
La Corte Plena del Poder Judicial de Costa Rica acordó este lunes revocar de manera unánime el nombramiento de Randall Zúñiga López como director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), poniendo fin a una de las crisis institucionales más delicadas que ha enfrentado la policía judicial en los últimos años.
La decisión fue anunciada mediante un comunicado oficial en el que el Poder Judicial informó que Zúñiga fue considerado responsable de una “falta gravísima” dentro del expediente disciplinario 25-4302-031-DI.
Según detalló la institución, la medida se relaciona con “la desatención de los deberes inherentes al cargo”, específicamente por “la afectación a la imagen del Poder Judicial y la divulgación de información confidencial”.
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“El señor Michael Soto continuará como director interino del OIJ”, indicó el comunicado emitido por la Corte Suprema.
La destitución ocurre después de que Zúñiga permaneciera suspendido de su cargo durante aproximadamente siete meses. La primera medida cautelar fue impuesta el 29 de octubre de 2025 y, desde entonces, la suspensión fue prorrogada en varias ocasiones mientras avanzaba la investigación disciplinaria.
El caso tomó fuerza luego de que trascendieran señalamientos sobre presuntas filtraciones de información sensible por parte del entonces director del OIJ hacia varias mujeres con las que mantenía relaciones personales. Entre el material que habría compartido figuraban fotografías, ubicaciones y detalles de diligencias judiciales en desarrollo.
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La investigación administrativa también coincidió con denuncias penales por presuntos delitos sexuales que fueron presentadas en su contra ante la Fiscalía Adjunta de Género.
Zúñiga era investigado por aparentes delitos de violación, contagio venéreo y ofensas a la dignidad, derivados de denuncias interpuestas por varias mujeres.
La Corte Suprema había ordenado inicialmente una suspensión preventiva de 15 días hábiles para evitar interferencias en la recopilación de pruebas y garantizar la objetividad del proceso. Sin embargo, conforme avanzaron las pesquisas, la Inspección Judicial solicitó extender la medida cautelar debido a la gravedad de los hechos investigados y al posible riesgo para la confidencialidad de las operaciones del OIJ.
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Incluso hace apenas unos días, la Inspección Judicial había pedido ampliar por tres meses más la suspensión de Zúñiga, alegando la necesidad de resguardar la investigación y proteger la información institucional manejada por la policía judicial.
El caso provocó fuertes cuestionamientos políticos y mediáticos debido a la relevancia del cargo que ocupaba Zúñiga dentro de la estructura de seguridad costarricense.
El exjerarca había sido nombrado oficialmente como director del OIJ en agosto de 2023, tras obtener la mejor calificación en el proceso de selección realizado por la Corte Plena. En ese momento, el Poder Judicial destacó su trayectoria de más de dos décadas dentro de la institución y su experiencia en análisis criminal e investigación policial.
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Durante su gestión, Zúñiga ganó notoriedad pública por sus frecuentes apariciones en medios de comunicación y por asumir un rol visible en investigaciones relacionadas con narcotráfico, crimen organizado y corrupción pública.

Sin embargo, la investigación disciplinaria terminó debilitando completamente su permanencia en el cargo.
En el comunicado emitido este lunes, la Corte Plena subrayó que, pese a la ausencia de Zúñiga, el OIJ continuó desarrollando “de forma ininterrumpida” sus labores de investigación y combate contra la delincuencia organizada.
La institución también destacó que durante el periodo de suspensión se mantuvieron operativos, allanamientos y acciones policiales sin afectaciones operativas relevantes.
La salida definitiva de Zúñiga ocurre además en medio de una creciente tensión entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial sobre temas de seguridad, crimen organizado y desempeño institucional.
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Precisamente este mismo lunes, la presidenta Laura Fernández sostuvo una reunión con magistrados y autoridades judiciales donde cuestionó públicamente la eficiencia del sistema judicial y advirtió sobre posibles infiltraciones del narcotráfico dentro de las instituciones.
En ese contexto, Fernández mencionó como ejemplo reciente el caso de Celso Gamboa y habló de reforzar controles internos, transparencia y mecanismos anticorrupción dentro del Poder Judicial.
Ahora, la destitución de Randall Zúñiga abre un nuevo capítulo dentro del OIJ, una de las instituciones más emblemáticas y sensibles del aparato de seguridad costarricense.
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