El presidente Mauricio Macri cumplió hoy con lo prometido: vetó la ley sancionada este jueves a la madrugada que ponía un freno al aumento de las tarifas en los servicios públicos. Sin embargo, a la oposición todavía le queda el recurso de revocar la decisión presidencial a través de un procedimiento especial en el Congreso.
Según el artículo 83 de la Constitución Nacional, descartado en todo o parcialmente una ley sancionada por el Poder Ejecutivo, el proyecto debe volver a la cámara de origen, en este caso, la Cámara de Diputados. Allí, la oposición necesita juntar dos tercios de los votos emitidos y, de confirmarse, deberá completarse el mismo procedimiento en la Cámara de Revisión, esto es: Senadores.
"Si ambas Cámaras lo sancionan por igual mayoría, el proyecto es ley y pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación", señala el texto de la Carta Magna.
Ante esta situación, y descartada la posibilidad de efectivizar el veto, al Gobierno solo le quedaría apelar a la Justicia para que declare una presunta inconstitucionalidad. El Presidente está obligado a promulgar la legislación.
Pero también importan los tiempos. Para rechazar un veto, el Congreso debe tratarlo en un plazo de 10 días hábiles, por lo que las negociaciones y trabas que pudiera haber con cada bloque y legislador se tornan fundamentales.
Además, el texto constitucional establece que las "votaciones de ambas Cámaras serán en este caso nominales, por sí o por no; y tanto los nombres y fundamentos de los sufragantes, como las objeciones del Poder Ejecutivo, se publicarán inmediatamente por la prensa". Por último, se indica que si las Cámaras difieren en las resoluciones, el proyecto no podrá volver a tratarse en las sesiones de aquel año.
Existe también una situación hipotética de la cual la oposición podría echar mano. ¿Qué pasaría si volviera a impulsar, en 2019, el mismo proyecto de ley? Bajo esas condiciones, el presidente Mauricio Macri ya no puede volver a usar su poder de veto.
Cálculos legislativos
Aunque existe esta herramienta parlamentaria, lo cierto es que la oposición no anunció que buscará revocar el veto presidencial en el Congreso. Dos motivos posibles. Por un lado, porque es poco frecuente que el Poder Legislativo trate los proyectos vetados, a raíz de que se requiere una mayoría calificada de los dos tercios de los miembros presentes.
Bajo la presidencia de Mauricio Macri, ese derrotero ya lo sufrió otra controversial normativa, como fue la ley antidespidos sancionada y vetada en 2016. En aquella ocasión, la oposición no insistió en ratificar la ley.
Pero hay otra razón. La clave está en lo ya anunciado por el jefe de la bancada peronista, Miguel Ángel Pichetto, cuando afirmó que la sanción de la ley se trata de un "mensaje político" a la Casa Rosada. En otras palabras, el peronismo justicialista no busca tanto sancionar el contenido de la ley en sí, si no que le plantea al Poder Ejecutivo que adopte una postura más abierta a la negociación.
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