La directora de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso defendió ayer con una fuerte declaración el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que estableció la extinción de dominio para recuperar los bienes de la corrupción y narcotráfico. "No sé si Cristina Kirchner va a ir presa, pero sé que va a terminar sin un solo peso", advirtió la funcionaria contra la ex presidente y actual senadora nacional, imputada en varias causas que investigan delitos contra la administración pública durante su período.
"Con esta nueva medida vamos a sortear la mala praxis de varios jueces federales para investigar el enriquecimiento ilícito", afirmó Alonso sobre la implementación del decreto firmado por Mauricio Macri.
La ex diputada nacional de Cambiemos la utilización del DNU al afirmar que "varios sectores de la política" se opusieron a que el Congreso trate el proyecto de ley de extinción de dominio. "Cuando los legisladores empiezan con los tecnicismos es porque no quieren aprobar una ley. Porque cuando se quiere sacar una ley, siempre sale rápido", comentó en diálogo con el canal TN.
"Mientras no salga la ley, hay que usar el DNU que está vigente", aseguró Alonso.
El procedimiento de extinción de dominio prevé la incautación de bienes a través de un juicio civil contra acusados de cometer delitos federales, tales como narcotráfico, corrupción, trata de personas y contrabando, entre otros.
Acerca de los alcances de este mecanismo, Laura Alonso precisó que en las diez causas más relevantes de corrupción entre 2017 y 2018 "tenemos bienes embargados por más de 270 mil millones de pesos". "Y además hay otros 70 millones de dólares en la famosa causa de los cuadernos por las propiedades en Estados Unidos del secretario privado de Néstor Kirchner", agregó.
En relación a los activos de la familia presidencial, enumeró que "hay 100 millones de dólares de la hija de Cristina Kirchner (Florencia) que se encontraron en dos cajas del Banco Galicia".
La controversia
El decreto tuvo un gran respaldo popular, pero fue cuestionado por profesionales del derecho y sectores de la oposición, ya que lo consideran inconstitucional. En su opinión, advierten que el Poder Ejecutivo legisló a través del DNU sobre materia penal -una prerrogativa que está vedada por la Carta Magna- y que se vulnera la presunción de inocencia, pues permite la apropiación de bienes antes que se dicte una sentencia firme. También es criticada la supuesta situación de "excepcionalidad", un requisito que permite evadir el tratamiento legislativo.
Para Alonso, el DNU establece un procedimiento que "dispara una acción civil, que no tiene nada que ver con la acción penal, y va en contra de los activos de origen ilícitos", explicó. "Si alguien no puede explicar con qué dinero compró un bien, se le va a extinguir el dominio sobre la propiedad que el acusado dice tener", agregó.
"No es un invento argentino, es algo que ya sucede en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en Colombia, en Italia ha sido una de las herramientas fundamentales para ir contra los capitales de la mafia", completó Alonso.
La comisión Bicameral de Trámite Legislativo del Congreso deberá resolver en un plazo de diez días si aprueba el DNU, aunque el tema podría ser enviado al Parlamento en sesiones extraordinarias y tener el trámite convencional de una ley.
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