"Lo va a sobreseer en las tres causas", se ufanaban en el entorno de Carlos Liuzzi cuando el juez federal Luis Rodriguez había concentrado las tres causas en su contra. Y el pronóstico se cumplió. Primero fue en la causa por la llamada telefónica del ex juez Norberto Oyarbide. Luego en la investigación por los millonarios contratos que le otorgó desde la Secretaría Legal y Técnica a la consultora ADCONSA, propiedad de un amigo suyo. Y finalmente en la causa por enriquecimiento ilícito. La jugada no fue perfecta: por una apelación de la Oficina Anticorrupción, la Cámara Federal anuló el último sobreseimiento y le sacó la causa a Rodriguez. El ex colaborador y hombre de confianza de Carlos Zannini todavía intenta justificar su incremento patrimonial.
Todo comenzó con llamada de Liuzzi a Oyarbide para intentar frenar un allanamiento irregular en la financiera de su amigo, Guillermo Greppi. Cuando se filtró el contacto, se abrió una causa que cayó en la manos de Rodriguez. Rápido de reflejos, el juez ordenó varias medidas de pruebas. De esa manera generaba una sensación positiva en los medios. Pero en poco tiempo firmó el primer sobreseimiento.
En noviembre de 2015, a solo tres semanas de las elecciones presidenciales, Rodríguez sobreseyó otra vez al segundo de Carlos Zannini, en la causa por los millonarios contratos que le otorgó a la consultora ADCONSA, contratada por Legal y Técnica desde 2006 para informatizar el Boletín Oficial y desarrollar el sistema informático del organismo que maneja los sitios de Internet locales, el NIC.ar.
El juez apuntó a una supuesta maniobra fraudulenta. Una pericia de la Policía Metropolitana le alcanzó para dejar de investigar. La resolución destacó que "cada software fue efectivamente instalado" y "que la autoría de los desarrollos inequívocamente puede atribuirse y proceden de ADCONSA".
Rodríguez utilizó otro llamativo argumento al firmar el segundo sobreseimiento de Liuzzi: dijo que la consultora también fue contratada por otros organismos estatales y del mundo privado. Insólito.
El termómetro de Comodoro Py marcaba por ese entonces un "acercamiento" temporal entre el operador K Javier Fernández -cercano a Rodriguez- y Carlos Zannini, luego de la crisis desatada un año antes, con la purga en la ex SIDE.
Faltaba la causa de enriquecimiento ilícito, que había sido archivada en su momento por Oyarbide y se reabrió a partir del escándalo de la llamada con Liuzzi. El 12 de febrero de 2016, Rodriguez recibió el informe final del perito de la Corte Suprema, Héctor Roccatagliata. Apenas tres días después, no dudó en sobreseerlo. Pero fue demasiado. En marzo de ese año, la la Sala II de la Cámara Federal anuló todo y lo apartó del expediente.
Por esa decisión, el magistrado también fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura por la organización Contadores Forenses. La presentación, firmado por su titular, Alfredo Popritkin, advertía que el juez no tuvo en cuenta los dictámenes del contador oficial, que había pedido más medidas de prueba sobre los viajes al exterior de Liuzzi y su familia. La opinión del perito no dejaba lugar a dudas: "No puede aseverarse que está justificado el incremento o variación patrimonial".
En su defensa, Rodriguez sostuvo que el perito no había mencionado el tema de los viajes en su primer informe y que la pericia "no tiene un carácter vinculante".
En junio de 2017, con una mayoría que ya respondía a Cambiemos, el Consejo desestimó la denuncia de Popritkin con un razonamiento repetido. "No corresponde aquí analizar el acierto o error del juez de los hechos sometidos a su conocimiento. El modo en que el Dr. Rodriguez valoró la prueba pericial constituye un asunto de contenido de sentencia exento del control disciplinario por parte de este Consejo", dice la resolución a la que tuvo acceso Infobae.
La situación ahora es bien distinta. Rodriguez enfrenta varios pedido de Jury tras la declaración de la viuda de Daniel Muñoz, Carolina Pochetti, y una de sus testaferros, Elizabeth Ortiz Municoy. Ambas declararon que se pagaron 10 millones de dólares para frenar la causa por lavado de dinero. La definición otra vez está en manos del Consejo.
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