Impulsan la creación de una Oficina Anticorrupción de la Ciudad que sea independiente del Poder Ejecutivo

Durante las últimas dos semanas ingresaron a la Legislatura porteña dos proyectos de ley que buscan crear una oficina anticorrupción para la Ciudad de Buenos Aires. Pero, a diferencia de lo que ocurre con el funcionamiento de la OA nacional que dirige Laura Alonso, ambas iniciativas establecen que para garantizar la independencia de sus autoridades las mismas no podrán ser designadas ni removidas con un simple decreto del jefe de Gobierno, sino que será necesario contar con una mayoría legislativa.

El proyecto de Natalia Fidel, de Confianza Pública (en Vamos Juntos), propone la creación de una "Agencia" que funcione como autoridad de aplicación de la Ley de Ética Pública de 2013. "La Ciudad tiene una asignatura pendiente en este sentido y queremos que esté a la altura de las circunstancias", aseguró la legisladora oficialista a Infobae.

La diputada del espacio que lidera Graciela Ocaña explicó que su director sería propuesto por el Poder Ejecutivo y luego aprobado por mayoría absoluta (la mitad más uno) en la Legislatura. El mandato durará 5 años y estará habilitado a ser reelecto solo una vez. Para garantizar la autonomía y estabilidad en el cargo, sólo podrá ser removido si se alcanza nuevamente una mayoría en el recinto.

Apenas una semana antes, la legisladora María Inés Gorbea, de Evolución, también había presentado un proyecto para crear la OA porteña con un fuerte énfasis en la independencia política y la profesionalización de los funcionarios.

Desde el partido de Martín Lousteau propusieron que el futuro "Secretario de Transparencia" (que tendría un mandato de 6 años) sea designado con el mismo procedimiento que un juez del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad. Es decir, nominado por el jefe de Gobierno y con el acuerdo de dos tercios de los legisladores. De este modo se impediría que un partido con mayoría en la Legislatura (como la que tiene el oficialismo en la actualidad) puede aprobar a un candidato sin acuerdo de la oposición. Además, sólo podría ser echado de su cargo a través de un juicio político.

"A mí me gustaría que en ese cargo estuviera una persona independiente del partido de gobierno, para poder superar cualquier suspicacia y que sus decisiones no estén empañadas", señaló Gorbea a Infobae en alusión a la militancia partidaria de Laura Alonso (ex diputada del PRO) cuya supuesta falta de imparcialidad fue criticada por referentes de la oposición como Margarita Stolbizer.

Según Natalia Fidel, durante el debate en comisiones seguramente se terminarán "amalgamando" los tres proyectos en ronda (incluido el que Cecilia Ferrero, de la Coalición Cívica, presentó en marzo) porque "el espíritu es el mismo". "Se van a discutir los matices, pero tienen en común el objetivo de dotar a esta agencia de profesionalismo y autonomía, y que no esté a tiro de decreto del Poder Ejecutivo", destacó.

La futura OA porteña será la encargada de prevenir, investigar y denunciar los actos de corrupción, incompatibilidades, infracciones a la Ley Ética en el Ejercicio de la Función Pública, o violaciones a los deberes de funcionario público. Según las autoras de los proyectos, completaría la labor de control que realizan la Auditoría y la Sindicatura porteña.