Fallo clave en casos de corrupción: decomisan los bienes de una mujer fallecida que era investigada por lavado de dinero

La Justicia logró decomisar los bienes de una mujer fallecida que estaba investigada por lavado de dinero. El dato es clave para otras causas de corrupción. Pero ahora se desató un problema imprevisto: quién se queda con la plata, un detalle que también promete marcar un hito para otros expedientes con decomiso de bienes, indicaron a Infobae fuentes judiciales.

Todo se inició en una causa que puso bajo la lupa a Raúl Martins, un ex espía que está acusado de encabezar una organización dedicada a la explotación sexual en tres locales de prostitución VIP, que tuvieron diversos gerenciadores a lo largo de los años. Prófugo en México y a la espera de su extradición, la Justicia también investiga por lavado de dinero al hijo de Martins, quien residía en España y regenteaba uno de los locales investigados; y a su madre, Cledi Presilla Coggiola, quien se encontraba desde hace años en delicado estado de salud.

Pero la madre de Martins falleció el 17 de enero pasado y la Unidad de Información Financiera (UIF) solicitó al juez federal Sebastián Casanello "la aplicación del decomiso sin condena conforme al artículo 305 del Código Penal de la Nación respecto de los bienes inmuebles que fueran propiedad" de la mujer. Según se explicó, "Coggiola habría desarrollado transacciones inmobiliarias sin contar con una actividad económica que justifique los fondos aplicados, y además poseía numerosas vinculaciones financieras con la organización criminal liderada por Raúl Martins". La sospecha, entonces, es que "la difunta se encargó –entre otras personas- de lavar parte de los activos que la banda generaba mediante delitos tan aberrantes como la trata de personas y la explotación de la prostitución ajena, entre otros".

Cómo fue la maniobra

La fiscal Paloma Ochoa avaló "los elementos que permiten inferir el origen ilícito de los activos utilizados por Cledi Presilla Coggiola para la compra de bienes", y le pidió al juez Sebastián Casanello el decomiso. Puntualmente, se cree que Coggiola "entregó a Mariano Martins la suma de USD 180.000, los cuales fueron depositados" por él en una caja de ahorros del Banco Nación. El dinero se usó para comprar una casa en el departamento de Punilla, en Córdoba, por 20 mil dólares; y otro en la provincia de Santa Fe por la suma de USD 160.000, que pertenecían a su abuela paterna Coggiola, explicaron fuentes judiciales a Infobae.

El 15 de diciembre de 2011, en tanto, "Martins le vendió nuevamente a su abuela Coggiola las propiedades que había comprado dos años antes por el mismo valor, es decir, por la suma de USD 180.000", señalaron los investigadores. Pero además "las operaciones de compra-venta descriptas le permitieron a Mariano Julio Augusto Martins ingresar en el mercado legal bienes no declarados de origen ilícito vinculados presuntamente a las actividades delictivas –explotación de prostitución ajena- llevadas a cabo, entre otras personas, por su padre Raúl Luis Martins y su abuela Cledi Presilla Coggiola", se añadió. Sobre esa base, la UFI advirtió que "los inmuebles ubicados en las provincias de Santa Fe y Córdoba han sido producto de la maniobra de lavado de activos".

El debate sobre quién se queda con los bienes secuestrados

Casanello hizo lugar al pedido de decomiso que impulsó la UIF por entender que los bienes se compraron con dinero ilegal. El decomiso, añadió el juez, "permitirá asegurar el producto del delito para resarcir a la sociedad y al Estado por el daño acaecido, como así también cumplimentar con las exigencias internacionales de los convenios de los cuales el país forma parte".

Pero el juez decidió que los bienes no fueran a la UIF, como pretendía el organismo que depende del Gobierno, sino al "Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas". "Si bien la Ley 26.683 en su artículo 20 contiene la parte sobre la cual se apoya la Unidad de Información Financiera, la misma norma señala en su artículo 5, al incorporar la norma del 305 al Código Penal, que los activos que fueren decomisados serán destinados a reparar el daño causado a la sociedad, a las víctimas en particular o al Estado. Sólo para cumplir con esa finalidad podrá darse a los bienes un destino específico".

"Nuestro país está comprometido internacionalmente a brindar a las víctimas las herramientas necesarias para permitir la obtención de una indemnización y restitución –dijo Casanello-. Dada la naturaleza de los ilícitos considerados precedentes del lavado acreditado en estas actuaciones, corresponde guiarse por la Ley 26.364 para decidir el destino de los bienes. Concretamente, se prevé allí que integren el fondo de asistencia directa a las víctimas administrado por el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas".

De inmediato, la UIF apeló que los bienes no sean decomisados bajo su órbita. Según indicaron fuentes del organismo que lidera Mariano Federici, la ley dice que lo decomisado en causas de lavado va a la UIF y además el caso no es de trata sino de lavado de dinero.

Pero ahora las fiscales Paloma Ochoa, la fiscal de la Protex Alejandra Mángano y María del Carmen China -a cargo de la dirección general de Recuperación de Activos y Decomiso de bienes de la Procuración General de la Nación- pidieron en la causa que los bienes queden decomisados para las víctimas de trata.

"Si esos activos quedan luego en poder del Estado sería moralmente cuestionable, pues el Estado se estaría beneficiando de la explotación sexual de las víctimas -dijeron la fiscales en el escrito al que accedió Infobae-. Por lo tanto es fundamental que los activos decomisados y el producto del delito se apliquen a la restitución y compensación de las víctimas". Ahora, la decisión sobre qué hacer con el dinero está en manos de la Cámara Federal.