Las claves del proyecto oficial para cambiar el régimen de financiamiento de la política

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Luego de que la Justicia iniciara una investigación para determinar si existieron aportantes falsos para la última campaña electoral del oficialismo en la provincia de Buenos Aires el año pasado, Cambiemos anunció que enviará al Congreso un proyecto para modificar el régimen de financiación de los partidos políticos.

Elaborado por la Secretaría de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior, el proyecto apunta a la bancarización de los aportes, la habilitación a que empresas sean aportantes, la creación de un registro de proveedores de publicidad en la vía pública, la regulación de la publicidad oficial y de los actos de gobierno durante las campañas, entre otros puntos.

En un comunicado, el Ministerio del Interior detalló las claves del proyecto:

En primer lugar, la propuesta apunta a la bancarización total del régimen de aportes, algo que ya está previsto en la ley actual, que también permite aportes en efectivo. En ese sentido, Interior sostuvo que "hasta hoy, gran parte de los aportes a los partidos se realiza en efectivo, lo cual dificulta el control de su origen y destino. La reforma apunta a que el dinero de los aportes y gastos sea registrado, para que el origen de los fondos que se utilizan en la política tenga mayor transparencia".

En esa línea, el proyecto planteará la eliminación de los aportes en efectivo y que "los aportes sólo podrán realizarse mediante transferencia bancaria, cheque, tarjeta de crédito o débito, con el objeto de que en todos los casos se permita la identificación clara y fehaciente del donante así como la trazabilidad del dinero".

Un segundo punto está relacionado con la habilitación de los aportes de empresas, algo que no está permitido hasta el momento, y el proyecto apunta a que haya un tope del 2% sobre el total de los gastos. "La prohibición de los aportes de personas jurídicas no funcionó como mecanismo para generar mayor equidad ni transparencia. Existe un fuerte consenso respecto a que la transparencia electoral requiere admitir estos aportes, estableciendo controles y topes para que ninguna persona – física ni jurídica – pueda 'comprar' una campaña", destacó Interior.

(Nicolás Stulberg)
(Nicolás Stulberg)

En la misma línea, la propuesta oficial impulsará la creación de un registro de proveedores de publicidad con el argumento de que "hasta hoy resulta difícil identificar la verosimilitud de los gastos que declaran los partidos en el marco de una campaña electoral. Por eso se propone que aquellas empresas que provean publicidad en vía pública se inscriban en un registro específico que administrará y controlará la Cámara Nacional Electoral".

Respecto del origen de los aportes, el proyecto de Cambiemos apunta a que distintos organismos de control como la AFIP, Anses, la UIF y la Procelac estén en contacto con la Justicia Electoral "a los fines de combatir los aportes de dinero proveniente de actividades ilícitas".

Por otro lado, si el proyecto se hace ley, los partidos políticos deberán designar a dos personas responsables de la rendición del financiamiento (una de ellas deberá ser contador público matriculado).

Al mismo tiempo, la propuesta extiende la cantidad de días de 15 a 30 antes de las elecciones en los que los partidos políticos no podrán "promover la captación del voto", es decir que no pueden hacer actos proselitistas o comprar publicidad en medios de comunicación.

En esa línea, el proyecto propone que se sancione a quienes "otorguen beneficios materiales con el fin de lograr que se vote de un modo determinado, tipificando así en forma expresa al clientelismo político como acto ilícito". "Esta reforma está en línea con varios fallos la Justicia electoral, donde se advierte sobre la necesidad de crear un tipo específico que penalice el clientelismo, y sobre todo aquel que se ejerce desde el estado", sostuvo Interior en un comunicado.

Por último, la propuesta contempla un aumento en la cantidad de auditores de la Cámara Electoral: "Se aumenta la composición de este cuerpo creando 17 cargos nuevos de auditores contadores, con el fin de mejorar sustantivamente el control del financiamiento. Se trata también de un reclamo histórico de la Justicia Electoral".

La investigación de los aportes

(Amilcar Orfali)
(Amilcar Orfali)

El fiscal federal Jorge Di Lello abrió una investigación, a lo que se sumó una denuncia de Lucas Schaerer, de la fundación La Alameda, y que quedó a cargo del juez federal Sebastián Casanello.

Se trata de dos causas surgidas a partir de un informe periodístico en el que se denunció que la coalición Cambiemos habría usado el nombre de beneficiarios de planes sociales para blanquear dinero de campaña.

Según trascendió, Casanello recibió la denuncia y la envió a la fiscalía de Carlos Stornelli para que dictaminara si corresponde abrir una causa.

Según una investigación de El Destape, el oficialismo habría hecho figurar como aportantes de la campaña a por lo menos 200 beneficiarios de los programas "Ellas Hacen" y "Argentina Trabaja".

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