, el presidente Mauricio Macri habló de "un paso enorme de la Argentina hacia el fin de la impunidad".

La causa se había iniciado cuando una investigación de La Nación publicó que el entonces juez se había comprado una casa en Olivos -frente a la quinta presidencial- por $2,8 millones, según consta en la escritura, un monto inferior al valor de mercado para un terreno de 1.234 metros cuadrados.

A raíz de ello, el fiscal Ramiro González impulsó una investigación sobre los bienes del entonces camarista en donde enumeró sus bienes que incluían casas, autos, un yate y 20 caballos. El juez Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyó a Freiler, a instancias del fiscal, al considerar que incrementó su patrimonio entre 2012 y 2014, pero entendió que ese aumento estaba justificado con su sueldo como camarista.

Sin embargo, se denunció que habían aparecido más bienes y el abogado Ricardo Monner Sans impulsó un planteo de cosa juzgada írrita por esa resolución que, después de idas y vueltas, terminó en manos del juez Sebastián Ramos. El juez señaló que existen nuevos elementos de prueba que deben valorarse a la hora de realizar un análisis patrimonial completo sobre los bienes de Freiler, en especial los que se desprenden de la investigación realizada en el Consejo de la Magistratura en donde se expusieron los gastos que tenía Freiler.

En octubre de 2017, a cuatro días del inicio del jury contra Freiler por mal desempeño en el que después fue destituido, Ramos firmó una resolución en la que revocó el sobreseimiento de Freiler y dispuso la reapertura de la causa, eludiendo usar la palabra "cosa juzgada írrita". Freiler apeló la decisión.

Hoy, los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens revisaron el caso y en un fallo dividido entendieron que había que seguir avanzando en la investigación.

Bruglia y Bertuzzi afirmaron que "el pronunciamiento plantea el deber de concebir el patrimonio como una integralidad y extrae de ello la necesidad de incluir en la exploración aspectos que no habrían sido observados al momento de examinar la evolución patrimonial del imputado, como ser aquellos vinculados con las cancelaciones de deuda, costos de la obras de remodelación, mantenimiento de bienes registrables, gastos de alquiler y situación patrimonial de familiares directos, entre otros".

Sin embargo, evitaron apuntar a la figura de cosa juzgada por entender que esa decisión recién debe tomarse "cuando se reunieron suficientes pruebas del defecto que vicia el acto jurisdiccional, habida cuenta del carácter excepcional de la sanción procesal tratada".

Por su parte, el juez Llorens votó en disidencia y opinó que "el sobreseimiento dictado fue el desenlace de un proceso regular" en donde "en modo alguno vino a configurar una situación de extrema injusticia o consagrar una solución repugnante al sentido común o la equidad, supuestos extraordinarios que habilitarían la revisión de una resolución pasada en autoridad de cosa juzgada".

Para Llorens, "la resolución de sobreseimiento dictada en favor del Dr. Freiler no constituye un obstáculo para que el Estado, de estimarlo pertinente, impulse a través de sus agencias competentes y en el ámbito que corresponda aquellas acciones orientadas al recupero de los activos que sí fueron considerados en esta investigación".